Escenarios ambientales y elecciones

Tenemos una inercia tan desfavorable para los asuntos ambientales que lo que se impone, para el próximo periodo gubernamental, es un escenario tendencial, es decir, pesimista.
Es elemental que en nuestro país el balance entre lo bien hecho y lo malo favorece lo segundo.

Aunque en los ámbitos público o privado, de toda escala, pueden identificarse iniciativas exitosas, pocas se consolidan y si lo hacen siempre están en vilo, por la inestabilidad y hostilidad del entorno inmediato o nacional. Indudablemente, la calidad del entorno para el impulso de iniciativas de toda índole se correlaciona con la calidad del ejercicio público y es por ello que constantemente se tiende a reivindicar el valor de las políticas públicas y de los instrumentos necesarios para su impulso, tales como las instituciones, las leyes y otros instrumentos de carácter económico, como los impuestos, las tarifas y las compensaciones.

En términos prácticos, las políticas públicas debiesen ser herramientas al servicio de los que ejercen el poder político para orientar el accionar del aparato público tanto en términos de los “objetivos” que se deben perseguir global o corporativamente, como en término de los “principios básicos” y “modalidades” que deben ser adoptados por todos los actores gubernamentales para garantizar que las acciones que todos y cada uno emprendan sean coherentes entre sí y respondan a un mismo estilo o patrón.

Este enfoque, conducido por líderes gubernamentales que, en el marco de políticas públicas explícitas, sean capaces de conceptualizar grandes líneas de acción, elaborar planes con metas concretas y garantizar su ejecución eficiente, transparente y privilegiando el bien común, debiese ser suficiente para generar una dinámica nacional dominada por el sueño del progreso continuo, cuya fuerza tenga capacidad de trascender cada periodo de gobierno. Esto parece tan utópico en nuestro medio, como tan común en otros países, incluso cercanos, que transitan con razonable éxito en la búsqueda del desarrollo social integral.

En nuestro medio, la debilidad del Gobierno y la carencia de políticas públicas sólidamente implementadas se nutren mutuamente, para formar un círculo vicioso con efectos perversos para la ciudadanía. Como elemento distintivo de país, el gran sector privado empresarial se resiste continua y sistemáticamente, a toda forma de fortalecimiento público. El éxito en esta misión empresarial y el círculo vicioso descrito, explican en buena medida el caos imperante que se ha delineado arriba y que es pan nuestro de cada día.

Este preámbulo resulta tan necesario cuando de trabajar escenarios ambientales se trata. Tenemos una inercia tan desfavorable para los asuntos ambientales que lo que se impone, para el próximo periodo gubernamental, es un escenario tendencial: pesimista, tanto para los indicadores de desempeño ambiental como para las contextos y dinámicas que los determinan. Es decir, las trayectorias de agotamiento, degradación y contaminación imperantes en los bosques, el agua, la atmósfera, las tierras, las zonas marino-costeras, la biodiversidad, entre otros componentes ambientales, así como el incremento de la vulnerabilidad frente a las amenazas inducidas por el cambio climático, continuaran e incluso se intensificarán, porque las condiciones institucionales y presupuestarias del “sector ambiente” seguirán siendo tan precarias como ahora. Asimismo, las decisiones en torno de este sector, conforme este escenario, seguirán siendo guiadas por intereses netamente economicistas, carentes de transparencia, muy probablemente sustentadas en el irrespeto a la legislación vigente y motivadas por el privilegio a intereses particulares en detrimento de los intereses nacionales.

Este escenario se sustenta no solo en una realidad ambiental —socialmente determinada—muy negativa y compleja que exige un abordaje radicalmente distinto a lo hecho hasta ahora, sino que también en los planteamientos de los candidatos presidenciales, fuertemente criticados por la opinión pública, debido a la carencia de contenido en todos los ámbitos de la vida pública, dentro de los cuales los asuntos ambientales no figuran. Las actuaciones del próximo Gobierno pronto darán indicaciones acerca del ribete pesimista que podría tomar este escenario tendencial.

La trayectoria negativa de los indicadores que reflejan la calidad de nuestros componentes ambientales no va a cambiar de la noche a la mañana, pero los “contextos y las dinámicas” que los definen sí pueden cambiar. Estos elementos son los que pueden darle sustento a un escenario deseable —optimista—, dentro del cual se establezcan las bases para detener y revertir trayectorias negativas de desempeño ambiental. Los contextos y dinámicas favorables para un escenario deseable van a ser inducidos por una nueva visión ambiental que considere realidades territorialmente diferenciadas, procesos renovados y estructuras fortalecidas y dinamizadas para soportar esos procesos y alcanzar, progresivamente, esa visión.

Los guatemaltecos merecemos un escenario deseable y el próximo Gobierno está obligado a impulsarlo. Pero la sociedad, comprometida y motivada por un mejor futuro, debe exigir el establecimiento de sus bases y participar en su consecución.

Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables (Guatemala), Maestría en Gestión de Recursos Naturales y Biodiversidad (Costa Rica), cursos de Economía Ecológica (Holanda) y Estudios Doctorales en Ciencias Políticas y Sociología (Universidad Pontificia de Salamanca). 20 años de experiencia en labores de extensión, investigación, docencia y gerencia de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, en las áreas de gestión ambiental, manejo forestal, planificación regional, desarrollo rural y otras relacionadas. Expositor invitado en más de 13 países; varias distinciones académicas y reconocimientos nacionales e internacionales, incluyendo distinciones de varios Gobiernos durante su gestión al frente del Consejo Nacional de Áreas Protegidas en Guatemala. Impulsor y coordinador de la iniciativa del Perfil Ambiental de Guatemala reconocida por Naciones Unidas como una de las mejores prácticas de evaluación ambiental en América Latina. Impulsor y fundador del Observatorio Ambiental de Guatemala; coordinador de más de 30 investigaciones académicas en los últimos años. Ha sido miembro y coordinador de al menos 10 instancias colegiadas de dirección nacionales e internacionales. Actualmente dirige el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente en la Universidad Rafael Landivar.

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