Confrontación por el desarrollo rural: ¿inevitable?

Unos lo desean mantener, aduciendo que es la única vía para llevar bienestar, en consecuencia, según indican insistentemente, hay que ajustarse a estos argumentos. Aquellos que no lo ven así, están mal. Es la posición de defensa al statu  quo, de los muros a los necesarios vientos de cambio. Es la posición que efectivamente garantiza el bienestar, pero solo para una élite urbana que vive en el Primer Mundo construido aquí, en el Tercer Mundo –y su mar de carencias–, en muchos casos, con base en  privilegios, a costa de bienes públicos y, porque no decirlo, incumpliendo un aspecto que diferencia el capitalismo de otros modelos primitivos: el salario mínimo.
 
Otros desean introducir cambios aduciendo que ese modelo es excluyente y que el número de guatemaltecos que no se benefician de este es incremental y que sobreviven en condiciones infrahumanas de generación en generación. En un país como este, marcado por el egoísmo, la hipocresía, la individualidad, la falta de solidaridad, la inequidad, es razonable que los movimientos campesinos busquen un asidero legal para formalizar sus demandas y las alternativas al modelo establecido. Fuera de los posicionamientos ideológicos infranqueables, es posible que muchas personas y sectores no estén totalmente satisfechos con el planteamiento técnico de la iniciativa 40-84. No obstante, en el marco de una identificación genuina con los sujetos priorizados en esta iniciativa de ley –los pobres rurales–, su perfeccionamiento y sobre todo, su implementación efectiva; con la escala, oportunidad, suficiencia y continuidad, debería ser responsabilidad de todos los liderazgos de este país.
 
Y al medio de esta pugna, asimétrica política y económicamente, donde cada parte muestra su verdadero ADN, es donde también sobresale la mediocridad de este Congreso de la República, incapaz de mediar eficiente y oportunamente, garantizando los balances, procurando que una iniciativa de ley, cuyo carácter es instrumental, maximice su potencial para reducir la inequidad prevaleciente. En vez de ello el Congreso contribuye con más oxígeno para alimentar la llama de confrontación que puede alcanzar dimensiones de incendio. Un ejemplo más del fallo de las instituciones, no de los instrumentos que se negocian.
 
La realidad concreta, como punto de partida para construir algo de confianza, es el mejor referente cuando los sectores se posicionan y las instituciones fallan. Y creo que aquí y ahora no hace falta volver a consignar las cifras de pobreza, desnutrición, degradación ambiental, inseguridad y vulnerabilidad sistémica creciente, ya conocidas por todos y que, nos guste o no, son consecuencia del modelo establecido en este país y que es tan vehementemente defendido por los sectores empresariales, sin admitir la posibilidad de mejora alguna.
 
Sobre este aspecto se pueden escribir muchas cosas, pero antes de ello, es preciso tratar de entender una cuestión muy básica y asumirla desde una perspectiva más solidaria y menos mezquina. Los pobres no pueden navegar en el mercado –como los empresarios y sus alfiles sugieren– porque no tienen las capacidades humanas ni materiales apropiadas ni suficientes. Lo que se busca con una ley como esta, y otras con las que debería hacer sinergia, es llevar esas capacidades hasta un nivel mínimo necesario para que pueda navegar solo. Para ayudar en este proceso de nivelación es que el Estado debe participar de manera diferenciada –con un rol promotor, subsidiario o regulador– según las necesidades de los habitantes rurales. Si no estamos en capacidad de entender este aspecto, dejémonos de tanta hipocresía barata tipo Guatéamala y otras compañas recientes en contra de la desnutrición que rayan en lo ridículo y aceptemos abiertamente que a una gran cantidad de  guatemaltecos se les trata como colados en su país.
 
Con la  jornada en torno de la 40-84 pierde el Gobierno porque no gobierna;  pierden los empresarios porque se desnuda aún más respecto a su vocación feudal;  pierde el Congreso porque se consolida como disfuncional e inútil y con estas pérdidas se condena aun más a los pobres de este país. Mayor determinación y habilidad para generar confianza y gobernabilidad, mayor humanización de las posiciones y mayor capacidad y honestidad para cumplir con la búsqueda del bien común, es la tarea  respectiva del Gobierno, los empresarios y el Congreso de la República. Y los movimientos sociales, mayor firmeza.