Generalmente se agrupan en “categorías de manejo” cuyos nombres, normalmente de reconocimiento y aplicación internacional, sugieren pautas genéricas de gestión. La Unión Mundial Para la Naturaleza (UICN), entidad reconocida en la materia, establece seis categorías de manejo que al mismo tiempo sugieren intensidades de uso que van desde la protección absoluta hasta la intervención controlada para fines socioeconómicos o científicos.
Por ejemplo, La categoría Tipo I es las más restrictiva e incluye Parques Nacionales y Reservas Biológicas, la Categoría Tipo II incluye Biotopos, Monumentos Naturales y Culturales; la Categoría Tipo III incluye Refugios de Vida Silvestre y Reservas Forestales; la Categoría Tipo IV incluye Parques Recreativos y Parques Regionales Municipales; la Categoría Tipo V incluye Reservas Naturales Privadas, hasta llegar a la Categoría VI, que incluye, entre otras, a las “Reservas de Biosfera” las cuales combinan zonas de protección absoluta con zonas menos restrictivas, por ejemplo, zonas de “uso múltiple” y de “amortiguamiento”. No obstante la categoría y las correspondientes intensidades de uso permitidas, todas las áreas protegidas se establecen con un “objetivo primario” que privilegia la conservación. Los otros, están subordinados a éste. Se permiten, en la medida que la conservación en el largo plazo de este espacio territorial, no se vea comprometida. Este principio fundamental debe ser reconocido y gradualmente fortalecido ya que es éste, el que garantiza la viabilidad de cualquier sistema de áreas protegidas.
Este principio fundamental se reconoce en la Ley de Áreas Protegidas del País y se aplica en la conformación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas -SIGAP- que en la actualidad incluye un total de 282 áreas protegidas y abarca cerca del 33% del territorio nacional. Globalmente, cerca de un 46% de la superficie del SIGAP está concebido para la protección absoluta y el resto permite diferentes intervenciones humanas, por ejemplo, recreación, usos productivos, extracción de bienes, entre otros, adecuadamente identificados en los respectivos “planes maestros” de cada área. El SIGAP es conducido por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- a través de una Secretaría Ejecutiva quien además de administrar directamente cerca de 60 áreas protegidas -en torno del 82% de la superficie total del SIGAP-, co-administra un número importante de éstas, con organizaciones de la sociedad civil, corporaciones municipales, otras entidades gubernamentales y propietarios privados. Estos últimos a cargo de unas 159 reservas naturales privadas, la categoría de manejo más abundante en el sistema aunque con una superficie modesta -no más de 1% de la superficie total-.
Pese a que el SIGAP, prácticamente desde su creación, no ha contado con los recursos mínimos necesarios para su administración efectiva, esta contundentemente documentado que su efecto ha sido positivo en la reducción de las velocidades de cambio de uso de la tierra en los cuatro puntos cardinales. Es decir, pese a que en el SIGAP aún tiene lugar el 37% de la deforestación bruta nacional -porque son los espacios donde está el 53% de los bosques nacionales-, sin éste, el país estaría más agotado, más degradado y más contaminado. Al SIGAP entonces -que incluye las áreas protegidas y las organizaciones que lo administran- hay que juzgarlo, no por lo que se percibe en términos de la calidad de la gestión, correlacionada con la marginalidad financiera que padece, sino por el patrimonio natural que aun conserva, pese a las variadas presiones que ha debido contener. Yo diría que, hoy por hoy, el SIGAP es el mecanismo más exitoso de gestión de la naturaleza que existe en el país. Además, es, sin lugar a dudas, uno de los bienes públicos más estratégicos que hoy tiene Guatemala.
Siendo así, se esperaría el máximo respaldo gubernamental para consolidar el SIGAP, fortalecerlo progresivamente y asumirlo como el mejor legado para las futuras generaciones. Contrario a esto y unido a la marginalidad financiera que padece, los gobiernos -sobre todo éste y el anterior- han realizado nombramientos en la Secretaria Ejecutiva del CONAP con la misión de distorsionar los objetivos del SIGAP a favor de intereses político-económicos perversos que favorecen a grupúsculos políticos y poderes económicos particulares. Es bajo esta óptica que se allanó el camino y se concretó la ampliación de operaciones petroleras en el Parque Nacional Laguna del Tigre y, es bajo esta óptica, que se han impulsado las pretensiones de instalar infraestructura industrial en el Refugio de Vida Silvestre de Punta de Manabique. En este último caso resultan descaradas y vergonzosas las actuaciones gubernamentales al destituir a los dos últimos Secretarios Ejecutivos del CONAP, claramente opuestos a estas pretensiones y en su lugar, instalar en el cargo, a personas que puedan viabilizar estas pretensiones, claramente contrarias a los propósitos del área protegida y su respectivo Plan Maestro. Además del espacio físico que se pretende vulnerar, el atropello institucional que conducen, constituye un legado lamentable que refleja con nitidez el subdesarrollo integral que padecemos.
Es evidente que la ambición no tiene límites. Es evidente también que la necesidad de incorporar la naturaleza en la ecuación del desarrollo integral de cara a los nuevos desafíos que impone la época, con una vulnerabilidad sistémica creciente y nuevas amenazas inducidas por el cambio climático, no tiene cabida en los contubernios político-económicos que protagonizan los funcionarios públicos de los tres poderes el Estado. El legado ambiental del actual gobierno es tan oscuro como desesperanzador. Siendo las áreas protegidas espacios que guardan riqueza siempre habrá interés por socavar y debilitar el SIGAP incluidas las instituciones encargadas de administrarlo. ¿Será tan difícil entender que el beneficio de la utilización temporal de cualquiera de sus bienes es incomparable con el beneficio que representa mantener el SIGAP con la mínima intervención?. Reducir nuestra vulnerabilidad sistémica depende en buena medida de esto. Viabilizar el desarrollo integral también. ¿Se puede esperar un comportamiento distinto en el próximo gobierno? El tiempo lo dirá. Pero para eso se necesita la razón y el corazón enfocados en el interés genuino de la Nación.
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