La búsqueda de nuestros niños y niñas desaparecidos

Ambos casos tienen en común la protección a nuestra niñez y la actuación de las instituciones de Estado para garantizar el derecho a la seguridad de nuestros niños y niñas.

Voy a iniciar con el caso de Anyeli Liseth Hernández Rodríguez, hija de una joven pareja, originarios del interior del país, Loyda (madre) logró estudiar hasta sexto primaria y Dayner (padre) estudió hasta segundo primaria. Ambos emigran a la ciudad capital en busca de mejores condiciones de vida: Loyda logra ubicarse como trabajadora de casa y Dayner en el oficio de la albañilería.

A los dos años de establecer su relación, deciden vivir juntos y ante la llegada de Anyeli a sus vidas, toman la decisión de que Loyda ya no trabaje para dedicarse a su hogar. Es una familia integrada, hay amor, ambos son padres responsables, y luego de Anyeli tienen dos niños más.
A principios de noviembre del 2006 Anyeli fue sustraída del seno de su hogar. Desde ese momento iniciaron un proceso de búsqueda en los alrededores de su domicilio en Villa Hermosa.

Con apoyo de iglesias hicieron volantes, presentaron la denuncia a las autoridades de la jurisdicción de Villa Canales –una referencia importante, porque explica en parte la inacción de las autoridades para la búsqueda de la menor: en los municipios el sistema es mucho más deficiente–.

En el 2007 acuden a la Fundación Sobrevivientes a solicitar apoyo. Ya en esos momentos llevábamos el caso de Jonathan Sol, el de Arlen Escarleth López, Esther Zulamita, Heidi Sarai Par Batz, hermanitas Alvarado Yac y otros más. En todos había una coincidencia: habían sido sustraídos, estaban en un rango de 0 a 2 años de edad.

Teníamos el reto de esclarecer qué había pasado con ellos, dónde estaban, cuál era el objetivo de la sustracción, eran interrogantes que creíamos nunca íbamos a poder responder. Sin embargo, teníamos la certeza de que nadie podía ni debía privarles del derecho de crecer en el seno de su hogar, a tener a su familia.

Cuando escuchaba el testimonio de todas ellas, su dolor, el cual se acrecentaba en los cumpleaños, en navidad, en esas fechas especiales donde la familia suele estar reunida para festejar, venían a nuestra memoria la lucha de los familiares de desaparecidos durante el conflicto armado interno, lo que nos llevó a desarrollar una serie de acciones para encontrarlas.

Así fue como conocimos qué era la trata de personas la dimensión de la problemática, y el daño que ocasionaba tanto a las madres como a los niños y niñas víctimas de ella.

Poco a poco descubrimos sus estructuras y formas de operar, y la búsqueda de estas niñas nos llevó a descubrir un mercado de seres humanos que se venía gestando desde la época del conflicto armado, con los niños y niñas sobrevivientes de las masacres. Con ello, estas humildes mujeres con un amor grande por sus pequeñas hijas, buscaron entre miles de expedientes hasta dar con ellas. Para esto pasaron casi dos años, era el primer reto establecer dónde estaban. El segundo, lograr recuperarlas. Y tercero, que se hiciera justicia.

Logramos avanzar en el caso de Jonathan Sol, hermanitas Alvarado Yac, Esther Zulamita, Rosita Velásquez, y otras más. Todas están en su hogar con su familia, logramos rescatarlas antes de que fueran trasladadas fuera del país. Sus perpetradores enfrentan la justicia y esperamos sean todos condenados.

En el caso de Anyeli pudimos establecer que había salido del territorio nacional el 9 de diciembre del 2008, ya para entonces el caso era ampliamente conocido nacional e internacionalmente, había una recompensa por parte del Ministerio de Gobernación, se habían interpuesto una serie de recursos de exhibición personal, se tenían órdenes de localización, no teníamos idea de que existieran tantos hogares para niños.

Durante ese año hicimos la primera huelga de hambre, que duró 8 días, en la entrada a Palacio Nacional. Eso generó las condiciones para que se iniciara un proceso de revisión niño por niño, de parte de la PGN y el Consejo Nacional de Adopciones.

Durante dicho proceso encontramos a Zulamita. Aún seguimos preguntándonos en qué momento paso Anyeli la revisión. En cada mesa estaban las fotos de las niñas.

Este periplo duró meses y Loyda se apersonaba con sus dos niños porque ella no se separa de ellos. Los dos pequeños son sumamente inquietos como todos los niños de su edad, y existieron oportunidades en que el personal de la PGN le pedía que abandonara las instalaciones. Creemos que fue en una de estas ocasiones donde aprovecharon para presentarla.

A principios del 2009 fue encontrada una boleta con los datos de Karen Abigail López García, en los registros del Consejo Nacional de Adopciones. Al ver la fotografía establecimos que era Anyeli, al solicitar informe a migración se estableció que había salido en diciembre del 2008, con el nombre de Karen Abigail Monahan Vanhorn.
Así inició una nueva fase; ya sabíamos dónde estaba, cuál era su nombre actual, y quiénes eran los responsables. Ahora nos tocaba traerla de vuelta a casa, para ello tocamos las puertas del Ejecutivo, el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia.

Al mismo tiempo se iniciaron acciones legales para la nulidad de la escritura de adopción y del trámite de adopción. Es así, como en el 2009 se presenta un recurso de amparo para que le sean restituidos sus derechos a Anyeli.

Todo esto se da acompañado de una huelga de hambre en las Plaza de los Derechos del Hombre que dura once días. Solicitamos a la CICIG que se integrara como querellante adhesiva, teníamos la confianza que esto le daría mayor fuerza al caso y que lograríamos hacer un frente sólido contra las redes de trata, que tienen vínculos fuertes con algunos operadores de justicia, lo que dificulta la aplicación de la ley.

En agosto del 2011 se emite la resolución del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de Guatemala al Amparo interpuesto en el 2009 en donde se ordena la anulación de los registros de Karen Abigail López García y Karen Abigail Monahan Vanhorn, del pasaporte extendido y todos los actos legales realizados con estos nombres (el trámite de adopción). De esta forma se está devolviendo su identidad a Anyeli, así como el derecho a vivir con su familia biológica.

Esperamos que así como nuestras autoridades de justicia han dado trámite a la solicitud de extradición del ex presidente Alfonso Portillo por parte de la justicia de los Estados Unidos de América, por lavado de dinero, de la misma forma den trámite a la restitución de Anyeli. En este caso se vulneraron los derechos humanos de una niña indefensa, este sería un gesto de justicia, de respeto a nuestro sistema jurídico y un mensaje para las redes de trata de personas, que hoy por hoy siguen con la sustracción de menores para el mercado de las adopciones internacionales.

Lo que está claro, es que estas familias han sido víctimas de personas y funcionarios públicos que corrompieron el sistema, la institución de la adopción, la cual tiene un fin noble de darle un hogar a un niño o niña que lo necesita.

Anyeli tenía a su familia, y hoy el Estado debe restituirle los derechos que no le protegió. No podemos perdernos en discusiones, existe una resolución judicial que debe ejecutarse. Estas experiencias no deben de repetirse nunca más, pero no debe ser sólo un decir, sino una realidad, y para ello es importante depurar el sistema de justicia, las instituciones como la Procuraduría General de la Nación, pero al mismo tiempo darles los instrumentos y fondos que les permitan construir un nueva institucionalidad para responder al mandato de proteger a nuestra niñez y adolescencia.

Por estos casos, el de Alba Michelle y Keneth Alexis, se impulsa con apoyo de UNICEF el sistema de alerta Alba-Kenettn. Cada artículo de esta ley trata de corregir las malas prácticas de las instituciones, los funcionarios y trabajadores públicos.

Lo ideal sería la prevención de estos hechos, pero aún nos falta mucho para que las instituciones cumplan con su mandato de protección a la niñez. Ejemplo de ello es el caso de María Mercedes (4 años) y Roberto José (7 años) hijos de Cristina Siekavizza, quienes se encuentran en una situación de riesgo desde el 7 de julio, al haber desaparecido su mamá, y al estar bajo investigación su papá.

Requerían una intervención que permitiera ubicarlos en un lugar seguro donde pudieran recibir cariño y acompañamiento para enfrentar la ausencia de su mamá, podía haberse dado la custodia temporal a un familiar cercano mientras el padre dilucidaba su situación. Pero esto no se hizo a pesar de haber tenido información de la posibilidad de que pudieran ser sustraídos.

La institucionalidad no hizo nada, pudo más el tráfico de influencia y el “buen nombre”. Y hoy estamos en una búsqueda que no da resultados positivos, y con cada día que pasa crece el dolor y la incertidumbre por no saber dónde están, en qué situación se encuentran y la historia se repite de nuevo, y me pregunto a quien vamos a responsabilizar de lo que no se hizo, de lo que pueda sucederle a estos niños.

Lo más preciado de toda sociedad es la niñez, los jóvenes, porque ellos representan el presente y futuro. en Guatemala hemos olvidado esto, ni el Estado, ni la comunidad y muchas veces la familia les garantizan sus derechos, lo que ellos lleguen a ser es nuestra responsabilidad. Por ello, debemos protegerlos, no permitamos que la violencia continúe alcanzándolos.