Tres fueron los votos que culminaron un proceso que estuvo viciado desde el inicio. La ausencia de ética y honorabilidad en un número importante de miembros de las comisiones de postulación, fue la tónica. Quienes tenían en sus manos la responsabilidad de seleccionar las mejores opciones para integrar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelaciones (SA), reprobaron la prueba. Siguió el turno del Congreso de la República en donde las y los diputados alineados al pacto en cuestión, enarbolado por el Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Lider), completaron el amarre.
Quedaba entonces en manos de la CC la última posibilidad de proteger el Estado de derecho mediante la anulación de un proceso cuya evidencia de vicio no deja lugar a dudas. Las imágenes periodísticas que mostraban a postuladores y postuladoras intercambiando datos sobre las calificaciones y acuerdos son un ejemplo. Igualmente, la confesión de un aspirante sobre los motivos de su encuentro con Arnoldo Medrano en calidad de operador político para la elección. Y, sin lugar a dudas, la prueba reina la constituye el audio de la reunión entre el diputado del PP Gudy Rivera, el abogado de la vicepresidenta Eduardo González Portillo y la magistrada Claudia Escobar. La grabación evidencia que Rivera y González habrían insinuado apoyar a la magistrada para ser reelecta a cambio de favorecer a la vicemandataria, afectada por sentencia del Tribunal Supremo Electoral.
Pese a ello, el tribunal constitucional resuelve en definitiva, mantener el estado de cosas, lo cual implica que tanto la CSJ como las SA no estarán en el marco de un sistema de justicia independiente. Por el contrario, serán las armas fundamentales del indispensable manto de impunidad que requieren los actuales gobernantes y su aliado esencial en la jugada, el presuntamente opositor partido Lider.
Para lograrlo, contaron con el servicio indispensable del presidente de la CC, Roberto Molina Barreto quien, en tanto representante de la CSJ, buscaría la reelección por el mismo ente, en el 2016. De allí que fuera el principal operador para llevar adelante el arreglo que terminó con el asalto al sistema de justicia. De la mano de Molina Barreto estuvieron en la jugada, como otras veces, Alejandro Maldonado Aguirre y Héctor Hugo Pérez Aguilera.
Este trío de magistrados constitucionales incumplió la única obligación de su cargo: proteger el orden constitucional. Por lo tanto, forman parte activa del pacto de impunidad y se convierten de hecho, en edecanes de la misma. Ellos son en este momento, el rostro visible de la ausencia de ética que prevaleció en las postuladoras. Son también el brazo ejecutor del zarpazo al sistema de justicia y, son igualmente responsables de la destrucción de la ya lastimada confianza social en el sistema.
Merced a los servicios prestados por los edecanes de la impunidad, la CSJ y las SA estarán copadas por un entorno de abogados comprometidos con el organismo ejecutivo, en particular con el partido en el gobierno. Serán el complemento del esfuerzo corruptor que derivó en la cooptación de la Fiscalía General y servirán de parapeto a la arbitrariedad y la corrupción.
Molina Barreto, Maldonado Aguirre y Pérez Aguilera son, como lo hicieron en mayo del 2013 al anular la sentencia por genocidio, el trípode sobre el cual asienta sus posaderas el monstruo de la impunidad. Le llevan en andas y le elevan a rango de política de Estado.
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