Un año de estado de excepción en Honduras, ¿inspirado en el modelo Bukele?
Un año de estado de excepción en Honduras, ¿inspirado en el modelo Bukele?
Honduras cumplió un año bajo estado de excepción. Esta medida, inspirada en el modelo de seguridad salvadoreño de Nayib Bukele, fue aprobada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro en diciembre de 2022 como respuesta a las acciones de grupos criminales, especialmente de las pandillas. Mientras el gobierno celebra las acciones, doce meses después, existen denuncias por desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, lesiones y otros delitos perpetrados por agentes de seguridad en barrios y colonias estigmatizadas como pobres y consideradas como guaridas de pandilleros.
Cae la tarde y el cielo en Honduras anuncia lluvias, después de largos días calurosos con termómetros que superaron los 38 grados celsius en El Progreso, Yoro, al norte de este país centroamericano. Carmen, a quien llamaremos así por seguridad, espera en el punto acordado, un céntrico lugar de la ciudad donde espera pasar desapercibida en medio del tumulto de gente. Tiene 42 años. Suda mucho, le tiemblan las manos y su rostro reflejaba una combinación de fatiga y preocupación.
Carmen llegó puntual al lugar acordado acompañada por dos amigos quienes la habían apoyado día y noche en los últimos diez días, desde que su hermano mayor fue detenido y encarcelado. Después de una espera de 10 minutos, llegó el defensor de derechos humanos a escuchar su historia y documentar qué sabe sobre el proceso contra su familiar.
Ambos se saludaron, y él le explicó la dinámica para documentar la denuncia. El defensor es Carlos Paz, coordinador de la organización Cáritas San Pedro Sula, que se dedica a acompañar a familias que denuncian abusos por parte de policías y militares en los operativos realizados en barrios y colonias de esta región del país.
Carlos sacó su computadora y comenzó a hacer las preguntas que figuran en el formulario que utiliza para registrar casos en los que familiares denuncian los excesos y abusos de los agentes de seguridad nacional, incluidos policías y militares.
—¿Qué pasó la mañana que capturaron a su hermano?, así comenzó Carlos su entrevista.
—Iba temprano a mi trabajo. Responde Carmen, continúa su narración, salgo de casa a las 5:30 am, ya que no está tan lejos el lugar donde laboro. Pasadas las seis de la mañana, recibí una llamada de mi mamá, una señora de más de 60 años, preocupada porque la casa estaba siendo rodeada de policías encapuchados: “¡Hija, aquí hay hombres con armas! ¡Vení porque no sé qué buscan!”, fueron las palabras desesperadas de mi madre.
Carmen salió corriendo de su trabajo. No avisó a sus jefes, lo único que pensó fue en el peligro que corría su madre y su hermano teniendo a policías en casa. El miedo de Carmen es similar al que viven los hondureños cuando se trata de escenarios que involucran a las fuerzas de seguridad. Casos donde policías o militares actúan al margen de la ley son muchos y conocidos.
Uno de los episodios ocurrió en noviembre de 2017, con la candidatura inconstitucional del expresidente Juan Orlando Hernández, donde al menos 22 personas fueron asesinadas en el contexto de las protestas post electorales.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) identificó un patrón en las muertes: los 22 casos conocidos fueron de personas acribilladas cuando intentaban huir de sus agresores.
Los medios de comunicación documentaron cómo los policías y militares dispararon a matar desde el día que comenzó ese estado de excepción que duró del 1 de diciembre de 2017 a febrero del siguiente año, tiempo en que hubo protestas y bloqueos en calles y avenidas.
Desde estos acontecimientos han transcurrido seis años. La impunidad persiste en los crímenes, y ni con el cambio de gobierno se logró investigar y sancionar a policías y militares que participaron en las represiones.
En su relato, Carmen hace pausas largas, intenta contener no las lágrimas sino la rabia que se ha apoderado de ella. No logra entender por qué ellos, por qué la policía llegó de esa forma a su casa, capturó a su hermano y lo presentó como un criminal ante los medios de comunicación, sin presentar pruebas.
El hermano de Carmen trabaja a cuenta propia, tiene un taxi que atiende sólo a clientes conocidos de su colonia, como medida de seguridad ante la situación de violencia que se vive en Honduras. La policía lo acusa de pertenecer a la Mara Salvatrucha MS-13, lo señala de ser el distribuidor de armas y usar su vehículo para transportarlas, además de la distribución de drogas.
—¿Sabe qué agentes llegaron a realizar ese operativo?—, insiste Carlos.
—Cuando regresé a casa, mis vecinos dijeron que eran agentes encapuchados que andaban en un carro Toyota Hilux rojo sin placas, vestían de negro y en sus chalecos decía «DIPAMPCO»—, responde Carmen.
La DIPAMPCO, en mayúsculas y letras amarillas, es la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado, instancia recién creada en la administración de Xiomara Castro, en julio de 2022, y sustituyó a la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), que, según las autoridades policiales, tiene como misión contrarrestar de forma integral el crimen común y organizado.
—¿Los agentes mencionaron las razones de la captura? ¿Por qué allanaron su vivienda y detuvieron a su hermano?
—¡Lo siento, Carlos! No puedo seguir. No me estoy concentrando. Vine porque me dijeron que usted me puede ayudar a agilizar la libertad de mi hermano. Necesito que me diga qué podemos hacer para que lo liberen. Los juzgados ya dictaron un sobreseimiento provisional; él deberá defenderse en libertad, pero aún no lo dejan libre. Necesito que me ayude, después seguiremos con el registro de la denuncia. Ahora no puedo, la vida de mi hermano está en las manos de esos agentes.
Carmen no siguió con la entrevista. El miedo y los nervios de denunciar a los agentes que capturaron a su hermano no le permiten continuar. Ante su desesperación, el defensor hizo llamadas a oficinas de derechos humanos estatales y a la comunidad internacional, pidiendo apoyo para lograr la libertad del hermano de Carmen.
Después de un día de presiones, se logró.
Al hermano de Carmen lo detuvieron acusado de traficar armas para la Mara Salvatrucha MS-13. No hubo pruebas y un abogado privado, pagado con el esfuerzo de la familia, más las presiones realizadas por las organizaciones de derechos humanos, lograron ponerlo en libertad mientras se realiza su juicio. Tiene medidas sustitutivas a la prisión y debe firmar cada 15 días en los juzgados.
Carmen asegura que tienen miedo. No sabe por qué les tocó a ellos y cuáles serán las consecuencias que traerá esto a sus vidas. No quiso interponer la denuncia, indica que lo único que busca es que su hermano quede totalmente en libertad porque él no pertenece a ninguna estructura criminal.
Con temor contó que los agentes policiales, cuando hicieron el allanamiento, se llevaron cosas de sus viviendas: «Llegaron como delincuentes, robaron muchas cosas, nos vaciaron la casa».
La detención irregular del hermano de Carmen se da en medio del estado de excepción que se aprobó en Honduras desde hace más de un año, y que es una carta de presentación de la presidenta Xiomara Castro para combatir la inseguridad en el país.
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Al estilo Bukele
El 6 de diciembre de 2022, el gobierno declaró estado de excepción a través del decreto ejecutivo PCM-01-2023, asegurando que así se controlaría a las pandillas tras el repunte de los delitos de extorsión, sicariato y secuestro.
La presidenta Xiomara Castro importó el modelo implementado por Bukele de mano dura contra las maras y pandillas para reducir los delitos, aunque eso signifique saturar las cárceles de personas acusadas de ser pandilleros.
El estado de excepción en Honduras comenzó en 89 barrios y colonias de Tegucigalpa, y en 73 de San Pedro Sula, las principales ciudades del país y en las que, según las estadísticas de la policía, se registran más delitos achacados a la acción de las pandillas, especialmente la Mara Salvatrucha MS-13 y Barrio 18.
El informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) reveló que según datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad, las denuncias por el delito de extorsión de enero a octubre de 2023, fueron de 760, las que se concentran principalmente en los departamento de Francisco Morazán y Cortés, en un tercer lugar Atlántida.
El decreto tendría vigencia 40 días, pero tras ocho ampliaciones cumplió su primer año.
El estado de excepción, que es la suspensión de los derechos a la libertad personal, a la asociación y reunión, a la libre circulación, a la detención o arresto en virtud de mandato escrito de autoridad competente, la garantía de no ser detenido o llevado a la cárcel con auto de prisión habiendo rendido caución suficiente, y a la inviolabilidad del domicilio, está en vigencia en 123 municipios de Honduras.
La policía nacional a través de su vocero aseguró que su implementación logró importantes resultados, entre ellos una reducción en la tasa de homicidios, más de 150 bandas criminales desarticuladas, 3,445 allanamientos de morada exitosos —donde se logró la detención de alguna personas acusándola de pertenecer a una pandilla o estructura criminal— y 3,134 órdenes de captura.
El vocero de la Policía Nacional, el subcomisionado Miguel Martínez Madrid, aseguró que con el estado de excepción el 63 por ciento de los municipios en Honduras, unos 188 de los 298, tuvieron de cero a cinco muertes violentas.
«Y si comparamos el número y la cifra de homicidios del 1 de enero al 8 de diciembre de 2023, nos damos cuenta que es gracias a esta medida que se han logrado salvar 594 vidas, son casi 600 muertes violentas menos el 2023 en comparación del año anterior, lo que representa un 17.5 por ciento de reducción de muerte en Honduras», afirma Martínez.
La Secretaría de Seguridad asegura que además de la reducción en la tasa de homicidios, el estado de excepción golpeó la manera en que se financian las pandillas a través de las extorsiones, la Secretaría manifestó que se salvaron 56.7 millones de lempiras —unos 2,300 millones de dólares—.
Frente a los datos brindados por la policía, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en una encuesta de victimización aplicada a 850 personas en 167 municipios del país, revela que la extorsión aumentó al nivel más alto de los últimos cinco años (un 11%). Además, advierte de nuevas modalidades para ejecutar este delito. El cobro de la extorsión por medio de transferencias bancarias y billetera electrónica va en aumento: pagos por transferencia bancaria creció de 20 a 30 por ciento y los pagos por billetera electrónica creció de 11 a 14 por ciento.
Al cierre de este 2023, unos 350,000 hogares en Honduras son victimizados por la extorsión y el 99 por ciento de los casos no son denunciados, denunció ASJ.
Carlos Paz recuerda que el estado de excepción se presentó bajo el pretexto de reducir los hechos delictivos, pero lo que no menciona el Gobierno es que Honduras no tiene una política de seguridad establecida.
«El estado de excepción debería de implementarse en el contexto de una política de seguridad y el problema es que no la tenemos. Aquí comienzan a brindarle facultades a un cuerpo de seguridad muy cuestionado, la Policía Nacional y la DIPAMPCO, dos entidades que tienen facultades para cometer arbitrariedades y abusos», explica Carlos.
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Otros puntos que asegura Carlos deberán de ser regulados, y que son de mucha preocupación, es que las detenciones se realizan a horas que normalmente no se permitirían, pero que ahora sí se aceptan amparados en el estado de excepción.
«Nos preguntamos qué pasa entre el lapso de la captura y la presentación que se hace frente a un juez. Allí puede ocurrir cualquier tipo de situación, por ejemplo, malos tratos, implantación de prueba, desaparición forzada y violaciones, eso es peligroso porque se violentan los estándares internacionales que el país ha adoptado», añade el profesional.
En Honduras el delito de extorsión no permite medidas sustitutivas, entonces las personas detenidas por esta causa tienen que estar privadas de libertad.
Joel Alemán, Director de Incidencia Política de la organización civil Jóvenes Contra la Violencia, cree que lo aprobado por el gobierno de Xiomara Castro es una copia mal hecha de lo que está en vigor en El Salvador.
«Lo que ha provocado es estigmatizar a las personas que viven en colonias o sectores que aparecen dentro del decreto de estado de excepción. Creo que la presidenta debe buscar otras formas de prevenir la violencia. Lo que está haciendo son paliativos, los jóvenes de esos barrios y colonias pobres no tienen oportunidades, no hay empleo ni acceso a la educación, es por ello por lo que muchos son reclutados por las estructuras criminales y ahora, contrario a revertir esto, se les quiere criminalizar», dice Alemán.
El estado de excepción sigue siendo extendido pero al menos tres ocasiones no fue ratificado por el Congreso Nacional, como lo manda la Constitución, según la Oachudh.
A pesar que analistas y defensores de derechos humanos advierten de los abusos y arbitrariedades que se pueden cometer dentro del estado de excepción, para ciudadanos como Carlos, taxista ruletero de la ciudad de El Progreso, esta medida es positiva porque ha logrado mayores patrullajes en barrios y colonias donde antes no podía entrar, lo que ha permitido que realice su trabajo en estas zonas.
«Desde que escuché de la medida en los noticieros he visto que hay más patrullaje en esos barrios que eran imposible que entráramos, y ahora he comenzado a realizar viajes a estos lugares. Yo creo que el papel de la policía y el ejército está en las calles, cuidando a la gente de bandas o pandillas que no permiten que circulemos libremente», concluye.
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Un mal del pasado
A propósito del estado de excepción, Cáritas logró sistematizar un modo de operar de los agentes de seguridad responsables de los operativos en las zonas que aparecen en el decreto.
Según Carlos Paz, se inicia con allanamientos en barrios y colonias como la Rivera Hernández, Chamelecón, Jerusalén, La Planeta, Choloma y el Carmen, que además de ser empobrecidas y abandonadas, son estigmatizadas al señalar que son las zonas donde viven los pandilleros. Luego de los allanamientos le siguen las capturas por los agentes de DIPAMPCO o la Policía Nacional.
«Hemos denunciado que no se pueden estar capturando a jóvenes por el estado de excepción, porque infringe las normas del Derecho internacional que dejan claro que no se pueden dar capturas por sospechas. Además, se le están dando facultades a la Policía Nacional al hacer este tipo de detenciones las cuales podrían convertirse en un cheque en blanco para que actúen como quieren los cuerpos de seguridad y simplemente ellos están deteniendo a cualquier joven que tiene un tatuaje o le parece que puede ser sospechoso o más aún utilizando el estado de excepción pueden cometer cualquier tipo de arbitrariedades y eso es lo que comenzamos a documentar», argumenta Carlos.
Cáritas, en los últimos meses del 2023 y en marco de este decreto, registró cuatro detenciones de jóvenes que terminan en desapariciones.
«Estas familias nos comentan que llegaron agentes de la DIPAMPCO a realizar allanamientos en estos barrios, meten miedo porque andan encapuchados, con armas y vehículos sin placas. Detienen a los jóvenes bajo la sospecha de ser pandilleros, y en cuatro de estos casos los jóvenes no aparecen. Los familiares los han buscado en postas policiales —sedes donde retienen por 24 horas a las personas— y centros de detención, pero no aparecen, es como que la tierra se los haya tragado», dice Carlos Paz.
El defensor asegura que, dentro de estos cuatro casos, tienen a dos familias desplazadas porque al no encontrar a sus hijos detenidos por agentes de seguridad nacional, fueron a denunciar a los policías, lo que les ha traído amenazas de muerte. Las familias están desplazadas y se les está buscando protección porque los riesgos son altos. Se está denunciando que los agentes de la DIPAMPCO estarían involucrados en la desaparición de los jóvenes detenidos.
«Tenemos el caso de un familiar que dice haber visitado 85 lugares en búsqueda de su hijo capturado por la policía. Todavía el joven está desaparecido a pesar de que se identificó el número de patrulla que lo llevaba». La cifra de personas desaparecidas va en aumento, según los registros de Cáritas, y es preocupante porque son casos de severas violaciones a los derechos humanos, dice Carlos Paz.
Mery Agurcia, defensora y abogada del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), coincide en denunciar que bajo este decreto se realizan detenciones arbitrarias, ejecuciones y lesiones de parte de los cuerpos de seguridad, quienes de manera discrecional hacen uso de la fuerza y cometen abusos, sin que exista supervisión para su comportamiento.
«Lamentamos que el estado de excepción en Honduras sea aplicado de manera discrecional por las autoridades, a pesar de que se conformó una mesa para supervisar las acciones en este marco, consideramos que no está funcionando adecuadamente. Lo más preocupante es que los territorios que están siendo militarizados no hay control de la acción de los agentes de seguridad. Hemos tenido denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, lesiones y otros delitos. Y hasta ahora no hay una cifra creíble desde el poder judicial que indique que este estado de excepción esté funcionando», dice Agurcia.
Criminalizar la pobreza
Joaquín Mejía, abogado e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric-sj), indica que en la declaratoria de estado de excepción se debe valorar de manera objetiva la situación de amenaza, como parte de los estándares en materia de derechos humanos y de legalidad.
«Si el Estado tiene la capacidad o la imposibilidad de resolver la crisis por otros medios legales y no a través del estado de excepción», apunta Mejía, la Constitución de la República plantea que se pueden suspender derechos, sin embargo, «hay derechos que son inviolables».
Entre esos derechos están el acceso a la justicia que no se puede suspender “en ningún momento, pues como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos: «Este derecho es fundamental cuando se trata de estados de excepción. Esta medida de estado de excepción tiene que regirse por el principio de no discriminación, es decir que sea de aplicación general, que "no implique actos discriminatorios fundados en motivos de edad, raza, sexo, idioma, posición económica, etcétera"».
El abogado Mejía recuerda al Gobierno de Xiomara Castro que las medidas que priorizan la represión sin que se acompañen de la prevención pueden mostrar resultados cortoplacistas, pero, con el tiempo, se demuestra que no aportan respuestas eficaces y duraderas al problema.
«En este sentido, es fundamental que el Gobierno de la República comprenda que una política pública de seguridad ciudadana debe ocuparse de las diferentes dimensiones de los problemas que originan la criminalidad y la violencia, y, por tanto, es necesario que sus intervenciones conduzcan a su abordaje integral», concluyó.
Han transcurrido más de dos meses desde que el hermano de Carmen fue excarcelado, pero los cargos en su contra siguen vigentes. Deberá presentarse a juicio para desvanecer las acusaciones formuladas por la DIPAMPCO.
Afrontará este proceso sin confiar en ningún ente de seguridad del Estado, temeroso de ser condenado por residir en una zona incluida en el listado del decreto de estado de excepción o toque de queda al estilo Bukele aprobado por la presidenta Xiomara Castro.
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Este es un reportaje colaborativo entre Radio Progreso (Honduras) y Radio YSUCA (El Salvador) con apoyo de Plaza Pública (Guatemala). Miembros de la Comisión Centroamericana de Medios de la Compañía de Jesús (CCAM).
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