El derecho a elegir y ser electo es la piedra angular que transformó la historia de la humanidad: de las monarquías y los gobiernos tiránicos, a la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda gobernar, por medio de elecciones libres. Bajo sus principios, quien gobierna lo hace de manera transitoria y bajo el control de las leyes y de la institucionalidad. También que se ejerce la función pública, asegurando amplias garantías a los ciudadanos y el respeto a los derechos humanos. Este es el mecanismo destinado a realizar el objetivo democrático: alcanzar el “bien común”.
En su difícil tránsito hacia los valores de las sociedades modernas, Guatemala estableció en la Constitución Política de la República preceptos que configuran el ideal democrático. Sin embargo, no basta la letra muerta. Para darle vida a un ideal, es necesario que los ciudadanos desarrollen convicciones y participen de manera activa en convertirlo en vivencia cotidiana. A partir de la promulgación de la Constitución, hemos tenido cerca de cuarenta años para convertir la democracia en un modo de vida. Desafortunadamente, las elecciones que se celebrarán en pocos días son una bofetada que nos debería despertar y hacernos ver el rotundo fracaso de un proyecto que ni el Estado, ni la sociedad guatemalteca hizo propio.
En Guatemala, el concepto de ciudadanía es impopular. Una gran mayoría no siente la dignidad necesaria para confrontar al poder público, ni se siente parte de una comunidad. El sentimiento generalizado es el aislamiento, cada uno de nosotros debe salvarse como pueda. La organización social siempre se ha combatido desde el poder político y económico. El ataque se ha concretado por medios represivos, pero también a nivel del imaginario: se desprestigian las manifestaciones, se cuestiona la resistencia al abuso y también cualquier intento de consolidar el poder popular o defender los derechos colectivos. La ausencia de cultura política genera personas alienadas de sus propios intereses, creyentes de que su postura representa “valores”, sin comprender que son víctimas de una estrategia malsana para evitar que el país pueda ofrecer oportunidades para todos y hallar el camino a una verdadera prosperidad.
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Para comprender este fracaso, quizá debemos encontrar las claves de la destrucción de los valores ciudadanos. ¿Cómo lograron borrar del imaginario colectivo la concepción de que “lo público” nos pertenece y que su defensa es legítima? El discurso “tradicional” sigue alimentando la idea de que defender lo nuestro es “subversivo”. Algo fraguado maliciosamente para destruir “nuestros valores”. Lo que realmente nos están proponiendo es darle sostén al orden antidemocrático que contraviene el espíritu de la Constitución, un documento que formalmente está vigente, pero que ha sido destruido, no solamente en su espíritu, sino en su aplicación. Además, en esas ideas está implícito que debemos avalar de manera sumisa los abusos de poder. Someternos mansamente a un orden que solamente beneficia a un minúsculo grupo de personas y callar.
Estamos frente a un deterioro masivo de los valores éticos de nuestra sociedad. Lo que se premia es la corrupción, la falta de decencia, la pertenencia a organizaciones criminales. El país se muestra como un territorio abierto a la depredación. Quienes defienden este orden distópico, se muestran arrogantes y orgullosos de su mediocridad, ignorancia y ausencia total de dignidad.
Todas estas reflexiones nos llevan al cartón de lotería que nos presentarán cuando ejerzamos el voto el día 25 de junio. Los rostros que vemos allí son, en una abrumadora mayoría, la encarnación de toda la alienación antes descrita. Personajes que se han prestado en el pasado, o que se prestarán en el futuro, para consumar la terminación del proyecto democrático. Son miembros de “partidos políticos” cuyo orgullo es no tener ideología, o sea, recipientes formales que se compran o se venden al mejor postor. Empresas electorales que, de forma desfachatada, colocan en los puestos de elección a gente sin ninguna preparación, en muchos casos con vínculos criminales, consolidando enormes redes de nepotismo, clientelismo, destinadas a una sola cosa: apropiarse de los recursos colectivos, bajo la sombrilla de la impunidad.
En perfecta armonía con estas propuestas electorales, el TSE y todo el sistema judicial se han convertido en operadores al servicio del manoseo del proceso. Terminar con la credibilidad del sistema electoral ha sido la tapadera que le han puesto al pomo para demostrar, simbólicamente, que la apertura democrática que se inauguró con la promulgación de la Constitución y la firma de los Acuerdos de Paz ha llegado a su fin.
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Para encarar la total entropía en que ha caído el país, hay que retomar la ética de lo público como bandera. Si bien el ejercicio del voto nos llega enturbiado por toda la dinámica que le han impuesto al país, todavía se presentan a elección candidatos honestos, respaldados por auténticos partidos políticos que sí representan intereses colectivos. Optar por el voto ético destinado a apoyar a quienes han emprendido el tortuoso camino de construir partidos serios a contracorriente, se constituye en una respuesta contundente para una ciudadanía desapoderada y disminuida en su capacidad de reacción.
Debemos reflexionar que no solamente estaremos votando por el presidente. También se nos pondrán enfrente 2 boletas para elección de diputados que resulta crucial. Si comprendemos que muchos de los partidos son mera fachada del proyecto oficialista, votar para que no se consolide en el poder se convierte en una estrategia ciudadana necesaria. Deberemos votar también en la papeleta de diputados al Parlacen, un inoperante organismo, excepto para quienes procuran impunidad. Y finalmente, los votos destinados a elegir alcaldes en los municipios del país tienen la llave para el mejoramiento directo de la vida de los vecinos. Muchas alcaldías están tomadas por narcotraficantes y otros criminales. La mayoría se unió a la alianza oficialista. El voto debería enfocarse en sacarlos de allí.
En el caso de la ciudad de Guatemala, las condiciones de vida de los capitalinos se han deteriorado sustancialmente tras el prolongado gobierno municipal. Cerca del 30% de la población del país vive en la capital. Sin agua, sin transporte público, con un tráfico que impide la movilidad, con índices crecientes de inseguridad, la ciudad de Guatemala merece un cambio de gobierno.
Muchos guatemaltecos han manifestado que, en ejercicio de su libertad, optarán por emitir un voto nulo o se abstendrán de votar. Este creciente impulso también constituye una respuesta ética a la vergonzosa embestida de la corrupción y el abuso. Se trata del manifiesto rechazo al manoseo que ha sufrido el proceso electoral, pero va más allá: nos permite ver que muchos ciudadanos comprenden que ya no vivimos bajo el orden constitucional y que el sistema político está colapsado. La funcionalidad del gobierno depende de la credibilidad de los gobernados. La desafección de una enorme cantidad de guatemaltecos a participar políticamente con el ejercicio del voto, es el síntoma más claro del fracaso de una institucionalidad que no logramos consolidar. Sin la garantía institucional, ¿qué nos depara el futuro?
