
La política de la píldora
Desde hace unas semanas se ha desatado una controversia entre la Iglesia católica estadounidense y la administración del presidente Obama debido a que la gratuidad de la píldora (y por tanto su mayor acceso) se hará efectiva este año e incluye a organizaciones religiosas. Esta medida es parte del paquete de la reforma de salubridad impulsada por Obama y autorizada tanto por republicanos y demócratas en 2010 en el Congreso estadounidense. A partir de agosto de este año, las empresas y los seguros médicos tendrán que pagar por el uso de la píldora anticonceptiva de las mujeres que así lo deseen.
La ley no indica que sea obligatorio que las mujeres utilicen la píldora anticonceptiva, pero este argumento ha sido el caballito de batalla político de aquellos que desean limitar o negar su acceso a las mujeres. Como era de esperarse, el prelado católico (pero también la jerarquía de otras iglesias) puso el grito en el cielo y denunció la medida como de injerencia en la vida privada y conciencia de los católicos. Un reciente ajuste de la medida exonera a organizaciones religiosas de incluir este beneficio para sus empleadas, pero obliga a los seguros médicos que las cubren a rembolsarles por este gasto. Ni lentos ni perezosos, en plena época electoral, los dos contendientes republicanos para la Casa Blanca, Rick Santorum y Newt Gingrich –ambos católicos– se alinearon con los obispos y también descalificaron la medida, tergiversando los hechos y apelando a la emotividad y el miedo.
Antes que la feligresía de América Latina (incluida la de Guatemala) considere reclamar como suya esta especie de inquisición, conviene considerar también otros aspectos de la píldora anticonceptiva. Según estudios, esta diminuta pero quisquillosa pastilla para algunos, no es una licencia para la actividad sexual como preconizan políticos como Santorum, sino que aporta enormes beneficios para las mujeres y sus parejas. La píldora ayuda en el espaciamiento de los bebés, contribuye a evitar embarazos no planificados y a reducir la tasa de abortos, sobre todo en países en desarrollo; incluso, algunos métodos hormonales ayudan en el tratamiento de desordenes menstruales, al igual que ciertos anticonceptivos orales reducen el riesgo de las mujeres de adquirir algunos cánceres cervicales. Y más importante aún, mejora las condiciones socioeconómicas de las mujeres, y por lo tanto la de sus familias y comunidades.
En Guatemala hay algunos avances en este tema. Según la V Encuesta de Salud Materno Infantil (2008-2009), 65 por ciento de las mujeres urbanas usan métodos anticonceptivos y 45.6 por ciento en el área rural. En 20 años, el uso de los mismos ha aumentado 22 puntos porcentuales en las urbes y casi 32 puntos en las áreas rurales. Y como es de esperarse, a mayores niveles educativos, mayor es también el uso de los mismos. En las áreas rurales y en poblaciones con menores niveles de educación, la fuente de suministro de métodos anticonceptivos modernos es pública, mientras que en las áreas urbanas, es el sector privado quien lo suministra. Pero todavía hay mucho por hacer. Al igual que en el tema de la salud materno infantil, el acceso a métodos anticonceptivos para mujeres rurales e indígenas es todavía limitado y pone en situación de riesgo a los jóvenes que inician relaciones sexuales a temprana edad (la edad promedio es de 17 años).
El tema de la planificación familiar y derechos reproductivos de las mujeres es un tema de salud pública. La separación entre el Estado y la Iglesia debe prevalecer en nombre del bien común, que va más allá de los intereses sectoriales y políticos generalmente liderados por hombres que no entienden ni representan los intereses estratégicos del segmento mayoritario de la población: las mujeres.
Ahora que el gobierno de Otto Pérez Molina anuncia un diálogo sobre la liberalización y legalización de otro tipo de drogas, ¿por qué no abrir también un espacio para hablar sobre los métodos anticonceptivos, favorecer su fácil acceso y su gratuidad en el país?
Mujeres prevenidas, ¡valen mucho más!
Soy politóloga con especialización en políticas públicas. Me apasionan los asuntos públicos y me considero una ciudadana glocal. Trato de apoyar políticas que buscan expandir oportunidades y asegurar el bienestar para todos. Conforme pasa el tiempo, sigo creyendo que el acceso equitativo a una educación libre pensadora y crítica es parte de la receta para la edificación de sociedades más democráticas, dialogantes y prósperas. Por ello me considero una aprendiz permanente, no vaya a ser que un día quiera detentar la verdad absoluta y deje de ser curiosa. Trabajé como consultora para varias organizaciones, entre ellas ASIES, FLACSO y PNUD, y fungí como administradora académica y profesora en la URL. Actualmente vivo en los Estados Unidos y coordino el Programa de Becados Internacionales en el Humphrey School of Public Affairs de la Universidad de Minnesota.
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Comentarios
El problema no es de si las
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El problema no es de si las aseguradas usan la píldora o no. El asunto es que el Estado no debe obligar a un proveedor privado a dar un servicio (en forma gratuita, o sea que son costos para el proveedor) que él no considere que deba incluirse.
Buena parte del tema es que la Iglesia Católica siempre es blanco fácil. Se ha dicho que el anti-catolicismo es el último prejuicio aceptable en los USA. En efecto, siendo la religión Católica la denominación más numerosa -cerca de un cuarto de la población de los USA- es conocida, familiar y -por su historia- inmigrante. En cierta forma ha sido un proxy para irlandés, italiano y ahora latinoamericano.
Si un proveedor no ligado a una iglesia dice que no desea cubrir un servicio porque no estaba calculado en el precio de la prima, no hay problema. Qué se incluye en las coberturas de seguros siempre ha sido completamente arbitrario; algunos incluyen maternidad, otros no, unos hacen exclusión de algunas enfermedades como SIDA, diabetes y cáncer. En estos casos no se convierte en un issue a nivel político. Si el Estado decidiera que un seguro de salud debe incluir en forma gratuita consultas con especialistas en medicina ayurvédica, no se vería nada raro si un proveedor de seguros se negara.
Para que sea efectiva la separación de Iglesia y Estado debe ir en ambas vías, la Iglesia no debe decirle al Estado que tiene que hacer ni el Estado a la Iglesia.
Juan Pablo: Muchas gracias
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Juan Pablo:
Muchas gracias por tu comentario y observaciones. Te preguntas por qué las iglesias y la religión son un blanco en temas de sexualidad. Y es porque ellas se han opuesto sistemáticamente a este tipo de derechos y beneficios; en este caso, la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Al menos algunos segmentos de las iglesias, en particular sus altas autoridades quienes marcan la línea. Es como que si yo, laica y sin formación teológica de ninguna índole, tratara de enseñar catequesis a niños/as de primera comunión. Imaginate.
El tema es uno de salud pública, como indicaba, y uno de derechos humanos. Incluso, a nivel económico hace sentido. Varios estudios indican que cubrir métodos anticonceptivos por parte del sector privado no incrementa necesariamente sus costos, sino que se ahorran plata. Adjunto un enlace en donde hay más información al respecto:
http://www.nwlc.org/resource/covering-prescription-contraceptives-employ...
El tema, como digo, es uno de salud pública (el Estado somos todos, no asi las iglesias), no de comercializar con la salud pues está visto que a la larga, sale más caro dejarlo en manos del mercado. Además, en los USA, a regañadientes y en una apuesta que le salio cara a Obama en las elecciones de medio termino de 2010, el congreso aprobó una reforma integral de salud. Y en estas negociaciones, como sabes, tambien se sienta el sector privado.
Las excepciones que Obama logró con las organizaciones religiosas, por cierto, cuentan con la venia de los jesuitas (en caso mi alma mater tenga también preguntas al respecto).
De alli lo sano de un dialogo al respecto en Guatemala.
Hola Rosa, Me gustaría hacer
Puntos: 1
Hola Rosa,
Me gustaría hacer unas precisiones al artículo: La pelea que acaba de empezar en EEUU no es acerca de los anticonceptivos, sino que acerca de la LIBERTAD RELIGIOSA.
No entremos a discutir acerca de los anticonceptivos en sí, porque seria discutir dos temas a la vez.
La situación (como la entiendo) es la siguiente:
1. La Iglesia católica no esta de acuerdo con la anti concepción.
2. El Gobierno quiere que entre las prestaciones laborales este incluida la anti concepción.
3. La Iglesia no esta de acuerdo en pagar por algo que va en contra de sus creencias acerca de la vida.
4. La contra propuesta del gob. fue que pagaran a las aseguradoras y estas provean los servicios. En realidad, igual terminarían pagando las instituciones religiosas.
5. Me parece que de momento hasta allí ha llegado la situación.
Entonces, básicamente el Gob. quiere obligar a la Iglesia a ir contra sus enseñanzas por decreto. Una vez establecido este precedente, sería perfectamente posible ordenar en el futuro que la Iglesia pague por abortos, por ejemplo.
Esa es la pelea que existe en este momento, acerca de LIBERTAD RELIGIOSA y no tanto acerca de los anticonceptivos en si.
Saludos,
Que raro, había escrito un
Puntos: 0
Que raro, había escrito un comentario y ahora no aparece...vamos por partes:
1. "La ley no indica que sea obligatorio que las mujeres utilicen la píldora anticonceptiva, pero este argumento ha sido el caballito de batalla político de aquellos que desean limitar o negar su acceso a las mujeres."
Este es un falso argumento. El argumento va contra la LIBERTAD RELIGIOSA, donde el gobierno por decreto impone a las instituciones religiosas el pago por algo que va contra sus convicciones. Podemos no estar de acuerdo con ellas, pero el Estado no puede imponer cambios en la práctica interna de la Iglesia (como ordenar a los judios que coman cerdo, o que paguen por el tocino de quienes quieren comerlo).
2. "el prelado católico (pero también la jerarquía de otras iglesias) puso el grito en el cielo y denunció la medida como de injerencia en la vida privada y conciencia de los católicos."
Bueno, en realidad hay como 160 obispos, la estructura no es piramidal. Cada quien gobierna su diócesis. Eso si, parece que ya todos los obispos se pronunciaron, algo que nunca había pasado antes.
Ahora bien, la mayoría de las iglesias no católicas no se opone a la contracepción. Esta es permitida por los protestantes y judios desde hace muchisimo tiempo.
¿Entonces por que se oponen al mandato?
La razón por la que se oponen a esta medida es que este es un tema de violación por el Estado a la libertad religiosa de la Iglesia Católica y temen que este sea un precedente que en el futuro los afecte a ellos.
No se esta pidiendo "quitar el derecho" a las mujeres. De hecho se pide que siga el "status quo." Lo que pide la Iglesia es no pagar por estos medicamentos.
Por cierto, un buen ejemplo de el uso de la tergiversación, emotividad y el miedo es decir: "que desean limitar o negar su acceso a las mujeres” cuando lo que piden es que las cosas sigan tal como están actualmente.
3. Santorum y Gringich estan de más acá. Ellos no son autoridades eclesíasticas.
4. El artículo de “The Economist” basa sus premisas en un estudio del Guttmacher Institute. Este es el instituto creado por Planned Parenhood, el mayor proveedor de abortos en Estados Unidos. http://www.guttmacher.org/about/history.html
No podemos tomarlo precisamente como una fuente objetiva.
5. Me ahorro una discusión de la contracepción, porque sería enredar el tema. El hecho es que la Iglesia se opone a ella, y el Estado quiere que sus instituciones le den financiamiento. De allí la verdadera razón a la oposición al mandato.
Saludos Rosa!
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