La política de la píldora

Es impresionante cómo una sustancia tan pequeñita pero útil para la salud y la calidad de vida de las mujeres (y por consiguiente de la sociedad en su conjunto), sigue provocando tremendo alboroto en pleno siglo XXI.
A partir de agosto de este año, las empresas y los seguros médicos de Estados Unidos, tendrán que pagar por el uso de la píldora anticonceptiva de las mujeres que así lo deseen.

Desde hace unas semanas se ha desatado una controversia entre la Iglesia católica estadounidense y la administración del presidente Obama debido a que la gratuidad de la píldora (y por tanto su mayor acceso) se hará efectiva este año e incluye a organizaciones religiosas. Esta medida es parte del paquete de la reforma de salubridad impulsada por Obama y autorizada tanto por republicanos y demócratas en 2010 en el Congreso estadounidense. A partir de agosto de este año, las empresas y los seguros médicos tendrán que pagar por el uso de la píldora anticonceptiva de las mujeres que así lo deseen.

La ley no indica que sea obligatorio que las mujeres utilicen la píldora anticonceptiva, pero este argumento ha sido el caballito de batalla político de aquellos que desean limitar o negar su acceso a las mujeres. Como era de esperarse, el prelado católico (pero también la jerarquía de otras iglesias) puso el grito en el cielo y denunció la medida como de injerencia en la vida privada y conciencia de los católicos. Un reciente ajuste de la medida exonera a organizaciones religiosas de incluir este beneficio para sus empleadas, pero obliga a los seguros médicos que las cubren a rembolsarles por este gasto. Ni lentos ni perezosos, en plena época electoral, los dos contendientes republicanos para la Casa Blanca, Rick Santorum y Newt Gingrich –ambos católicos– se alinearon con los obispos y también descalificaron la medida, tergiversando los hechos y apelando a la emotividad y el miedo.

Antes que la feligresía de América Latina (incluida la de Guatemala) considere reclamar como suya esta especie de inquisición, conviene considerar también otros aspectos de la píldora anticonceptiva. Según estudios, esta diminuta pero quisquillosa pastilla para algunos, no es una licencia para la actividad sexual como preconizan políticos como Santorum, sino que aporta enormes beneficios para las mujeres y sus parejas. La píldora ayuda en el espaciamiento de los bebés, contribuye a evitar embarazos no planificados y a reducir la tasa de abortos, sobre todo en países en desarrollo; incluso, algunos métodos hormonales ayudan en el tratamiento de desordenes menstruales, al igual que ciertos anticonceptivos orales reducen el riesgo de las mujeres de adquirir algunos cánceres cervicales. Y más importante aún, mejora las condiciones socioeconómicas de las mujeres, y por lo tanto la de sus familias y comunidades.

En Guatemala hay algunos avances en este tema. Según la V Encuesta de Salud Materno Infantil (2008-2009), 65 por ciento de las mujeres urbanas usan métodos anticonceptivos y 45.6 por ciento en el área rural. En 20 años, el uso de los mismos ha aumentado 22 puntos porcentuales en las urbes y casi 32 puntos en las áreas rurales. Y como es de esperarse, a mayores niveles educativos, mayor es también el uso de los mismos. En las áreas rurales y en poblaciones con menores niveles de educación, la fuente de suministro de métodos anticonceptivos modernos es pública, mientras que en las áreas urbanas, es el sector privado quien lo suministra. Pero todavía hay mucho por hacer. Al igual que en el tema de la salud materno infantil, el acceso a métodos anticonceptivos para mujeres rurales e indígenas es todavía limitado y pone en situación de riesgo a los jóvenes que inician relaciones sexuales a temprana edad (la edad promedio es de 17 años).

El tema de la planificación familiar y derechos reproductivos de las mujeres es un tema de salud pública. La separación entre el Estado y la Iglesia debe prevalecer en nombre del bien común, que va más allá de los intereses sectoriales y políticos generalmente liderados por hombres que no entienden ni representan los intereses estratégicos del segmento mayoritario de la población: las mujeres.

Ahora que el gobierno de Otto Pérez Molina anuncia un diálogo sobre la liberalización y legalización de otro tipo de drogas, ¿por qué no abrir también un espacio para hablar sobre los métodos anticonceptivos, favorecer su fácil acceso y su gratuidad en el país?

Mujeres prevenidas, ¡valen mucho más!

Soy politóloga con especialización en políticas públicas. Me apasionan los asuntos públicos y me considero una ciudadana glocal. Trato de apoyar políticas que buscan expandir oportunidades y asegurar el bienestar para todos. Conforme pasa el tiempo, sigo creyendo que el acceso equitativo a una educación libre pensadora y crítica es parte de la receta para la edificación de sociedades más democráticas, dialogantes y prósperas. Por ello me considero una aprendiz permanente, no vaya a ser que un día quiera detentar la verdad absoluta y deje de ser curiosa. Trabajé como consultora para varias organizaciones, entre ellas ASIES, FLACSO y PNUD, y fungí como administradora académica y profesora en la URL. Actualmente vivo en los Estados Unidos y coordino el Programa de Becados Internacionales en el Humphrey School of Public Affairs de la Universidad de Minnesota.

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