Ante la alusión a la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) que hacen Carolina Gamazo y Daniel Villatoro García en el artículo Los sueldos del hambre: competir con la miseria, publicado el 23 de marzo en Plaza Pública, es importante aclarar la visión institucional sobre la importancia de abordar la competitividad desde la perspectiva territorial.
Desde 2012 se planteó en el Encuentro Nacional de Empresarios la necesidad que tiene Guatemala de crecer a un ritmo económico mayor si se quiere cambiar la tendencia que lleva el país en cuanto a reducir la pobreza. Sin embargo, esto no es posible si no se cuenta con una mayor generación de empleos formales, los cuales traen consigo mayores niveles de productividad y beneficios directos a la población. Mientras se encuentre en la informalidad, ningún trabajador es propietario de su salario, carece de la capacidad de exigir que se cumplan disposiciones contractuales y pierde todo incentivo para que, ya sea él o su empleador, busquen incrementar su productividad a través de la capacitación técnica.
Ante esta realidad, el siguiente paso que se planteó fue apostar por una visión de competitividad desde lo local, es decir, considerar la realidad de cada territorio en el país y su capacidad para atraer nuevas inversiones que generen nuevos empleos y emprendimientos, entendiendo la competitividad como la capacidad que tiene una sociedad de aprovechar al máximo sus condiciones naturales y/o adoptar condiciones potenciales que permitan mejorar la producción y, por ende, el ingreso de las personas.
Partiendo de esta contextualización, cobra sentido la afirmación que hace el alcalde Marroquín: «Llegamos a la conclusión de que nosotros no somos competitivos». Y esta situación se confirma en muchos otros municipios del país. La inversión en capital físico, humano, social y político es precaria, lo que hace sumamente difícil convencer a nuevos inversionistas de que destinen recursos a la producción y generación de empleos en esos territorios. La relación costo versus beneficio potencial tiende a ser negativa.
Es por ello que desde la Fundesa se ha venido gestionando la invitación a la definición de nuevas alternativas que se puedan proponer desde lo local para mejorar la competitividad y así incrementar la generación de empleos formales.
Al menos tres lecciones se pueden aprender del proceso que se ha venido gestando desde entonces:
- La agenda de competitividad cobra sentido solamente cuando se planea desde lo local. Es de encomiar la iniciativa de cuatro alcaldes de buscar identificar opciones que los diferencien ante los demás y que brinden un valor agregado a las nuevas inversiones. El que hayan escogido la disposición de un salario mínimo diferenciado para las nuevas plazas que se creen en sectores determinados es una alternativa. Sin embargo, se amplía la invitación a pensar en opciones como la inversión en capital humano, el mejoramiento de la infraestructura y la agilización de los procesos burocráticos a través de una mayor calidad en la gestión pública.
- Apostar por la formalidad laboral, y no por la simple generación de fuentes de ingresos, es un paso en la dirección correcta. Mientras no se generen fuentes formales de empleos, siguen siendo atractivas formas alternativas de generación de ingresos, las cuales caen muchas veces en ilícitos como el contrabando, el narcotráfico y la delincuencia criminal, con delitos como el secuestro, la extorsión, el robo y los homicidios.
- Se ha hecho visible la falta de capacidad institucional para hacer cumplir la legislación existente. Reconocer que existen personas contratadas fuera de la legalidad es evidencia suficiente para afirmar que no hay capacidad del Estado para verificar el cumplimiento de disposiciones vigentes en el país. La costumbre no puede contravenir el derecho.
Guatemala necesita seguir trabajando en formas para atraer empleos a las distintas regiones del país. Por el momento, lo único que sabemos es que las medidas que se han tomado a la fecha no han generado resultado, por lo que queda abierta la mesa para realizar propuestas que impacten de forma positiva el desarrollo del país.
Jorge Benavides
Máster en Estudios Políticos de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España, posgrado en Reforma del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, España, y licenciatura en Economía por la Universidad Francisco Marroquín. Conferencista y consultor del Banco Mundial, del BID y de Usaid en temas de transparencia, capacidad institucional y desarrollo. Actualmente es profesor universitario e investigador asociado de Fundesa en temas de desarrollo social. Un perfil más completo aquí.
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