El dictamen del 20 de mayo, que anula la sentencia y regresa el juicio en el tiempo hasta el 19 de abril, pero sin aclarar cómo debe procederse, es el último capítulo de un juicio que ha sido entorpecido maliciosamente por la defensa de los generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez con acciones respaldadas por estos tres magistrados. La presión ejercida por el sector privado organizado, el Presidente de la República, algunos medios y algunos intelectuales fue determinante.
Como resumió el periodista de Plaza Pública, Oswaldo Hernández: “Este último dictamen, en todo caso, es posible leerlo como una novela embrollada, críptica, aburrida y fea, que en siete capítulos narra la actuación de varios personajes: unos abogados agresivos, cargados de papeles, entre los pasillos de las salas de apelaciones, unos jueces de un tribunal acatando casi a su antojo las órdenes ambiguas de los magistrados, y unos magistrados de la CC resolviendo siempre a destiempo, sin establecer claridad en las repercusiones de sus decisiones. Toda una trama de personajes que gira alrededor de un fallo de la Sala Tercera de Apelaciones que restablecía al abogado Francisco García Gudiel como defensor de Ríos Montt luego de ser expulsado de la sala el primer día de debate”.
Reestablecer a García Gudiel como abogado de Ríos Montt no logra hacer justicia con el ahora ex sentenciado por genocidio. Recordemos que cuando finalmente iba a iniciar el juicio, tras un año de retrasos tramposos logrados por la defensa, el mismo primer día “renunciaron” los cuatro abogados y nombraron a Gudiel en su defensa, con el único propósito de que se cambiaran los jueces por una animadversión y amistad previa entre Gudiel y dos de los integrantes del Tribunal de Alto Riesgo. Esto no es búsqueda de un juicio justo sino que tiene un nombre: litigio malicioso para mantener la impunidad. Y el litigio malicioso es un delito tipificado en Guatemala, en el artículo 201 de la Ley del Organismo Judicial.
Esto no quiere decir que haya estado bien la actuación del Tribunal al dejar técnicamente unas horas sin defensa a Ríos Montt, pero esa actuación de los jueces fue con el afán de avanzar en un proceso penal. Este afán es del que carecen muchísimos abogados en nuestro sistema judicial, que utilizan el amparo como herramienta para escapar de la justicia. Y que muchos jueces amparan.
Los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Alejandro Maldonado Aguirre, Roberto Molina Barreto y Héctor Pérez Aguilera, le han dado la razón a esos abogados que procuran la impunidad. Esto en el caso más importante de la década y ante los ojos de todo el país y del mundo.
Los poderes fácticos e institucionales del país, desde el sector privado, algunos medios, algunos intelectuales, el Presidente de la República y militares en situación de retiro han presionado descaradamente a la Corte de Constitucionalidad. Parece que pregonaran un Estado de Derecho acomodaticio, que se respeta sólo cuando se sigue la interpretación de estos actores poderosos. Un tipo de Estado de Derecho por el cual Guatemala puntea alto en el índice de The Economist sobre Estados democráticos capturados, ya sea por mafias o por grupos de presión.
Es una lástima que a pesar del avance histórico de la sentencia contra el genocidio y los crímenes contra la humanidad del 10 de mayo a los tres magistrados les haya podido más las presiones de los poderosos o sus propias convicciones. Una sentencia que, como tuiteó el escritor Maurice Echeverría, fue una bengala que iluminó la noche y fue vista por todo el planeta. Una sentencia que hacía justicia con las víctimas y con la historia de Guatemala.
Honrosa excepción hicieron los magistrados Gloria Porras y Mauro Chacón. Como una honrosa sentencia hizo el tribunal de Yassmín Barrios, Pablo Xitumul y Patricia Bustamante, que lograron que un diez de mayo del dos mil trece desde el edificio de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala se condenara la barbarie.
