La iniciativa Contreritas, como llamó alguna vez a la iniciativa 4306 el expresidente del Congreso, Roberto Alejos, ha llegado a la diputada Nineth Montenegro. El 27 de febrero, convocó a las empresas telefónicas, a 31 organizaciones que apoyan la ley (donde se encuentran aglutinadas entidades como CACIF, FUNDESA, Universidad Landívar, Movimiento Pro Justicia, Jóvenes por Guatemala, Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), Fundación Mack y otras más), al Ministerio Público, al Ministerio de Gobernación, y a las distintas bancadas, para discutir sobre el tema y llegar a un consenso.
La diputada dio un plazo de 30 días para alcanzar un acuerdo preliminar para que luego se instauren las sesiones de diálogo, todos los lunes, en el Congreso de la República.
En la mesa de ponentes también se encontraban Eleonora Muralles y Mónica Leonardo, de FADS y del Movimiento Pro Justicia, quienes realizaron una presentación sobre la propuesta de ley e hicieron énfasis en la importancia de aprobarla para agilizar las investigaciones en los delitos en que se utilizan los aparatos móviles como herramientas de los crímenes. También comentaron sobre casos como el de Colombia y Perú donde han funcionado este tipo de mediadas para reducir los índices delincuenciales. La Organización de Estados Americanos, según Muralles, expresó su deseo de crear una base de datos regional para evitar el trasiego de móviles.
Por parte de las telefónicas se hicieron presentes Asisclo Valladares (hijo) y Ricardo Sagastume, abogados de la Gremial de Telecomunicaciones. Sagastume anunció la disponibilidad de dialogar y enfatizó en que era la primera vez que se les tomaba en cuenta en la discusión. Al preguntársele sobre si estaban de acuerdo con el Registro móvil, anunció que sería algo muy caro de realizar pero “tendremos que ver” y ofreció a expertos técnicos y jurídicos para que trabajen a favor de la propuesta. Luego se le consultó sobre si estaban conscientes de que al disminuir los delitos como la extorsión, las telefónicas disminuirían sus ganancias, dijo que “nosotros tendremos que hacer nuestro aporte” (para disminuir la delincuencia).
No se tomó en cuenta la propiedad numérica dentro de la iniciativa de ley (para que cada quien tenga un número y no lo pierda aunque cambie de compañía), dijo Mónica Leonardo, del Movimiento Pro Justicia, pero se podrá analizar dentro de las mesas de diálogo cualquier propuesta.
