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El estado de sitio con que se respondió a la toma del destacamento de Barillas por parte de una población enfurecida, no sólo fue desproporcionado –la calma ya había vuelto para ese momento- sino sobre todo supuso un desprecio hacia los hechos que ocasionaron la revuelta: la emboscada en la que murió un líder comunitario y otros dos resultaron heridos, presuntamente por personal de seguridad de Hidro Santa Cruz.

Una primera lectura puede hacernos pensar que la imagen de unos civiles desarmando un destacamento militar, fue suficiente para hacer saltar por los aires todo el esfuerzo del General Presidente Otto Pérez por mantener una imagen civilista. No era más que cosmética electoral, y a la primera ocasión, (bueno, ya nos dio un adelanto en Cunén en enero), reaccionó usando la fuerza y la lógica militar de una manera desproporcionada. Es decir, en Barillas se retrató.

Pero si despersonalizamos de la imagen del General y miramos atrás unos años, veremos que finalmente esta reacción es un paso adelante en la dinámica de represión y criminalización de las protestas sociales que viene dándose al menos desde el gobierno de Berger y después el de Colom. Son los mismos años en que la economía del país se abrió a la explotación salvaje de los “recursos naturales”-como ocurrió en toda América Latina-. También es una dinámica paralela al descrédito y la descomposición del sistema de representación democrática que se intentó (¿) articular en los 90 alrededor de la firma de la paz.

En esta Guatemala post paz cada vez fueron siendo más corrientes las formas de represión que habían florecido en los 70 y 80 del siglo pasado, unidas a las nuevas formas de criminalización “legal” y de “limpieza social” combinadas con la impunidad hacia los actos de las empresas. Las cifras de UDEFEGUA lo muestran. La muerte de líderes de San Marcos, Livingston, San Juan Sacatepéquez, los hostigamientos en Ixtahuacán, Cunén, son sólo ejemplos que sumados tienen sentido. Finalmente, los violentos desalojos del valle del Polochic el año pasado –carpas ardiendo, familias huyendo, muertos de bala, ante la mirada de la MP, de la PDH y de los “dueños” de las tierras - fueron el paso anterior a esta decisión.

En esta escalada, el Estado de sitio implica una versión muy peligrosa de la legalidad –mantener el estado de derecho a base de conculcar los mismos derechos que lo definen-. Además, desde que llegó al poder, el General Presidente Otto Pérez está implementando la lógica de ocupación militar del espacio a base de instalar “brigadas” militares en ciertos puntos de la geografía nacional. No son puntos cualquiera, pero tampoco son puntos con especial peligrosidad o estratégicos: son puntos de “conflictividad social”, como San Juan Sacatepéquez, Playa Grande….

Si combinamos estos elementos vemos que el Ejército de Guatemala, nuevamente se va a dedicar a “defender” el país de sus “enemigos” más peligrosos: las personas que se organizan y que exigen los derechos. Esto sí es peligroso, es la recreación de la lógica del “enemigo interno” como forma de considerar la participación política, en que los que reclaman son vistos criminales, enemigos del Estado a los que hay que neutralizar usando la fuerza militar. Esta lógica fue la base de la doctrina de Seguridad Nacional que se instaló en América Latina en los años 70 del siglo pasado, y que en Guatemala tuvo su expresión más álgida con los 250 mil muertos, todos ellos “enemigos del estado”.

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Pero a lo que estas tropas se “enfrentan”, en Barillas, en Polochic o en Cunén no son enemigos ni criminales, sino ciudadanos. Sólo ciudadanos y ciudadanas de Guatemala que conocen sus derechos y están dispuestos a defenderlos. Los relatos que se escuchan de las comunidades son muy similares: en cierto momento llegó “la empresa” –sea minera, cementera, petrolera o hidroeléctrica- y la gente vio cómo se talaban árboles, cerraban caminos, se cegaban ojos de agua y se desviaban cauces. Aparte de la legalidad o no de su presencia, todos y cada una de los relatos hablan de la prepotencia, el uso de la fuerza,  la impunidad, y sobre todo el desprecio por la dignidad y la voluntad de la gente a la que las obras afectaban, llegando al uso de la fuerza cuando así lo consideraban, y obteniendo siempre el apoyo de las autoridades.

Pero en muchos lugares la gente respondió. Después de varias décadas de organización local y comunitaria, después de un proceso de “concientización” y un genocidio; después de veinte años de escuchar hablar de derechos humanos y derechos indígenas, de Convenios y Constituciones, de democracia y “rostro maya”, las comunidades se organizaron. Necesitaban defender prácticamente lo único que les queda después del terrorismo de estado y las políticas neoliberales: su entorno más inmediato y su dignidad.

Y lo han estado haciendo en pequeñas luchas locales y en formas organizadas más amplias. Y lo que hay que resaltar, lo que llama la atención, es la forma pacífica y dentro de la legalidad con la que se ha respondido a estas agresiones que han sufrido sus territorios, sus cuerpos y sus vidas. Las más de sesenta consultas comunitarias de buena fe realizadas son la parte más conocida –pero en absoluto la única- de esta lucha, y un buen ejemplo de esa legalidad. Son un ejercicio ejemplar de comportamiento ciudadano, mucho más impresionante en el contexto de precariedad, migración, violencias diversas y pobreza crónica que se vive en el altiplano. Lo que llama la atención no es tanto la cantidad de ellas celebradas, sino la impresionante respuesta allá donde se han realizado.

El millón de guatemaltecas y guatemaltecos que participaron en los largos procesos que culminaron con sus firmas en las actas de las consultas, son gente que está diciendo que quiere ser tenida en cuenta en aquellos asuntos que les afectan directamente. Lo expresaron siguiendo las formas acostumbradas de tomar decisiones colectivas; y acudiendo a las leyes y convenios firmados por Guatemala (aunque después la Corte de Constitucionalidad dijera que no son vinculantes, y que el Ministerio de Energía de turno insista en que no es atribución municipal decidir sobre el subsuelo).

Ante cada uno de estos ejercicios de ciudadanía, el Estado de Guatemala ha respondido, una vez más con el menosprecio, el desprecio y el silencio. No sólo las consultas no se han tenido en cuenta, también los “diálogos” se agotan en comisiones inoperantes, las empresas continúan sus trabajos, los acuerdos se anulan a la mañana siguiente de ser firmados….  Por eso llama mucho más la atención la capacidad de espera y la escasez de violencia. Episodios como el de Barillas no han sido frecuentes, y por eso son mucho más significativos: qué grado de frustración debe haber en esas comunidades y muchas otras…. Y el Gobierno no sólo les banalizó y criminalizó –“beodos de feria”, “sicarios del crimen organizado”- sino que llegó a lo más sagrado: despreció a sus muertos. Después de 15 días de estado de sitio, el resultado fue de 17 líderes comunitarios detenidos y ni un solo sospechoso de la muerte de don Andrés.

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Ahora, con el fin del estado de sitio, se supone que “el estado de derecho” regresó a Barillas.  Pero ya sabemos lo que eso significa para las comunidades que llevan tres años oponiéndose a la hidroeléctrica: 17 personas a punto de entrar en el abismo sin fondo de la justicia guatemalteca; familias huidas en la montaña. Hay un asesinato que aclarar y el MP ha corroborando la versión inicial de la vinculación de los hechores con Hidro Santa Cruz (aunque algunos medios insistan en ocultarlo). Pese a ello, “la empresa” continúa sus actividades impunemente y con todo el apoyo del estado. Estamos igual que hace un año después de los desalojos del Polochic. O peor, mucho peor, porque la militarización ha avanzado, no sólo territorialmente, sino en los argumentos y las mentes de quienes mandan en este país; mientras ha crecido el número de “enemigos internos” a los que hay controlar.

¿Qué ha cambiado entonces desde 1978, 1982 o incluso desde 1996?

Si algo ha avanzado, a pesar de los 250 mil muertos y los años de represión, militarización y miseria, es la conciencia ciudadana de los guatemaltecos y guatemaltecas. Especialmente de esos millones de mayas y otros indígenas que históricamente no han sido considerados parte del conjunto social. En medio de la falta de salidas, de las violencias cotidianas y de los desprecios históricos, saben que son ciudadanos y no súbditos, que tienen derechos por ser guatemaltecos y por ser pueblos indígenas, y están dispuestos a defenderlos.

Las élites guatemaltecas también se han renovado y ampliado estos años. Pero pareciera que el pensamiento oligárquico de base criolla se mantiene como su núcleo ideológico. No son capaces de pensar en respuestas a los reclamos de participación y de respeto de los y las guatemaltecos. Son incapaces de concebir una sociedad que no sea de súbditos. Ante las manifestaciones de desacuerdo al modelo político y económico al que nos han ido abocando, acuden a los demonios más viejos del anticomunismo y el racismo: los discursos sobre la manipulación, los extranjeros, los “terroristas” han pasado de las columnas periodísticas y los “noticieros” a la boca de los funcionarios gubernamentales.

Así que tenemos que estar preparados. El estado de sitio y la ocupación militar del territorio no han sido algo aislado; el saqueo va a continuar y nos va afectar a todos. Muchas comunidades siguen atentas, defendiendo sus territorios ante la impunidad de “las empresas” y la represión de las autoridades. Es muy probable que sigan los muertos. Las comunidades siempre ponen los muertos anónimos, pero lo que nos jugamos es el futuro de todos. Por eso, los que podemos, desde nuestros sillones cómodos de la capital, tenemos que mostrar también nuestro enojo y nuestra ira ciudadana. Por eso, todos somos Barillas.

Santiago Bastos es antropólogo.