La corrupción a todos los niveles de gobierno, el nepotismo y el clientelismo entregando puestos de gobierno a amigos del presidente y de La Juntita detrás de él, las revelaciones de casos de secuestro del Estado que continúa en las instituciones y la frustración generalizada de la sociedad que se despertó luego del fatídico asesinato de menores que estaban bajo el cuidado de instituciones del Gobierno son todos resultado de la institucionalización del ejercicio de prácticas de corrupción.
La corrupción se sitúa en la parte superior de la lista de los temas que más afectan al país y es, al final del día, un tema que a ningún burócrata le conviene atacar, pues lucran de este sistema él y los sujetos que lo pusieron en ese puesto. La corrupción es el principal problema para el desarrollo sostenible y menoscaba la democracia y la gobernabilidad. Más importante aún, las prácticas corruptas han erosionado la legitimidad del Gobierno y los valores democráticos al punto de que la confianza en este sigue cayendo. Se ha infectado a la sociedad guatemalteca de arriba abajo. La proliferación y la magnitud de los actos de corrupción se evidenciaron de nuevo en la más reciente de las crisis del gobierno de Jimmy Morales, en cada uno de los eventos que coadyuvaron al asesinato de las menores de edad en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Tan desconcertante como los eventos que llevaron a la muerte de las menores de edad ha sido la negación deliberada del presidente de Guatemala de lo que está ocurriendo en su propio gobierno. En lugar de hacer una reflexión seria sobre el problema endémico que afecta gravemente la gobernabilidad del país, el presidente y sus allegados continúan desestimando cuán incapaz es este gobierno de detener la corrupción, y el presidente aprovechó la coyuntura para atacar a los únicos actores (el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) que actualmente están luchando, con muy limitadas capacidades, contra la corrupción que ha capturado al país.
La corrupción en nuestro país es tan vieja como el papel en el que fue escrita la Constitución de la República, pero lo que es preocupante es que la corrupción tiene ahora más peso que los artículos de la Constitución y se ha convertido en la norma del día. Peor aún, la corrupción se ha convertido en una norma aceptable en todos los niveles.
Nunca antes en la historia de Guatemala el presidente y sus allegados, sus ministros y otros altos funcionarios gubernamentales habían sido acusados y enfrentado cargos de corrupción durante su mandato. ¡Y apenas llevan un año de gobierno!
El gobierno de Jimmy Morales, al que creo mejor referirnos como la estafa de Jimmy Morales, le ha costado a nuestro país millones de quetzales y docenas de vidas inocentes.
La escala de la corrupción tolerada por el gobierno de Morales en las empresas del sector público no tiene precedentes y es tanta como la que hubo en los gobiernos de sus antecesores. No es de extrañar la caída en la recaudación que la semana pasada presentó la Superintendencia de Administración Tributaria para los primeros meses de este año, pues la economía reacciona ante la falta de certeza jurídica y de gobernabilidad en el país.
Ciertamente no son solo los políticos los que desafían la ley y los principios éticos. Algunos círculos de empresarios que se hicieron ricos mamando del Gobierno y otros grupos también están involucrados en prácticas corruptas y llegan a impactar a quienes creímos empresarios respetables.
La corrupción es el principal reto económico, social y político que Guatemala tiene que resolver. No resolverlo y continuar postergando la acción se evidenciará en la continuación de la caída de la recaudación tributaria, en la continuidad del desfalco del erario público, en la pérdida de la confianza internacional por parte de gobiernos e inversiones, en el incremento de la desigualdad de ingresos de la población, en la pérdida y el cierre de empresas y, finalmente, en más muertes de ciudadanos a quienes el Gobierno no será capaz de atender en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
Exigirle al gobierno de Morales que deje las fiestas y las borracheras y que empiece a tomar acciones concretas para detener la corrupción de su gestión debería ser hoy la prioridad de todos nosotros. Lo único que puede forzar al Gobierno a actuar es una alianza entre el empresariado y la sociedad civil.
En el entorno globalizado de hoy en día, la reputación es un activo cada vez más importante que solo los empresarios imprudentes y miedosos no protegerán. Es imprescindible iniciar la implementación de una dura ley contra la corrupción, que castigue tanto a burócratas como a civiles que la incumplan y que en el proceso cree las condiciones para que los más jóvenes no caigan en actividades ilegales como las que utilizó el hijo del presidente para justificar sus crímenes. La corrupción se puede combatir con reglas claras, castigos ejemplares, empoderamiento local, más acceso a servicios públicos y más y mejor seguridad.
Haciendo esto tendremos más trabajo, más consumo, más inversiones y mejores condiciones para crecer. Si no actuamos ya, nos sacarán del mercado los competidores globales, que son más y mucho más poderosos que incluso los más poderosos de los guatemaltecos. Exijamos más y protestemos más, que la plaza siga llenándose y que nuestros líderes empresariales dejen de estrecharles la mano a los corruptos que hoy nos gobiernan.
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