Por el contrario, con la sociedad y los pueblos de Huehuetenango, más que dialogar, ha llegado con garrote. Y en su vagón ha logrado encaramar a los otros poderes del Estado. En particular, al sistema de justicia, que hoy por hoy está a las órdenes del Ejecutivo y de los espurios intereses que este defiende y representa.
La repartición cual piñata del territorio huehueteco entre licencias de exploración y explotación de recursos naturales ha posicionado al Gobierno como el exterminador de la vida. Hidroeléctricas y mineras son, en esencia, los giros industriales principalmente favorecidos con la facilona actitud gubernamental.
Para los pueblos de Huehuetenango, el Gobierno ha sellado los oídos con cera empresarial. Con este sector ha diseñado estrategias que han incluido el control de las resoluciones judiciales y el uso de la fuerza militar como presunta arma disuasiva.
Es un camino peligroso que lleva de nuevo a las fuerzas armadas al filo del desborde funcional, como sucedió durante el conflicto armado interno. Si no, ¿cómo se explica que, a petición de la expresidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados, Anabella Cardona, el Ministerio de la Defensa impartiera charlas sobre derecho garantista versus derecho penal del enemigo? Estas se realizaron en instalaciones militares del país, y jueces y magistrados fueron invitados. Huehuetenango no fue la excepción.
Cuando la autoridad política cercena el diálogo porque defiende intereses ajenos a la sociedad, el espacio empieza a cerrarse. Cuando impone la fuerza militar como única herramienta de relación social, el cierre es total. Pero cuando además utiliza el sistema penal para quitar de en medio el legítimo y reconocido liderazgo comunitario, pone candado y desaparece la llave de la democracia.
Y eso es lo que ha hecho el gobierno de Pérez Molina en alianza con Baldizón al controlar las cortes en Guatemala. Con ello han impuesto un mecanismo de clausura absoluta al diálogo, de aniquilación del movimiento social, al mejor estilo de la estrategia contrainsurgente, propulsora del genocidio.
Ya lo dijo el mascarón de proa de la ideología neofascista instalada en el país con la anuencia del Gobierno. Van con el estandarte de guerra, una vez más, en contra de la población. Van con los tambores de campaña para impedir que las voces de la disidencia a sus políticas antihumanas se alcen para denunciar sus abusos y detener la arbitrariedad. Eso explica la saña con la que se ha usado indebidamente el derecho penal contra Rigoberto Juárez, Domingo Baltazar, Saúl Méndez y Rogelio Velásquez, así como contra el liderazgo comunitario en Huehuetenango.
El cierre de espacios para el ejercicio pleno de la defensa de derechos humanos, incluido el derecho al territorio, es la única política de derechos humanos del actual gobierno. Un cierre de espacios que está arrinconando y eliminando el liderazgo legítimo. Todo indica que el Gobierno, su aliado y sus patrocinadores solo buscan elevar el fuego a la olla para que explote y justifique un accionar más violento. Para ello cuentan con los recursos del poder político, económico, mediático y judicial. Detener esa perversa intención es una necesidad vital y de supervivencia comunitaria que pasa por la denuncia de las maniobras oficiales, la unidad social ante la arbitrariedad y la más amplia solidaridad con los perseguidos.
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