Fue la primera vez que el narcotráfico accedió al Congreso de Colombia. En 1983, el diario El Espectador revela los intereses que se encontraban tras la figura de Escobar, el Congreso le quitó su inmunidad parlamentaria, y se abrió el camino para que las autoridades empezaran a perseguirlo.
En esa estrategia política de 1982, Escobar logró también consolidar la mayoría del concejo municipal de Envigado, un municipio aledaño a Medellín. En 1984, el concejo creó allí un organismo encargado básicamente de cuidar aspectos sanitarios y el buen estado de los pesos y medidas en todos los expendios populares y evitar así engaños en la venta de productos agrícolas y carnes. Se trataba del Departamento de Seguridad y Control de Envigado, mejor conocido como la Oficina de Envigado.
La Oficina de Envigado se constituyó por una parte en un cuerpo de inteligencia que cuidaba los intereses del capo y por otra, en una estructura que organizó un esquema clandestino para cobrar tributos a todos los negocios informales o ilícitos de varios municipios aledaños apoyada en cientos de muchachos sicarios de Medellín. Los expendios de droga, las empresas de apuestas, las organizaciones de vigilancia privada, la economía derivada de actividades ilícitas, la prostitución y el comercio ilegal de gasolina, todos aportaban al Cartel de Medellín.
Muerto Escobar, y desmantelado el Cartel de Medellín, la estructura de la Oficina siguió funcionando a través de sus lugartenientes. Con el pasar del tiempo, la Oficina se desligó de la municipalidad y se transformó en el Bloque Cacique Nutibara, una unidad paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia centrada en confrontar el incremento de guerrilla en el área urbana y rural de Medellín. Poco a poco el Bloque empezó a definir a través del mecanismo de la intimidación, quienes podían participar en la política.
Con una dimensión más regional que iba más allá del control de las actividades ilegales y el monopolio de rutas del narcotráfico, el Bloque ofreció seguridad a los comerciantes del área frente a los ataques la guerrilla, y luego, frente la incursión de otros bloques de las autodefensas que estaban en desacuerdo con la inclusión del narcotráfico en las estructuras de financiamiento.
En el año 2003, los grupos de autodefensa entraron en una etapa de desmovilización y reinserción bajo una ley que se denominó Justicia y Paz. Dos semanas antes de que el Bloque Nutibara se desmovilizara, recogió a simples muchachos de los barrios, o colaboradores en Medellín, y los presentó como miembros de las autodefensas. Los miembros de las temidas bandas, como la Oficina de Envigado, siguieron activos hasta dos años después cuando aparentaron una desmovilización con un nuevo bloque denominado Héroes de Granada.
La ley de Justicia y Paz no dio los resultados esperados, pero los procesos de verdad y justicia en desarrollo de la ley, además de indagar por múltiples violaciones a los derechos humanos, que incluían genocidios, revelaron las estrategias utilizadas por la Oficina y el Bloque para constreñir fiscales y jueces o para imponer autoridades locales y congresistas.
Varios de los líderes acogidos en la ley fueron extraditados, otros terminaron muertos por ajustes de cuentas entre ellos mismos. En la medida en que se fue dado renovación en el liderazgo de la organización, la estructura de la Oficina-Bloque se ha mutado de una dinámica vertical a una horizontal. Ello ha originado una competencia violenta de varios grupos o bandas criminales por mantener territorios, especialmente de jóvenes, que 30 años después del surgimiento de Escobar Gaviria continua afectado de manera ostensible los índices de criminalidad de Medellín y sus alrededores.
El narco y el beneficio de los bancos
La anterior historia sirve de introducción para realizar algunas reflexiones sobre Guatemala.
El campo de la seguridad ciudadana es sin lugar a dudas el más afectado en el imaginario de las personas debido a la imprecisión de planes por parte del gobierno, el nombramientos de funcionarios supuestamente vinculados a grupos paralelos al Estado, los recurrentes actos de corrupción por parte de miembros de la policía y finalmente, el desarrollo de hostilidades entre grupos de delincuencia organizada generada por el desplazamiento de las actividades de los carteles de México a territorio Guatemalteco.
A pesar de que el decomiso de narcóticos ha aumentado considerablemente en relación a los gobiernos de Berger y Portillo, no hay acciones contundentes frente al lavado de activos y fuera de un descolorido estado de sitio, no se percibe que exista una posición clara frente al fenómeno del narcotráfico. La causa puede ser tal vez que se tiene la perversa sensación de que el narcotráfico es necesario para dinamizar la economía, beneficiando a algunos sectores como el financiero y la construcción, o que se desconfía de la capacidad del Estado para hacer uso legítimo de la fuerza, la operación de Tikal Futura puede ser un buen ejemplo.
En el interior de la República, ya es común encontrar territorios donde algunas familias suplen al Estado comenzando a desempeñar el papel de benefactor local para escuelas y hospitales o simplemente para la resolución de conflictos. No es un secreto que en ciertos territorios, los narcos se han infiltrado en política, se confunden con la burocracia local y buscan aspiraciones en el orden nacional. Paradójicamente, los medios, la institucionalidad electoral y los partidos políticos conocen la situación, pero hacen poco por ver como controlan esas dinámicas.
Por fortuna, ha existido un despertar de la sociedad civil por empezar a proteger instituciones del Estado como la justicia. La presión social sobre la elección de los magistrados de la Corte Constitucional y la Fiscal General si bien no soluciona el problema da un parte de tranquilidad. Aún falta mucho por hacer en el tema de impunidad.
En estas circunstancias, el próximo presidente se encuentra entre dos opciones.
La primera, acomodarse como los últimos gobiernos a la existencia de estas organizaciones, a las altas tasas de criminalidad, la corrupción extrema, la burocracia desarticulada, la ineficacia judicial, y las prácticas de tensión política. La segunda, estar dispuesto a gastar energía para tener control práctico sobre el territorio, intentado hacer cumplir las leyes uniformemente y desarticulando la redes criminales.
El problema de la primera opción es que en una sociedad invadida por la desconfianza, donde las instituciones son débiles, las soluciones tibias se convierten en caldo de cultivo propio para que los narcos desarrollen nuevos esquemas, como los propios de las mafias sicilianas que toman en sus manos una obligación del Estado: la de proteger la transacciones comerciales a través del pago de un arbitrio.
La segunda opción implica elevados costos políticos, recrudecimiento de la violencia y la necesidad de plantear muy detenidamente una estrategia. Desde el punto de vista electoral significa blindar la campaña electoral, restringir la entrada de recursos de dudosa procedencia, velar por la selección de candidatos y fijar una posición pública clara frente al fenómeno que necesariamente esgrimirá desagravios que puede poner en riesgo claramente la vida.
A nivel estratégico, enfrentar el problema del narcotráfico implica en primer lugar establecer un compromiso con la justicia. Cualquiera que sea el camino por el que se opte, extradición, captura y desarticulación o acercamiento a un proceso de sometimiento, va a requerir de una justicia fuerte, independiente, que no tiemble frente a las amenazas de los barones de la droga. El Estado debe brindar las herramientas y garantías a los jueces para que puedan realizar su función. Un somero análisis desde el punto presupuestal, indica que al Organismo Judicial en los últimos años en lugar de fortalecerlo se le han quitado recursos.
En segundo lugar, confrontar el negocio significa que hay que aumentar los costos de transacción para que los narcotraficantes no utilicen el territorio guatemalteco y busquen otras opciones. Ello supone, por una parte aumentar la presencia de la fuerzas de seguridad del Estado en las fronteras y por otra, desarticular la estructura financiera del negocio.
Fronteras inexistentes, beneficio de muchos
Mejorar la seguridad en las fronteras representa tocar algunos puntos en los cuales se han venido beneficiando muchos poderes ocultos en Guatemala: el contrabando, el tráfico de personas, el de repuestos y vehículos robados y el de armas y municiones. Por su parte, desarticular la estructura financiera del negocio va a significar limitar no sólo las transacciones con entidades bancarias por su cuantía sino también por su titularidad sancionando el acceso a testaferros y compañías fachadas de narcotraficantes. Este es un problema complejo pues existe un sector financiero poderoso y una economía de remesas que puede confundirse en la operación.
En tercer lugar, lo estratégico debe lograr evitar que los ilegales se coludan y armen frentes de acción contra el Estado. La estrategia debe definir claramente el papel del Ejército y crear fuerzas especiales para la persecución y captura de miembros de carteles. La experiencia mexicana y colombiana han demostrado la necesidad de contar con estructuras especiales que puedan actuar intempestivamente, hacer frente a los anillos de seguridad y ejércitos privados de los jefes de los carteles y desenvolverse frente a mecanismos de presión e intimidación como el secuestro y el terrorismo.
En cuarto lugar, la estrategia debe entender la dinámica de los mercados ilegales. La experiencia ha demostrado que si se enfoca la lucha contra los carteles más poderosos con el fin de obtener rendimientos políticos, sus reductos pueden generar un mercado más competitivo, lo que propicia una disputa de rutas, un aumento en la producción de drogas y una disminución en sus precios.
Si se ataca primero a las organizaciones más débiles, disminuirá eventualmente la competencia y, con ello, la violencia y la corrupción. Conforme desaparezcan las organizaciones pequeñas y sólo sobreviva el cartel más poderoso, se avanza en la creación de un mercado monopólico. Lograr esto en los mercados de mercancías ilícitas es óptimo pues los va haciendo ineficientes. En el caso de Guatemala obligaría a los productores y a los distribuidores a buscar nuevas rutas fuera de territorio. El riesgo de los monopolios, consiste en la mayor posibilidad de negociar y generar pactos de no agresión con los gobiernos de turno.
Finalmente, se requiere complementar la estrategia con acciones que impidan la metamorfosis de las estructuras ilegales. Combatir las estructuras ilegales del narcotráfico significa enfrentar organizaciones no de 10 o 20 personas sino de cientos. Las organizaciones se dividen en múltiples unidades que cumplen funciones, entre otras, de protección, transporte, empaque, comunicación y lavado. Gran parte de los miembros de las estructuras ilegales son jóvenes, muchachos fácilmente manipulados por el dinero, que, camaleónicamente, emigran a conformar a nuevos grupos cuando su estructura madre se desarticula. Para evitar esa metamorfosis debe lograrse que en los territorios intervenidos exista mayor presencia del Estado, no solamente de su aparato represivo. Sólo con políticas sociales, coordinadas pero diferenciadas, puede buscarse la manera de acabar con el círculo vicioso del dinero fácil y el no futuro de los jóvenes.
En mi memoria y la de muchos de mi generación, han quedado los recuerdos de Luis Carlos Galán Sarmiento (director del Nuevo Liberalismo) y de Guillermo Cano Isaza (director del diario El Espectador) denunciando antes de ser asesinados (1989 y 1986 respectivamente) los poderes ocultos de Pablo Escobar Gaviria.
No creo que el problema del narcotráfico vaya a desaparecer pronto y aunque en Guatemala existen las condiciones ideales para imperio de la ley de la plata o el plomo, creería que si existiese voluntad, se podría blindar el territorio. Desafortunadamente, no percibo en el proceso electoral actual actitudes, ni propuestas que vayan más allá del acomodo. No veo líderes que puedan ser referencia de la próxima generación cuando relacionen las palabras dignidad y justicia.
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