Entre las razones para esta decisión, debe anotarse que aún las centrales sindicales con las cuales el Gobierno tiene una cierta cercanía, le expresaron sus reservas, temores e inclusive molestia, principalmente frente a la figura de la ley de trabajo a tiempo parcial. Este rechazo tiene una razón de fondo: el paquete de leyes que fue enviado al Congreso tiene un “pecado original” que atañe al fondo y a la forma. Pese a contener reformas importantes a la legislación laboral, no fue discutido y menos aún consensuando de manera tripartita con los sindicatos y el sector privado.
De acuerdo con las declaraciones del Ministro de Trabajo, la suspensión es temporal, mientras se buscan consensos con las centrales sindicales, y se espera que este compás de espera “no dure tres años”.
Si bien la medida adoptada por el Presidente parece corregir los vicios de este proceso, y toma la forma de una muestra de apertura a los sectores sociales, no deja de recordar lo sucedido con el Acuerdo Gubernativo que suspendía la competencia temporal de la CIDH, que fue publicado el 2 de enero en el Diario de Centroamérica. Como el lector seguramente recordará, el Presidente defendió en reiteradas ocasiones la legalidad del acuerdo, y finalmente lo derogó el 11 del mismo mes.
La historia se repite, con algunas variantes. El Presidente acudió personalmente al Congreso para presentar las iniciativas de ley, un día después de negarse a rendir su informe del primer año de labores frente a los diputados. En las declaraciones realizadas durante la entrega, el Presidente señaló que esperaba la pronta aprobación de las leyes, pues crearían mejores condiciones de empleo para la comunidad. Algo más de un mes después de estos hechos, y de haber defendido públicamente el paquete de leyes, el mismo Presidente decide no impulsar la aprobación esas leyes, pues sus bondades no convencen a sus eventuales beneficiarios.
¿Qué viene a continuación en este tema?, es de esperarse que el Gobierno inicie un proceso serio de diálogo social. Si de este ejercicio sale un improbable consenso que ratifique las leyes, a éstas todavía les quedará un largo camino a recorrer en el Legislativo, que seguramente tendrá más aristas políticas que discusión técnica sobre las necesidades de empleo en el país.
Mientras tanto, no le falta razón al Ministro de Economía, Sergio de la Torre, que señala la urgencia de debatir sobre las leyes, ante la inminencia de los efectos de la roya, que causaría la pérdida de miles de puestos de trabajo en el ámbito rural. Y es que resulta, por lo menos deseable, entender si existe algún estudio sobre el impacto que podría ocasionar aplicar figuras de tiempo parcial al trabajo agrícola, caracterizado, de acuerdo a las estadísticas nacionales, por la combinación de precariedad de ingresos –inferiores al mínimo vital– y jornadas mayores de 12 horas.
A todo esto, cabe preguntarse dónde está el CES. Si bien este Consejo no puede reemplazar a los espacios creados por las leyes laborales, su carácter de asesor del Presidente de la República en materia socio-económica, y su conformación tripartita, hacen que su silencio en esta materia resulte por lo menos confuso.
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