Ejemplos de estas controversias y escándalos para el statu quo han sido el cambio en las autoridades de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca), la renuncia y cambio en las autoridades del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) y la cancelación de exenciones tributarias a algunas maquilas.
Fue notable la ferocidad del rechazo del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) al relevo de autoridades en la Sieca. Quizá porque a la postre fue un cambio que no se les consultó, y ellos no autorizaron. Un “pecado”.
El caso de Pronacom es el de una entidad ambigua, entre los intereses empresariales y el Estado. Fue creado y ajustado mediante acuerdo gubernativo, pero en los últimos años funcionó más como una agencia privada de inversiones. Para asegurar este estatus peculiar, los engranajes de la política debían asegurar que los altos funcionarios del Ministerio de Economía guardaran la debida obediencia a los intereses fraguados en el Pronacom, y simultáneamente mantener equilibrio y balance con el poder Ejecutivo.
La obediencia debida incluía asegurar el financiamiento, el cual recientemente se extraía de préstamos contraídos con organismos multilaterales, en particular uno destinado al Programa de Desarrollo Económico desde lo Rural (PDER). La renuncia y cambio reciente de las autoridades del Pronacom se debieron a que un ministro “desobediente” cometió el pecado de revisar el destino de los recursos de los préstamos destinados a financiar el PDER.
El último “pecado”, la gota que derramó el vaso, es la decisión de la cartera de Economía de retirarle exenciones tributaras a algunas maquilas. Según la nota que publicó elPeriódico el pasado 14 de marzo de 2011, el Ministerio de Economía suspendió los beneficios fiscales que, bajo el amparo del Decreto No. 29-89, gozaban las empresas SPD y Sae Hyun. Además, están bajo investigación otros dos casos más, el de las empresas Rotex y Bises Visón. La razón que respalda estas acciones son las acusaciones que pesan sobre estas empresas de violar los derechos humanos de los trabajadores.
Según el sector maquilador, esta es una afrenta que, además de inusual, va en contra de los privilegios a los que han estado acostumbrados. Para ellos, esta es una respuesta del Gobierno cuyo único propósito es quedar bien con las autoridades estadounidenses (que investigan denuncias por violaciones a derechos laborales en el marco del Capítulo Laboral del Cafta-DR).
Sea cual fuere el origen de la presión y la acción, el “pecado” acá es que el Ministerio de Economía quizá está cumpliendo la ley por primera vez, y está haciendo algo por dejar de ser una suerte de ventanilla repartidora de privilegios fiscales a diestra y siniestra. Incluso, a violadores de los derechos laborales de nuestros trabajadores, bajo investigación en otros países.
Las reacciones punitivas para esta afrenta al esquema de privilegios están a la vista. Prácticamente, la interpelación al ministro de Economía ya cumplió un mes. Por otro lado, ningún banco ha manifestado interés en ser el fiduciario del fideicomiso del programa Mi Comunidad Produce, del cual el Ministerio de Economía es ejecutor. Sin embargo, esta apatía resulta inquietante, ya que los bancos han obtenido jugosas ganancias al actuar como fiduciarios de los demás fideicomisos públicos.
El artículo 32 de la Ley del Organismo Ejecutivo especifica las funciones sustantivas de este Ministerio. Esta norma habla de proteger al consumidor, incentivar actividades productivas no agropecuarias (como el programa Mi Comunidad Produce), reprimir legalmente la competencia desleal, promover la competitividad, y el desarrollo industrial y comercial. No habla de promover privilegios y de obediencia a grupos de interés. ¿Cuál es el que queremos?
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