Si veo hacia atrás, en frío, el juicio me parece muy distinto. Hay aprendizajes que se asumen de muy buena gana. El primero y el más importante es que la justicia es, independientemente de lo que un tribunal o una Corte de Constitucionalidad decida. A la justicia —como valor, pero también como destino al cual arribar— se llega sin necesidad de una institución. La institucionalidad es importante, pero no lo es todo. Es solo una dimensión de la justicia a la que me refiero. El genocidio de los ixiles se conoció y, me atrevería a decir que para muchos de nosotros, se hizo profundamente. La justicia pasa por reconocer una historia, por saber las causas y conocer los hechos, y eso se ha venido haciendo. Esa justicia, junto con la sentencia, que es el producto de ese primer —y absoluto— juicio, nos ha permitido fundamentar nuestra postura y nuestro análisis de los hechos ocurridos cuando Efraín Ríos Montt estuvo al frente del Estado guatemalteco.
El juicio nos enfrentó a la amnistía y al perdón, porque ni es lo mismo ni es igual. Hoy por hoy se han hecho varios análisis legales —serios y apegados a derecho— sobre la posibilidad de amnistía a los que siguen sentados en el banquillo de los acusados. Quisiera retomar el trabajo de Impunity Watch en noviembre de 2014, según el cual la amnistía es la medida legal de olvido voluntario de parte de un Estado de lo ilícito cometido en un contexto de guerra interna, como Guatemala. Sin embargo, «a la luz de los estándares internacionales en materia de amnistía, el olvido de determinado tipo de delitos para procurar la paz y la democracia nunca puede ser otorgado a cambio de la impunidad por delitos de trascendencia internacional como el genocidio». Así comienza: diciéndolo todo. Al delito de genocidio no hay forma de no darle la cara en una corte. La justicia va de la mano del perdón, y este último tiene poco que ver con la amnistía. El perdón hay que dejarlo a las víctimas y a la sociedad, a la relación que se puede construir después de que se reconozca la verdad como tal. No se puede perdonar ante algo que no reconocemos que sucedió. Si el Estado quiere perdón y una sociedad cuenta con individuos capaces de reconocerse en el otro como parte de una misma historia, entonces ese Estado quiere la justicia.
Por último, después de lo que sucedió con el tribunal cuya presidenta era Yassmin Barrios, el juicio de hoy es también una lucha por convertirnos en sujetos y actores reales de nuestro país y de nuestro tiempo. Si se nos impide eso, se nos está impidiendo ser lo que queremos ser. No hay nada que esconder: los hechos están y el genocidio ha sido comprobado. Eso es lo que hemos dicho y dicho hasta la saciedad durante el proceso anterior. Si eso no se quiere entender, se está negando la posibilidad de fundar este país en algo real. Además, es la posibilidad de hacernos escuchar por una generación que se hizo escuchar, por aquellos que lucharon por nosotros y por quienes hoy nos toca luchar, o por los que diariamente trabajaban su tierra o en su oficina, que daban catequesis los domingos: por los que pensaron que en una sociedad democrática no había permiso para el silencio. Bien o mal, somos esa sociedad.
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