Ahora la Cicig logró la captura de más de 20 sindicados, entre los que sobresalen personas ajenas al sector público como Francisco Ortiz Arreaga, autoproclamado como viejo defraudador, según las grabaciones hechas públicas, y Salvador Estuardo González, hasta ese día presidente de Corporación de Noticias (Siglo21 y Al día) y supuesto testaferro de la vicepresidenta en esa empresa. Junto con ellos se detuvo también al anterior y al actual responsable de la Superintendencia de Administración Tributaria —SAT—, así como a otros altos funcionarios de la institución.
La estructura delincuencial tenía, además, entre uno de sus principales responsables al secretario privado de la vicepresidenta de la República, lo cual, dada la estrecha proximidad que por el puesto que ostentaba debía de mantener con la vicemandataria, hace recaer sobre ella sólidas sospechas, pues, de otra manera, ella estaría mostrando una total ingenuidad y falta de control sobre la idoneidad y honestidad de sus más estrechos colaboradores.
La estructura delincuencial, autodenominada en uno de sus niveles como La Línea, defraudaba al fisco al exigir a los comerciantes el pago de un soborno a cambio de reducirles el impuesto. Los cobros eran sistemáticos y basados en criterios prestablecidos por los delincuentes. Es aquí donde, evidentemente, aparece la otra punta de esta línea, de la que hasta ahora nada se ha dicho y contra la cual nada se ha hecho.
Los comerciantes a quienes se les demandaba el cobro, de manera directa y consciente, también estaban defraudando al erario público. De manera clara y evidente estaban siendo invitados a pagar menos de lo establecido. Los comerciantes tenían no solo la obligación de denunciar ese cobro ilegal, sino la responsabilidad de pagar lo debido. Sin embargo, según lo narrado detalladamente por la Cicig en la conferencia de prensa, ninguna denuncia al respecto se hizo ante ningún tribunal.
Los dueños de las mercaderías, en consecuencia, resultan en la práctica tan delincuentes como los hasta ahora detenidos, pues hubo no solo omisión de denuncia, sino complicidad en la defraudación. Si bien tienen el atenuante de que eran presionados por los empleados aduanales, su obligación era pagar lo establecido o solicitar su reducción mediante un procedimiento legal. No obstante, de los más de 500 furgones analizados por los entes judiciales, no se dijo nada respecto a posibles denuncias contra tales actos.
Evidentemente, la práctica del soborno está muy enraizada en la cultura comercial del país sin que desde las organizaciones empresariales se haga algo serio por combatirla. Amparados en la lenidad y morosidad del sistema de justicia, los grandes contribuyentes prefieren pagar sobornos y así reducir los costos y mejorar sus ganancias. Múltiples formas se han inventado en ese sector para maquillar esos gastos, cuando lo responsable y adecuado es pagar lo establecido o cuestionar el monto haciendo uso del sistema judicial del país.
Si bien hoy debemos alegrarnos de que criminales de cuello blanco hayan sido detenidos, con lo cual es de esperar que mejore la recaudación fiscal, es necesario insistir en la responsabilidad que el empresariado local y particularmente sus cúpulas tienen en la pervivencia de la cultura del soborno. Los criminales hoy detenidos habrían tenido muchas más dificultades para actuar si el sector empresarial, en lugar de oponerse sistemática y permanentemente al pago de los impuestos, insistiera y educara a sus asociados en el respeto a las tarifas y a los niveles de las cargas impositivas.
La corrupción siempre tiene dos extremos. Hoy ha sido desmantelada una red que representa el extremo del sector público, la cual, por lo que parece, ha actuado desde hace varias décadas y en la cual han estado inmiscuidos desde siempre funcionarios de alto nivel. Pero su erradicación no será posible si, desde el otro extremo, los comerciantes y los empresarios en general no se comprometen, de manera decidida y consciente, a impedir tales prácticas. Solo si los importadores se educan a no aceptar pagar un centavo de soborno, los esfuerzos por erradicarlo serán posibles. Y para ello, cámaras empresariales, oenegés y centros de investigación defensoras del mercado tienen una responsabilidad inobjetable. De no actuar en consecuencia, todo el griterío contra la corrupción es simple hipocresía y deshonestidad.
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