Pensemos —más allá de la acusación de fraude de ley relacionada con el divorcio del gobernante Álvaro Colom y su esposa, Sandra Torres, para saltarse una prohibición y optar a la Presidencia de la República— en la variedad de situaciones silenciosas y permanentes que ameritarían también un escándalo de “encendidos en patrio ardimiento” en defensa de la Constitución:
Aunque hay establecidos ciertos límites a la propiedad privada, como el interés social, la utilidad colectiva, el beneficio social y el interés público, jamás se ha salido en defensa de estos postulados constitucionales para exigir justicia, reparación o arreglo en tantos variados y recurrentes casos sobre la histórica conflictividad agraria en Guatemala, tales como el reciente desalojo violento en el Valle del Polochic, en el que, dicho sea de paso, sigue sin solución no solo el origen del conflicto, sino la crisis humanitaria de las más de 800 familias que siguen sin techo ni alimento (ver artículos 39, 40, 44 y Gaceta No. 3, expediente No. 97-86, página No. 17, sentencia: 25-02-87 de la Corte de Constitucionalidad).
La Constitución prohíbe expresamente los monopolios y privilegios con el fin de promover el libre mercado, pero aquí o se ha retorcido su interpretación para justificar que gracias a los monopolios guatemaltecos se genera empleo y se “dinamiza” la economía nacional o se le juega la vuelta a la constitucionalidad, manteniendo monopolios de facto a través de la mágica y encubridora figura legal de las sociedades anónimas. Por otro lado, es bastante conocido el rol de los testaferros como personajes que figuran públicamente para disfrazar actividades monopólicas. En ese caso, nadie sale tampoco en defensa de la Constitución, a pesar de que esta práctica ha favorecido la concentración de la riqueza en pocas manos e impedido históricamente el despegue económico de medianos y pequeños empresarios autónomos, quienes también podrían generar empleo y salario y motorizar la economía nacional. Es curioso, pero el mismo argumento de la generación de empleo y desarrollo económico se utiliza para entregar inconsultamente los recursos naturales y territorios nacionales para su explotación a las corporaciones privadas, ocultando la relación inversamente proporcional entre daño ambiental y social, y desarrollo económico nacional, considerando, entre otros factores, el mísero porcentaje de regalías (1%) que se recibe de dichos proyectos (artículo 130 y artículo 63 Ley de Minería).
Aunque la Constitución establezca que nuestro régimen económico y social se funda en principios de justicia social, la brecha de desigualdad, el hambre, la miseria y la consecutiva pérdida de vidas “no llorables” se ha normalizado a tal punto que a nadie se le ocurre salir en defensa de la Carta Magna para exigir medidas redistributivas en aras de la justicia social, con la misma furia con la que se objeta una cuestión coyuntural como la candidatura de Sandra Torres (artículo 118).
Por otro lado, creo que hay razones más importantes que el divorcio para “vetar moralmente” a Sandra Torres como candidata: la falta de respeto a la alternabilidad en el poder, la “capitalización” del hambre y la pobreza para captar votos, así como el reciente contubernio con los Widmann para aparentar una negociación del conflicto agrario en el Polochic, mientras se coordinaba simultáneamente un desalojo violento. Sandra Torres no es el centro de este problema ni su divorcio la causa de todos nuestros males. Es tan sólo una pieza más de la histórica y nefasta lógica de funcionamiento de los partidos políticos en Guatemala, que no actúa más o menos consecuentemente que los otros candidatos: también Harold Caballeros dejó su actividad como pastor de iglesia y Otto Pérez Molina abandonó el Ejército previo a buscar una candidatura presidencial (sin contar la acusación en contra de este último por crímenes de lesa humanidad). Ambos casos están contemplados entre las prohibiciones del famoso artículo 186 constitucional y habrían tenido el mismo problema, de no cambiar a tiempo su estatus legal.
En medio de esto, la ciudadanía con acceso a información y medios de comunicación, en lugar de reivindicar el ejercicio del propio criterio, actúa a partir de un automatismo producido por las conclusiones facilonas de las estrategias de manipulación de masas de los medios, perdiendo de vista la complejidad de todo el espectro. Evidentemente, para fines mediáticos la discusión de fondo sobre la alternabilidad en el poder no vende tanto y esa es la razón por la que se aprovecha el morbo y el moralismo de una sociedad que se sigue escandalizando por un divorcio por conveniencia. Como si no estuvieran pasando cosas peores que simplemente ya no nos escandalizan...
Ojo, que el pensamiento único es una forma contemporánea y pasiva de fascismo, al que se le da cabida cuando uno se somete al control mediático, sin cuestionar los problemas de fondo que subyacen a los relajos telenoveleros a la CNN. Ojalá en sus reflexiones, la ciudadanía encendida en patrio ardimiento se recordara de que la Constitución que dice que defiende, establece también que el poder viene del pueblo (art. 152) y que ese poder no se agota haciendo catarsis a través de Facebook, Twitter o de los variados chats.
Hay que pensarse más de dos veces cuál es la Constitución que pensamos que estamos defendiendo, frente a quién(es) y de qué la defendemos, cuándo lo hacemos y cuándo no y, principalmente, a quién beneficiamos siendo puras y duras cajas de resonancia. ¡Más nueces y menos ruido!
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