Poco después de la anulación de la sentencia del caso de Genocidio, las Comisiones se anunciaban como la siguiente batalla para los grupos de poder fáctico, en razón que controlar el sistema de justicia, especialmente el MP, permitiría anular cualquier posibilidad futura que nuevos casos sobre el Conflicto Armado Interno lleguen a los tribunales, al igual que anularía cualquier intento de persecución penal por casos de corrupción, o contra grupos del crimen organizado.
En otras palabras, controlar el proceso de las Comisiones es clave para los grupos comprometidos en conseguir que el sistema de justicia coadyuve a la impunidad, y por la misma medida, la importancia de garantizar que el sistema funcione correctamente es clave para fortalecer el sistema de Justicia, la transparencia en la gestión estatal, y el funcionamiento del sistema electoral.
Y es que a lo largo de 2014, empezarán su funcionamiento estas comisiones, cuyo objeto puede resumirse en elaborar una lista de candidatos para conformar la Corte Suprema de Justicia, las Salas de Apelaciones, el Tribunal Supremo Electoral, renovar a tres miembros del Consejo del Ministerio Público, y a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Igualmente, las Comisiones deberán elaborar la lista de candidatos a dirigir el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y el Instituto de la Defensa Pública Penal. De estos procesos, los que concitan en este momento una mayor atención de la ciudadanía son los de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, así como del Fiscal General.
La naturaleza de este tema hace que el debate sobre las Comisiones tenga una naturaleza urbana- capitalina, y abogacéntrica, que ahora mismo comienza a ubicarse, gracias a los esfuerzos del Sistema de Naciones Unidas, en dos puntos fundamentales: los criterios de selección que usan las Comisiones –especialmente el requisito de reconocida honorabilidad, de difícil y subjetiva medición, inclusive para los especialistas− y la especial atención que requieren los perfiles de quienes conforman las Comisiones, con énfasis en el rol que cumplen rectores de universidades, decanos de facultades de derecho, los representantes del Colegio de Abogados, y los intereses económicos y políticos que pueden representar. Sin embargo, no se puede negar que existe un cierto morbo en el ambiente, por llegar al momento de las tachas, que en el proceso anterior estuvieron marcadas por el papel estelar del ex Comisionado Castressana y sus powerpoint.
El debate no es sencillo. Por poner un ejemplo, con el sistema actual, se puede colocar como magistrado de la CSJ o como Fiscal General, a un profesional del derecho de reconocida honorabilidad, que no ha ejercido jamás la judicatura o ha sido fiscal y cuyo ejercicio profesional le coloca en conflicto con los intereses que defendía mientras era abogado en el libre ejercicio de la profesión. De la misma forma, el proceso de tachas puede destruir la carrera profesional de un buen abogado, al sujetarse a unos criterios de medición excesivamente subjetivos.
De esta forma, el Sistema de Comisiones se convierte en un obstáculo para fortalecer un sistema de carrera judicial vinculado a un régimen disciplinario y de evaluación de desempeño, que premie los méritos de los buenos jueces con la posibilidad de ascender.
Pese a que las Comisiones cumplan su cometido con cabalidad, y que los mejores candidatos pasen a integrar el sistema de justicia, los retos que éste enfrenta, hacen prioritario pensar en una reingeniería de un sistema, que desde una perspectiva garantista, permite que el sistema de mayor riesgo se encuentre al borde de un colapso, al privilegiar las excepciones dilatorias, especialmente al Amparo, convertido en un arma privilegiada que siempre lleva hacia la Corte de Constitucionalidad, que es la verdadera última instancia judicial.
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