Desde la última Maquila dedicada al tema de las Comisiones de Postulación, en la cual llamaba a mantener un enfoque pragmático sobre la conformación de las Cortes, hay que reconocer que dos sucesos han cambiado, al menos provisionalmente, lo que se consideraba como el final anunciado de esta historia.
Estos sucesos tienen qué ver con el enorme valor que han mostrado la magistrada Claudia Escobar y quienes interpusieron las acciones de amparo últimas, para denunciar y enfrentarse a una maquinaria que ha orquestado la toma de la judicatura. La decisión de la Corte de Constitucionalidad, suspendiendo provisionalmente la posesión de los magistrados de la Corte Suprema y de las Salas de Apelaciones, ha abierto un lapso, antes de la resolución definitiva, que la misma Corte calcula durará al menos 45 días.
Durante este tiempo, seremos testigos de intensas negociaciones políticas y campañas de desinformación, que buscarán ubicar en la disputa izquierda y derecha –léase comunistas versus patriotistas, o buenos ciudadanos contra los malos– un tema que por su naturaleza debe ser tratado desde la perspectiva técnica: conformar los tribunales con jueces idóneos para desempeñar ese trabajo, y no con cualquier abogado.
La justicia y el combate a la impunidad son temas demasiado serios para dejarlos en manos de los abogados, políticos o activistas. Ante todo, este es un tema de ciudadanía organizada, que hasta ahora parece ajeno y desconectado de las necesidades de una sociedad acostumbrada a un escándalo semanal, que el sistema de justicia no resuelve, porque no está destinado a resolver.
Al ciudadano de a pie le afecta, por ejemplo, un funcionario que desfalca al Ministerio de Salud o a la Seguridad Social y como consecuencia, la atención médica es deficiente, o simplemente no hay medicinas. Un sistema de justicia que no juzga y condena a ese funcionario, o no persigue al alcalde que desvía los fondos municipales a sus propias cuentas o de familiares, simplemente no cumple las funciones para las que existe en una democracia funcional. Lo mismo que para empleadores o trabajadores que ven cada conflicto laboral extenderse al infinito. O para esa madre cuya hija que fue asesinada en la calle, y se marchita buscando una justicia capaz de investigar y sancionar a quienes ordenaron y ejecutaron esos actos en los años ochenta, o hace unos días.
Los llamados para revisar y repetir el proceso de selección de magistrados, realizados por diversas organizaciones internacionales y nacionales, así como por el Procurador de los Derechos Humanos, la Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial y la CICIG, deben servir a Guatemala para que la selección de jueces se realice a través de un proceso técnico apegado a los estándares internacionales, que fortalezca una carrera judicial con evaluaciones de desempeño, sanciones y faltas, que a su vez fortalezcan un sistema de ascenso por méritos, como procesos autónomos dentro del Organismo Judicial.
Este tema debe ser sujeto de una auditoria ciudadana, que incluya a la sociedad civil en sus expresiones más amplias, incluyendo al sector privado, los colegios profesionales, y las facultades de derecho. Estos dos últimos entes deben transformar su rol actual, ampliamente revisado y criticado durante este último proceso.
La realidad, triste o no, es que el sistema de Comisiones de Postulación, que se ha mostrado permeable a intereses de grupos fácticos, no puede garantizar la idoneidad de quienes son seleccionados para conformar las Cortes. Tampoco lo puede hacer el Congreso, dado que su selección final es el producto de negociaciones políticas, como las que en esta ocasión, son el fruto de un pacto inédito de la bancada oficial, y el mayor partido de oposición, que se verán las caras en las próximas elecciones presidenciales, pero pueden pactar, convenientemente, la conformación del poder judicial.
Piénselo. La impunidad le afecta a usted también. Actúe. No deje pasar la oportunidad.
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