Al igual que en todos los espacios creados al amparo del derecho internacional, la existencia de un sistema de normas implica que un órgano se encarga de su vigilancia y control, y que los Estados partes se comprometen a la entrega de memorias periódicas para revisar el cumplimiento de sus obligaciones. En el caso de esta Conferencia de la OIT, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Cearc) presentará su Informe Anual sobre como la legislación y la práctica de cada Estado se encuentra de conformidad con los convenios que haya ratificado. El informe de la Cearc será discutido en la Conferencia por la Comisión de Aplicación de Normas, que podrá recomendar a cada país diversas medidas, incluyendo el envío de misiones técnicas que ayuden al Estado a mejorar en nivel de cumplimiento de sus obligaciones.
Guatemala ha sido constantemente objeto de debate en estos espacios. La libertad sindical, incluyendo las muertes violentas de sindicalistas, la situación de las maquilas, la eliminación del trabajo infantil, las necesidades de fortalecimiento de la Inspección General del Trabajo (IGT), el diálogo tripartito y los mecanismos de consulta del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, entre otros temas, han ocupado la atención de los órganos de la OIT, que ya ha enviado al país al menos dos misiones en los últimos cinco años, que han fijado diversos instrumentos y compromisos, en cuyo cumplimiento, se registran escasos avances.
Las intervenciones de los delegados estatales en Ginebra no han sido las más felices. Al revisar el informe Cearc de 2005 se encuentra mención a las afirmaciones de un funcionario de gobierno, que cuestionado ante los asesinatos de líderes sindicales, excusó al país asegurando que el problema radicaba en que “en Guatemala no existe ninguna capacidad para investigar ningún crimen cometido en el territorio nacional”, perla cultivada que ciertamente escapó de la atención de los activistas de derechos humanos. En el mismo año, la delegación estatal aseveró que es imposible establecer en las cifras de afiliados a la seguridad social los porcentajes de hombres y mujeres.
La preparación de memorias para la Conferencia en Ginebra viene a coincidir con la Misión del Departamento del Comercio de Estados Unidos que en los próximos días visitará el país para tratar lo relativo a la reclamación que está en curso contra Guatemala en el marco del Tratado de Libre Comercio (DR-Cafta), por el incumplimiento de estándares laborales. El caso es que en la cláusula laboral del DR-Cafta, se incluyó como un piso mínimo el cumplimiento de los convenios fundamentales de la OIT, los mismos que son objeto de debate año a año en Ginebra. Sin embargo, en este caso no existe una oferta de asistencia técnica para mejorar el nivel de cumplimiento de normas, sino la amenaza de sanciones económicas y de consecuencias sobre el comercio internacional de Guatemala.
Llama la atención que pese al usual lenguaje diplomático de la OIT, el informe Cearc 2011 se exprese en términos tales como la “Comisión lamenta concluir que el Gobierno no ha demostrado suficiente voluntad política para luchar contra la violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas y para luchar contra la impunidad”. Este lenguaje coincide con las expresiones del embajador Ron Kirk, representante del Departamento de Comercio, quien señaló en su anunció de conducir una demanda contra Guatemala, que el país “no ha logrado ofrecer a sus ciudadanos condiciones de trabajo aceptables”.
Hace escasos seis años, lo laboral parecería haber desaparecido del mapa de la opinión pública. En cierta forma, el ideal de unos derechos en el trabajo parecía haber sido borrado del imaginario colectivo y de las agendas de los gobiernos de turno, que se veían abocados a abordar temáticas que consideraron más urgentes. En 2006, la firma del Tratado del DR-Cafta vino a dar un nuevo impulso a la discusión de la materia, y en 2011 nos encontramos, súbitamente, frente a un escenario que nos lleva a asistir a un debate, en dos frentes simultáneos, sobre la vigencia de los derechos del trabajo y las condiciones para garantizar su ejercicio como una prioridad de Estado para evitar eventuales sanciones comerciales.
Surgen algunas preguntas en esta coyuntura: ¿Está Guatemala lista para enfrentar este tipo de discusión?, ¿existe un interés en los actores políticos sobre esta situación?, ¿qué medidas urgentes pueden ser adoptadas de manera realista?, ¿el tripartismo será capaz de generar un auténtico diálogo social alrededor de este caso?
Podemos esperar que temas recurrentes como las necesidades de fortalecimiento institucional del Ministerio del Trabajo y Previsión Social —presupuesto y personal—, así como la potestad sancionadora de la IGT —removida por una sentencia de la Corte de Constitucionalidad— sean parte del debate en los siguientes días. Las muertes violentas de sindicalistas serán, sin duda, parte también de la discusión, y se deberá sumar a estas cifras el caso de Idal Joel Hernández Godoy, secretario de finanzas de Sitrabi, muerto por disparos de desconocidos el pasado jueves 26 de mayo de 2011.
A todo lo anterior, puede elaborarse una lectura positiva sobre esta coyuntura. Destaca la actuación conjunta de varias entidades estatales para responder los requerimiento del Departamento de Comercio, incluyendo los ministerios de Economía y Trabajo, coordinación que debería establecer en condiciones de permanencia para construir una cultura de cumplimiento de las obligaciones laborales, con base en un enfoque moderno de relaciones laborales.
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