Por Álvaro Caballeros^*

A nivel interno las migraciones también son determinantes en la agroindustria cañera y cafetalera facilitando las agro exportaciones, segundo factor de ingreso de divisas. En las ciudades  las poblaciones migrantes facilitan servicios (domésticos, de seguridad y en el sector informal) aportando con su trabajo al funcionamiento de la economía guatemalteca y a la sobrevivencia familiar.

Las respuestas del Estado de Guatemala a la atención de los procesos sociales derivados de las migraciones en el país, carecen de un enfoque estratégico, integral y fundamentalmente de una política pública de Estado. A pesar de una década de luchas y exigencias por parte de organizaciones de inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos, (considerados como nuevos sujetos políticos transnacionales-) y del trabajo de la Sociedad Civil, Iglesia Católica e instituciones académicas, se sigue careciendo de una respuesta que trascienda la formulación de programas, instancias y esfuerzos aislados que no solamente agotan los recursos financieros, sino que no logran los resultados requeridos.

En la actual coyuntura, dominada por el tema electoral, se hace fundamental que los candidatos de los partidos políticos a la presidencia, consideren la necesidad e importancia impostergable de definir una política pública migratoria: integral, con enfoque de derechos humanos y de Estado, fundamentalmente.

En ese contexto, diversos sectores se articularon en el Grupo de Trabajo Migración y Elecciones 2011 y de manera plural y constructiva elaboraron el documento “Migraciones: un compromiso de Estado, Guatemala 2012-2016”, en el que se plantea que la atención migratoria “demanda de una reconfiguración de las nociones y capacidades tradicionales del Estado, así como del ejercicio de la ciudadanía plena en un contexto democrático.

La propuesta se centra en la necesidad de definir una política migratoria que incluya 5 perspectivas determinantes:  1) Promover una formulación e implementación de una política migratoria integral, cuyo principal objetivo sea contrarrestar las causas estructurales de la migración forzada, 2) una política de Estado y no de gobierno, que asegure la continuidad y vigencia desde las instituciones encargadas de su aplicación, 3) otorgarle a la política pública un enfoque transnacional y regional a nivel de acciones binacionales y multilaterales, 4) asegurar la política migratoria como un proceso de participación democrática y consensuada que incluya a todos los actores involucrados y 5) garantizar que los Estados cumplan con los compromisos internaciones de protección de los derechos humanos de las personas migrantes.

También se espera que los próximos diputados se comprometan a aprobar la iniciativa 4126, que plantea la necesidad de formular una nueva ley de migración que contenga un enfoque de derechos humanos, de acuerdo al compromiso del Estado con la ratificación de la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, que incorporé una propuesta de reforma migratoria en Guatemala para regularizar la situación de miles de inmigrantes que radican en el país y que plantee una reestructuración de la Dirección General de Migración, que erradique la corrupción y los abusos recurrentes  que han sido señalados en los últimos 10 años.

A  nivel de las alcaldías municipales, se hace fundamental que las autoridades locales, definan e incluyan en sus agendas de trabajo municipal, la gestión, información, vinculación y relación con sus comunidades de inmigrantes en el exterior, con el objetivo de tender puentes de colaboración y de construcción de comunidades transnacionales, buscando el potencial de las migraciones para la contribución del desarrollo comunitario y de facilitar procesos de articulación en actividades específicas.

A nivel de las migraciones internas también se requiere de respuestas contundentes que contribuyan a mejorar las condiciones de miseria y explotación que históricamente han afectado a millones de poblaciones indígenas, específicamente a niños, niñas y adolescentes que ponen en riesgo su vida en lo inmediato y su futuro a largo plazo, migrando hacia distintos puntos, donde puedan agenciarse de algunos quetzales para la sobrevivencia familiar.

Las migraciones continuarán formando parte de las estrategias de movilidad horizontal y vertical, ante un escenario dominado por la violencia contra las poblaciones migrantes, de implementación de legislaciones antimigratorias en los países de destino y de creciente incertidumbre en los países de origen, ahora más que nunca, es impostergable que desde el Estado se atiendan las causas, consecuencias y potencialidades de esta dinámica que ha convertido el mundo global en un mosaico de culturas, idiomas y relaciones.

*Álvaro Caballeros es coordinador del departamento de enlace con el Apostolado Social de la Vicerrectoría de investigación de la Universidad Rafael Landívar. Trabaja en el área de migración del Instituto de Investigaciones y Gerencia Política (Ingep) de la URL. Es miembro del servicio jesuita para migrantes de Centroamérica.