La RBM es el corazón de la Selva Maya, que incluye además, importantes extensiones boscosas protegidas legalmente del Sur de México y de Belice.
La Reserva de Biosfera es una categoría internacional de área protegida, aplicada a grandes extensiones, donde se busca conciliar las necesidades de uso con las de conservación. Esos dos grandes propósitos se gestionan a través de una zonificación que permite diferentes intensidades de intervención. Así, la RBM tiene una zona núcleo (ZN) donde se privilegia la conservación, el turismo de bajo impacto y la investigación científica; una zona de uso múltiple (ZUM) que permite el desarrollo de actividades productivas relacionadas con el manejo diversificado del bosque, el turismo natural, la agricultura de pequeña escala con fines de autoconsumo preferentemente bajo modalidades agroforestales y otras actividades que estabilicen o incrementen la cobertura boscosa. También tiene una zona de amortiguamiento (ZAM) destinada al establecimiento de sistemas familiares de producción agroforestal en cuyo caso la legalización de tierras es una opción legalmente establecida. También se considera compatible el desarrollo de una red de servicios vinculados al turismo en cuyo caso, la infraestructura de servicios es esencial.
Para darle funcionalidad a la RBM y sus zonas de manejo, se impulsaron varios instrumentos. Para el caso de la ZUM, el instrumento principal fue el de las “concesiones para el manejo integral de recursos naturales renovables”. La primera se otorgó en 1994, cuatro años después de la creación de la RBM y culminada la etapa de diseño y formalización del instrumento. Siguió una etapa de aprendizaje que llegó hasta 1998 cuando se mejoraron los procedimientos de otorgamiento y se fortaleció la base técnica del mismo, de modo que siete años después de la primera, se otorgaron 13 concesiones más, con la expectativa de consolidar el proceso en los siguientes años hasta alcanzar su maduración plena. En su momento cumbre, las 14 concesiones abarcaron poco mas de 530,000 hectáreas –67% de la ZUM, 25% de la RBM y 4.9% del país.
Aunque el proceso de concesiones forestales se ha fortalecido a lo largo de los años, todavía no se ha consolidado. Entre los aspectos que lo han fortalecido está la asociatividad promovida por la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP); la integración bosque-industria para optimizar la eficiencia en la utilización de la madera; la certificación internacional y la apertura de mercados; la identificación y el desarrollo paulatino de alternativas productivas complementarias –turismo natural y cultural, manejo de recursos no maderables, principalmente– y por supuesto, el aumento en el nivel de ingresos monetarios de los participantes, cuestión que ha mejorado sus condiciones de vida. No obstante hay carencias importantes que deben enfrentarse. Por ejemplo la baja interacción entre los concesionarios comunitarios y los industriales pese a las intersecciones evidentes; la falta de un esquema de gestión más apegado al uso diversificado o múltiple, estrategia que resulta fundamental frente a la merma del volumen de especies con mercado seguro. Quizá puedan señalarse otras carencias atribuibles a los concesionarios, pero las de mayor significancia tienen que ver con el entorno y con la participación pública. En ambos casos, obviamente, las carencias son totalmente atribuibles al Gobierno. Por un lado, las concesiones están expuestas a un entorno sumamente inestable y amenazante caracterizado por un bajo respaldo político para la gestión de la RBM conforme sus objetivos de creación; debilidad institucional y consecuentemente, baja capacidad de control territorial; ocupación ilegal de espacios protegidos; ampliación de sistemas de producción incompatibles; focos de ingobernabilidad en expansión; deforestación que alcanzó una tasa anual de 3.13% en el último quinquenio; zozobra derivada de discursos políticos e intereses corporativos que se contraponen a acciones en marcha, entre otros. Todos estos factores establecen una condición de alta vulnerabilidad para el proceso e impiden su consolidación e institucionalización. Esta realidad explica, en primera instancia, la suspensión definitiva de tres concesiones comunitarias y el estado de alerta para otras tres.
Pese a ello, este instrumento ha resultado ser altamente efectivo respecto a los propósitos de conservación de las masas boscosas y de impulso al bienestar humano en la RBM. Quizá con más efectividad que en zonas núcleo como los Parques Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre. La tasa de deforestación en las concesiones no ha sido mayor de 2% en 15 años.
Esa preciso que el Gobierno asuma un rol diferenciado en la conducción de las concesiones comunitarias. Un rol promotor para aquellas que son más vulnerables por las características de los concesionarios –por ejemplo los migrantes agrarios–, los atributos de los bienes naturales de las concesiones –abundancia de recursos maderables y no maderables, por ejemplo– y por la intensidad de las amenazas del entorno; un rol subsidiario para las concesiones en mejores condiciones –los recolectores y los más experimentados en la gestión forestal– y un rol facilitador y regulador para las concesiones industriales.
El fortalecimiento de los procesos de uso de recursos comunes –URC– resulta una alternativa frente a instituciones públicas débiles y contextos difíciles. La premio Nobel Elinor Ostrom propuso ocho factores condicionantes del éxito en iniciativas de URC, la mayoría de los cuales están presentes de manera apropiada en el proceso concesionario de Petén. Estos factores son: (i) límites claramente definidos; (ii) coherencia entre las reglas de apropiación y provisión con las condiciones locales; (iii) arreglos de elección colectiva; (iv) monitoreo; (v) sanciones graduadas; (vi) mecanismos para la resolución de conflictos; (vii) reconocimiento mínimo de derechos de organización y; (viii) múltiples niveles de organizaciones anidadas.
El proceso de concesiones forestales de Petén es de gran escala, ha durado ya más de 15 años y ha sido altamente efectivo en la búsqueda de los objetivos de la RBM. Es deber del Gobierno y de los movimiento sociales propiciar su consolidación, maduración e institucionalización con mayor determinación.
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