Durante los tres primeros meses de su mandato, el gobierno de Otto Pérez y el Partido Patriota ha tomado tres decisiones que pueden diferenciarlo de otras administraciones democráticas. Aprobó en menos de un mes una reforma a los impuestos directos, el Impuesto Sobre la Renta (ISR), progresiva en el sentido de que tasa a los que están entre el 10 y el 2 por ciento que más ingresos declaran, pero regresiva porque deja libres de más impuestos a los ciudadanos que conforman el 1 por ciento que más dinero ingresa de toda la sociedad. Un 1 por ciento que se queda por lo menos con 25 por ciento de todo lo que el país produce legalmente. Y que, como sucede en todas las sociedades civilizadas y racionales, debería aportar un cuarto de lo que ingresa para el fisco, para que puedan vivir en un país más justo y más tranquilo.
La reforma fiscal aprobada por el patriotismo, no obstante, fue positiva; un paso en la dirección correcta. Un paso que pudo dar tan pronto porque aprovechó una década de esfuerzos técnicos y políticos, dentro del Estado y desde la sociedad civil, para elaborar una propuesta técnica suficientemente decente. Lo logró, además, por haber escogido a un ministro de Finanzas competente, un secretario de Planificación muy bien preparado, y completa con un superintendente de Administración Tributaria preparado.
Entonces comienzan los ingredientes de los que carece el gobierno de Otto Pérez. El primero fue la falta de discusión democrática de su propuesta en el Congreso y con la sociedad civil, que podrían haberla mejorado para hacerla enteramente progresiva y que podría haber logrado que recaudara más que el mínimo 1 por ciento del PIB que representa, que es a todas luces insuficientes.
El segundo, y más grave, es la incoherencia. El Partido Patriota en el Congreso, liderado desde el Ejecutivo por la vicepresidente Roxana Baldetti, no ha hecho nada para proteger a su ministro de Finanzas; es más, parece trabajar en su contra con el retraso de la primera quincena y las trampas realizadas por el presidente legislativo Gudy Rivera fingiendo que no había quórum o terminando una interpelación por la renuncia no aceptada del ministro. Con presiones al nuevo jefe de la SAT tampoco parecen dejarlo trabajar sin zancadillas.
Más allá de la incoherencia en el trato al sector técnico del gobierno (liderado por Centeno), él mismo presenta para este segundo trimestre una incoherencia mayor que amenaza con borrar el acierto (relativo) de la primera reforma fiscal: una nueva ley para dar más incentivos fiscales. Con la creencia naïve (o negligente) de que eso atraerá más inversiones que aumenten la economía y el nivel de vida de los guatemaltecos, que es una estrategia fracasada durante los últimos 15 años en Guatemala.
En una comparación sencilla, Guatemala cobra menos impuestos y da más incentivos fiscales que Costa Rica, pero recibe menos inversiones. ¿Por qué? Porque los inversionistas de empresas que buscan obtener ganancias y que sus actividades económicas desarrollen al país, prefieren sociedades mejor educadas, más sanas, con más certezas de todo tipo, que las sociedades que no cobran impuestos ni ofrecen nada a cambio.
Los beneficios fiscales otorgados desde los años 80 han sido utilizados no por empresas extranjeras, sino por empresas guatemaltecas que en muchas ocasiones no los necesitan. Kellogs, Kerns, Pepsi o Ron Zacapa han pasado por la lista de empresas beneficiadas con la ley de maquilas.
Los privilegios fiscales, además, benefician directamente a ese uno por ciento que no fue tasado proporcionalmente a sus ingresos por la reforma fiscal de Otto Pérez y Pavel Centeno. Es imposible saber cuán incómodos podrían sentirse los técnicos del gobierno con una ley que convierta al país entero en una zona franca.
Y no es la única incoherencia de esta administración. Otra es con el tema de los campesinos y el desarrollo rural. El presidente ofreció públicamente revisar el modelo de desarrollo (excluyente) del campo y en dos semanas ha desechado la iniciativa de ley de desarrollo rural y hace una semana inauguró otra hidroeléctica, sin que se sepa a ciencia cierta si no afecta el abastecimiento de agua en comunidades del conflictivo Valle del Polochic.
La lista sigue con el capítulo de transparencia y anticorrupción, tan ofrecido por el binomio presidencial en campaña. En tres meses se ha utilizado de manera ornamental el portal Guatecompras y los procedimientos de competencia pública que manda la ley de Compras y contrataciones, posiblemente para pagar compromisos de la multimillonaria campaña con la que llegaron a hacer gobierno Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. La salida prematura del ministro de Salud apunta más en este sentido que en el de la salud del empresario (posible financista) y médico.
Para cerrar la lista en este espacio limitado está el tema de la audaz propuesta de regularización de las drogas, que acertadamente hizo el mandatario al planeta y que tuvo su primera parada en la Cumbre de las Américas en Cartagena. Sí, desde esta tribuna aplaudimos que se busquen iniciativas racionales, basadas en hechos y no en ideologías, que además coloquen a Guatemala en una palestra en la que no habíamos estado desde hace veinte años con las negociaciones de paz centroamericanas. Y aplaudiríamos más si fuera tan audaz en política exterior como en política interna.
Es que casi toda América Latina (fuera de Centroamérica) ya ha despenalizado el consumo de marihuana, para evitar que la Policía encierre a los jóvenes pobres que no pueden pagar mordidas. Según las cifras presentadas por el Presidente en sus columnas de argumentos sobre su propuesta, 15 por ciento de los reclusos de nuestras sobrepobladas cárceles están presos por posesión para el consumo. Bien podría empezar a lograr aquel cambio prometido con otra medida audaz.
Finalmente, podría bien ser coherente con el tema de desideologizar las políticas públicas quitando del imaginario que sólo los militares pueden administrar la inteligencia del Estado o la percepción de seguridad pública en las calles. Con estos elementos de coherencia y desideologización probablemente camine más en la ruta del cambio que prometió hace tan solo tres meses.
