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Un lustrabotas en una calle de San Marcos, el 21 de julio. Foto: Presidencia

El país está en rojo y la responsabilidad cae en las municipalidades

«Hay una intención de descargar o echarle la culpa del manejo del sistema de desescalada a los alcaldes».
Uno de los principales retos de este sistema de desescalada es la situación diversa de los municipios en Guatemala.
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El país está en rojo y la responsabilidad cae en las municipalidades

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La propuesta del Gobierno para reducir gradualmente las medidas de confinamiento causa preocupación, traslada la tarea principal a los municipios y no incluye una estrategia de contención y mitigación. «Nos están echando la responsabilidad», dice el alcalde de San Marcos La Laguna, Vicente Mendoza. También hay temor porque no se cuentan con datos certeros, las pruebas que se hacen son pocas y el sistema de salud permanece colapsado.

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«Se va a triplicar la responsabilidad para nosotros», dice Vicente Mendoza, alcalde de San Marcos La Laguna, Sololá. Con una población de 6,101 habitantes, en ese municipio solo han reportado un posible caso positivo, aunque nunca confirmaron si era COVID19 o no. Después de cuatro meses que ha durado la crisis sanitaria, en ese municipio solo han hecho 22 pruebas.

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La poca implementación de pruebas en todo el territorio nacional, los errores en la gestión de los datos, la precariedad del sistema de salud, y la diferenciación de las capacidades de las municipalidades, hace incierta -según expertos y alcaldes consultados- la posibilidad del éxito del plan de desescalada del Gobierno, basado en un sistema de alertas con un semáforo.

«Está bien que se abra el país y ciertas actividades. Vamos a respetar las disposiciones del presidente, pero también tomaremos nuestras propias decisiones para evitar el contagio», agrega Mendoza.

El Gobierno informó sobre la situación de los municipios con este sistema de alertas. Hasta el domingo 25 de julio, 158 estaban marcados en rojo, 109 en naranja y 73 en amarillo. Ninguno está en verde. A pesar de la situación, ahora es permitido el transporte público con el 50% de su capacidad, bodas religiosas con un máximo de 10 personas y la apertura de comercios con medidas de distanciamiento social.

Cada municipio tiene una reacción propia a las instrucciones del Gobierno. La municipalidad de Guatemala anunció que el servicio del Transmetro reiniciará por fases, a partir del 31 de julio con medidas de higiene y distanciamiento social. En Quetzaltenango tampoco reanudaron de inmediato el transporte público, la municipalidad aseguró que primero harán una revisión de los buses para autorizar su circulación.

El alcalde Mendoza, de San Marcos La Laguna, dice que su municipio debería estar en verde, pero la estrategia de la Coprecovid lo colocó en alerta amarilla. «Estamos de acuerdo en eso para no caer en exceso de confianza. Ahora nos toca implementar las medidas que recomienda el Gobierno para que no empeore la situación», dice.

La principal preocupación del alcalde es que si se levantan las medidas, las personas que visitan el municipio -sobre todo los dueños de las casas a orillas del lago de Atitlán y que viven en la ciudad de Guatemala, Sacatepéquez o Quetzaltenango- puedan llevar el virus. «Si algún chaletero viene de la ciudad, mejor que traiga un certificado médico o uno de hisopado. Las personas son bienvenidas si no representan ningún peligro de contagio. Esa será una disposición municipal que no violenta la libre locomoción. Pueden pasar la cuarentena en su casa de acá, y como es un chalé, seguro no se van a aburrir», asegura el alcalde.

Lo que manifiesta Mendoza sintetiza las preocupaciones relacionadas con el sistema de alertas a nivel municipal: desconfianza en los datos que retratan la pandemia a nivel local, la responsabilidad de la gestión de las medidas para evitar la propagación del virus y atender los casos positivos, y las posibles repercusiones de la movilidad entre los municipios.

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Los datos y las pruebas, insuficientes

Nancy Sandoval, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI), enumera las condiciones mínimas que deben presentarse para hablar sobre un plan de desescalada:

  1. Transmisión controlada del virus.
  2. Capacidad del Sistema de Salud para identificar, testear, y aislar cada caso y sus contactos.
  3. Controlar brotes en grupos poblacionales vulnerables (trabajadores de salud, servidores públicos, población cautiva, etc.)
  4. Medidas preventivas estándar en lugares de trabajo y de educación.
  5. Riesgo de importación del virus controlado.
  6. Conocimiento adecuado de la población sobre la nueva normalidad.

De acuerdo con la misma Sandoval, Guatemala no cumple con ningún requisito.

El plan para la desescalada del Gobierno está basado en la utilización de un semáforo con cuatro colores (rojo, anaranjado, amarillo y verde) que indicarán la intensidad de las medidas para los municipios. Cada alerta implicará distintos niveles para la apertura de comercios, transporte público, espacios de recreación, y la autorización de reuniones sociales y religiosas.

Este sistema no es novedoso. México lo aplica desde el 18 de mayo, aunque no lo maneja a nivel municipal, sino que regional (estados). La primera etapa consistió en la apertura de municipios llamados «de la esperanza», porque no tienen casos de COVID19, bajo la condición de que no fueran vecinos de otros que registraran contagios. Ahí se aplicaron cercos sanitarios.

La segunda etapa fue de preparación para la apertura. Desarrollaron capacidades en trabajadores y población en general sobre higiene en los espacios laborales. A partir del 1 de junio reiniciaron las actividades con la herramienta del semáforo. En ese país las alertas las definen semanalmente según el porcentaje de la ocupación hospitalaria y el número de casos. Hay 18 estados en alerta roja y 14 en naranja.

El sistema fue implementado hace casi dos meses, recientemente fue rechazado por 7 gobernadores quienes aseguraron que no se les tomó en cuenta para su diseño. Actualmente México es el séptimo país con más casos en todo el mundo (310,712 hasta el 23 de julio) y el cuarto con más muertes por la enfermedad (41,908).

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Sandoval, AGEI, asegura que en Guatemala todavía no es tiempo de implementar un plan de desescalada «No es pertinente ni contamos con evidencia técnica que permita recomendarlo. En este momento no cumplimos con ninguna de las condiciones que las guías internacionales refieren para de permitir una desescalada segura… Hay una falta de acceso a la salud que permite que corran brotes que, al no ser detectados, no permiten el control de la pandemia», agrega.

«La propuesta es muy genérica. Solo consiste en instalar las capacidades reales de monitoreo de casos a nivel local», afirma el analista político Renzo Rosal. «Para esto el requisito básico es un buen manejo de datos, pero en Guatemala no lo tenemos. Es un problema histórico que en el marco de la pandemia no lograron solucionar, con esta precariedad montar semáforos es un atrevimiento porque no hay fundamentación».

El Ministerio de Salud cuenta con un tablero electrónico que presenta los datos sobre la situación de la pandemia en Guatemala. Desde el inicio de la emergencia, hasta la salida del exministro Hugo Monroy, la institución acumuló varias dificultades en la recopilación y traslado de información. Hubo incoherencias en el número de personas fallecidas o ausencia de datos sobre casos en hospitales privados.

Una auditoría encargada por Amelia Flores, la nueva ministra de Salud, identificó al menos 12 mil pruebas no procesadas. Además, cuando presentaron el tablero a mediados de julio, se hizo un ajuste de la información y los datos variaron de manera abrupta. De casi 5 mil recuperados pasaron a más de 23 mil, y sumaron tres mil casos activos.

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Alcaldes insisten en la raíz del problema

El nuevo sistema de información promete ofrecer datos específicos de cada municipio, aunque las pruebas todavía son insuficientes. Así lo reconoció el director Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial para la Prevención del COVID19 (Coprecovid), en una reunión que tuvo esta semana con un grupo de alcaldes para explicar el sistema del semáforo. Dijo que la cantidad de pruebas es importante para implementar el semáforo.

Los alcaldes están de acuerdo, pero insisten en la raíz del problema. «Como alcaldes hemos pedido al Ministerio de Salud que deben tener más pruebas, más insumos para el abordaje, prevención y diagnóstico para tomar decisiones», asegura Miguel Ovalle, alcalde de Salcajá, Quetzaltenango, y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM).

El director de la Coprecovid aceptó que, si bien el semáforo ya inició, la falta de pruebas impedirá que algún municipio se encuentre en la alerta verde.

«Que nadie se entusiasme por los próximos meses por tener un color verde. Todos tienen que llegar a este color, pero en este momento no todos los municipios tienen la capacidad de pruebas, la epidemia todavía está en su primera ola, no es prudente», dijo Asturias.

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El liderazgo de los alcaldes y la gestión de las municipalidades a prueba, sin dirección

En la reunión entre alcaldes y el Ministerio de Salud, Asturias aseguró que, aunque la coordinación continuará desde el Gobierno, los líderes del proceso de desescalada a través del semáforo serán las autoridades locales.

Sin embargo, Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco asegura que la coordinación con el Ministerio de Salud es escasa. «Estamos mal. Todo lo que hemos hecho para ayudar a nuestros vecinos ha sido desde la Municipalidad. Pedimos que vengan a hacer pruebas, pero no atienden nuestras demandas», dijo. 

Hay diferentes percepciones del liderazgo que deberán asumir las municipalidades. Ovalle, alcalde de Salcajá, afirma que esta es una oportunidad para reconocer el papel de las autoridades locales. 

«Hemos detenido la peña durante la pandemia» -dice Ovalle- «asistimos a nuestras gentes con víveres, dotamos a los centros de salud de equipo médico e insumos… Hoy nos alegra que a través del semáforo reconozcan la labor de los alcaldes, porque se visibilizará nuestro trabajo», afirma.

El punto de vista del analista Renzo Rosal es diferente. Para él, si el semáforo no presenta los resultados esperados, y si aumentan los casos en municipios donde ahora hay pocos casos, será muy fácil trasladar la responsabilidad a las autoridades municipales. «Hay una intención de descargar o echarle la culpa del manejo del sistema de desescalada a los alcaldes y a los gobiernos locales. Pareciera que el Gobierno pretende que, si hacen algo va mal, los vecinos vean solo la actuación de las municipalidades. Es un asunto muy perverso de lavarse las manos», dice Rosal.

Este criterio lo comparte Leslie Sequeira, politóloga experta en gobernanza municipal. Para ella el traslado del liderazgo parece ser una estrategia para enfocar las demandas de la población en las municipalidades. «Ahora el foco de atención será el alcalde. Se podría argumentar que este es el resultado de la descentralización, pero Guatemala no avanzó en ese proceso. Las municipalidades todavía dependen del presupuesto que les traslada el Gobierno central e institucionalmente son débiles. Les dan la responsabilidad, pero no los recursos”, argumenta.

Ahora que las municipalidades tendrán a su cargo gestionar la pandemia, es importante recordar un dato: la mayoría de las municipalidades obtuvo una mala calificación en el último Ranking de la Gestión Municipal, elaborado por Segeplan en 2019. Este índice brinda información sobre el desempeño de las municipalidades en ámbitos como la participación ciudadana, acceso a la información, gestión de servicios públicos y el uso de los recursos.

En ese ranking ninguna municipalidad obtuvo una calificación alta, la mayoría reprobó. Un total de 163 mostraron una gestión media baja y 24 baja, 148 municipalidades obtuvieron una calificación media, y apenas 5 media alta. Santa Catarina Pinula, Mixco, Salamá, San Lucas Sacatepéquez y San Miguel Petapa son las mejor calificadas, pero no llegaron a la categoría de gestión alta.

«Hace falta un plan específico para identificar y priorizar las acciones que estarán a cargo de las municipalidades en el marco de la pandemia», asegura la politóloga. «Algunas municipalidades se están enfocando en el abastecimiento de agua, otras en las medidas de prevención y otras en brindar apoyo económico, víveres y medicinas a los vecinos, pero hace falta que las acciones sean coordinadas y coherentes», agrega.   

Esto lo corroboran varios alcaldes consultados por Plaza Pública. Aunque los jefes ediles aseguran que mantienen comunicación y coordinación con dependencias del Gobierno central, priorizan de distinta manera los factores relacionados con el COVID19.

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Por su parte Floridalma Morales, alcaldesa de La Gomera, Escuintla, la asistencia social a las familias en cuarentena es prioridad. «Hemos estado al tanto de las disposiciones del Gobierno, pero acá la ayuda no ha llegado. Nosotros nos hemos organizado para brindarle víveres a las personas afectadas por el virus», afirma.

En el caso de la ciudad de Guatemala, según el departamento de comunicación de la Municipalidad, priorizaron la instalación de centros de atención para personas con síntomas de COVID19, la entrega de medicamentos a vecinos con el virus, ayuda alimentaria e instalación de insumos de higiene en los mercados.

Por su parte, la municipalidad de Mixco, a través de vocero, Mynor Espinoza, asegura que implementaron albergues y brindaron ayuda a los vecinos. «El alcalde Neto Bran se asesoró con expertos en la epidemia para tomar decisiones. Tenía la intención de adquirir pruebas rápidas para detectar el virus, pero el Gobierno lo dejó», aseguró Espinoza.

Las pruebas de las que habla el vocero son test rápidos, los cuales prometen detectar la COVID19 con una gota de sangre del paciente y 10 minutos de espera. No obstante, tanto el Ministerio de Salud como el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala desaconsejaron su uso debido a que «no han demostrado un desempeño adecuado». Este colegio de profesionales pidió a la cartera de Salud investigar la distribución y uso de estos test, esto a raíz que en Guastatoya, el Progreso, encontraron pruebas que no contaban con registro sanitario.

El problema con el plan del Gobierno central no radica solo en que traslada la responsabilidad a los municipios, según el analista político Renzo Rosal, la normativa vigente no establece competencias específicas al Consejo Municipal para que lideren la desescalada. «No existe una normativa para que los gobiernos locales carguen con eso. Les están tirando la responsabilidad sin que existan criterios técnicos ni fundamento legal», dice.

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El Código Municipal es la ley que establece las atribuciones de los municipios, concejo municipal y alcaldes. Obliga a que los integrantes de las municipalidades integren comisiones de salud y asistencia social, fomento económico y turismo, entre otras. «Las atribuciones de las municipalidades que tienen una relación directa con la pandemia es el abastecimiento del agua y la regulación del transporte público», subraya Sequeira.

La ley no es específica, pero sí establece que los alcaldes deben tomar medidas necesarias ante catástrofes o desastres.

Un plan general para un país diverso

«La ciudad, las cabeceras departamentales, los municipios, las comunidades y las aldeas son realidades totalmente diferentes. Entendemos que el presidente no conozca todos los territorios, pero sí le pueden dar información», afirma Mendoza, el alcalde de San Marcos La Laguna.

El jefe edil cuenta que tomará en cuenta el mensaje del presidente Alejandro Giammattei, pero que la municipalidad está preparada para emitir disposiciones especiales si no les parece adecuadas para San Marcos La Laguna. Entre sus iniciativas propias está pedir certificados médicos o de pruebas de COVID19 a quienes deseen ingresar al municipio.

Uno de los principales retos de este sistema de desescalada es la situación diversa de los municipios en Guatemala. En San Marcos La Laguna, por ejemplo, no hay médicos ni agencias bancarias. «La población tiene necesidades fuera de acá», dice el alcalde Mendoza. 

«Hay habitantes que trabajan fuera de sus municipios o que deben movilizarse a otro lugar», asegura el analista Rosal. «Este tipo de gradaciones el semáforo los ve de una manera simplista, parte del supuesto de que la gente vive donde realiza todas sus actividades, y eso está fuera de lugar. Ahora existe una dinámica intermunicipal muy amplia, tanto en las áreas rurales como urbanas», resalta.

Sandoval, presidenta de la AGEI, subraya la importancia de considerar la manera en que están conectados los municipios en Guatemala. «Es muy importante tomar en cuenta la movilidad intermunicipal. Sabemos que si los vecinos viajan constantemente de un municipio a otro es difícil que no haya transmisión entre lugares que estén en diferente color. Seguramente habrá que apoyarse no solo en la estrategia municipal sino también en una regional», dice.

En una entrevista realizada por Plaza Pública al director de la Coprecovid, se le preguntó sobre esta situación y la razón por la que se determinó que el municipio debe ser la unidad geográfica para la desescalada, «porque toda la organización del sistema funciona a nivel municipal», respondió.

«Va a ser muy difícil que un alcalde como el de Mixco le dé instrucciones al de la Ciudad de Guatemala, a pesar de que todo el contexto de la zona metropolitana funcione como una sola. Pero el alcalde de Mixco debiera tener la posibilidad de proteger a su población si necesita protegerla», dijo Asturias en la entrevista.

De acuerdo con Úrsula Roldán, directora del Instituto de Investigación y Proyección sobre dinámicas globales y territoriales de la Universidad Rafael Landívar, es necesario que el plan se adecúe a las necesidades y capacidades de las municipalidades, sobre todo de los municipios que ahora tienen pocos casos pero que están cerca de otros con alta incidencia de la pandemia. «Una de las posibilidades para superar esta necesidad es garantizar la participación de organizaciones sociales en la gestión del proceso de desescalada», afirmó.

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Nandy Sandoval, presidenta de la AGEI, considera que la propuesta del Gobierno no es pertinente. «La valoración global del plan de desescalada parece una medida inoportuna y desafortunada con fines de control, pues no establece la estrategia para contención y mitigación.  Para algunos municipios implicará una reactivación económica, pero con un riesgo muy alto de pasar de un verde a rojo en cuestión de días o semanas.  Pasar de rojo a verde les llevará semanas, si no meses, con pérdidas económicas y vidas irrecuperables», concluyó.

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