El Embajador Ron Kirk, director del United States Trade Representative, destacó estos acuerdos como logros para expandir los lazos con socios estratégicos en América Latina y Asia. En estos casos, las negociaciones se convirtieron en procesos complejos, que pusieron en juego intereses específicos de los Estados Unidos en sus nuevos socios comerciales, tales como un mayor acceso al mercado automotriz coreano, la transparencia del sistema impositivo panameño y la situación de derechos laborales en Colombia.
En el caso de Colombia, el plan de acción Obama -Santos, aprobado por los dos gobiernos el pasado abril, contiene compromisos que Colombia ha asumido para mejorar el cumplimiento de los derechos laborales, que incluyen la creación de un ministerio específico para el ramo –que actualmente funciona bajo el Ministerio de Previsión Social– y el fortalecimiento del servicio de inspección laboral –con la contratación de un cuerpo de 450 inspectores.
Colombia se comprometió también a la creación de programas especiales de protección para líderes sindicales, y a mejorar la investigación criminal de los casos de muertes violentas de sindicalistas, a través de un mayor apoyo de la Policía Judicial a la acción del Ministerio Público, y capacitaciones específicas para los fiscales a cargo de estos casos. A esto se añaden reformas a la legislación penal, que crean delitos por la violación de derechos laborales, incluyendo el utilizar la contratación colectiva como un instrumento para ofrecer mayores beneficios a los trabajadores no sindicalizados.
Los medios colombianos han analizado durante el fin de semana a los sectores que serán los presuntos ganadores – textiles, banano y flores– y los perdedores –agro, lácteos, productos avícolas. Como es usual, se ha hecho presente el inagotable debate sobre los tratados de libre comercio, que de acuerdo a algunos sectores sociales constituyen un riesgo para la soberanía nacional, que desatarán el hambre y la pobreza, en contraposición con las voces empresariales que prometen – casi ingenuamente– la creación de cientos de miles de empleos.
Si se comparan las medidas comprometidas por Colombia, con aquellas que fueron parte de la negociación con Guatemala, antes de la solicitud del panel arbitral, se pueden encontrar algunos puntos comunes, que dejan claridad sobre el modelo del USTR: una institucionalidad del trabajo fortalecida, con la inspección del trabajo en un rol central para garantizar el cumplimiento de la ley laboral. Un incremento sustancial del número de inspectores. Un marco de sanciones para el incumplimiento de la ley laboral, que en el caso colombiano van hacia lo penal. Y una voluntad clara por investigar las muertes violentas de sindicalistas.
Para Guatemala estas medidas no son nuevas. Son, en gran parte, las recomendaciones realizadas por OIT durante varios años. Sin embargo, sí existe una diferencia entre Guatemala y Colombia, en el enfoque estratégico con que se ha encarado este tema. A manera de ejemplo, Colombia introducirá tipos penales para sancionar el incumplimiento de la ley laboral, mientras Guatemala defiende a ultranza la inconstitucionalidad de las sanciones administrativas de la Inspección, llevada al extremo de no buscar alternativas para sancionar las faltas a la ley laboral.
Lo cierto, es que una vez cerrado el caso de Colombia, el USTR puede centrarse nuevamente en la solicitud del panel arbitral. Los Estados Unidos parecen dispuestos a hacer de Guatemala un ejemplo para sus socios comerciales sobre el cumplimiento de estándares laborales. Y Guatemala, objeto de un párrafo especial en la última Conferencia Internacional del Trabajo, parece bastante vulnerable.
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