La actual crisis de institucionalidad y gobernabilidad que ha sido generada por los procesos para elegir a las autoridades del Organismo Judicial, de nuevo ha venido a demostrar que el sistema se ha agotado, debido a que ya no resulta legítimo, a la vez que tampoco resuelve los intereses de todas las partes involucradas en el mantenimiento de la gobernabilidad democrática.
Por ello, es vital trazar una ruta que permita resolver la crisis actual para frenar la captura del Estado y que e...
La actual crisis de institucionalidad y gobernabilidad que ha sido generada por los procesos para elegir a las autoridades del Organismo Judicial, de nuevo ha venido a demostrar que el sistema se ha agotado, debido a que ya no resulta legítimo, a la vez que tampoco resuelve los intereses de todas las partes involucradas en el mantenimiento de la gobernabilidad democrática.
Por ello, es vital trazar una ruta que permita resolver la crisis actual para frenar la captura del Estado y que en una segunda etapa viabilice destrabar hacia el futuro la forma en que se eligen a las autoridades responsables de los órganos de control del Estado. Asimismo, esa ruta debe contemplar otros aspectos clave: la transformación del modelo para brindar seguridad ciudadana y la aletargada reforma que posibilite al Tribunal Supremo Electoral ser el efectivo árbitro del proceso eleccionario y de los partidos políticos, así como garantizarle un control rígido sobre el dinero que reciben los últimos para financiar su funcionamiento y propaganda.
Este cambio profundo debe alcanzarse pronto y sin trampas, es decir no tratar de incluir otros tópicos, para meter “goles” o que imposibiliten su alcance. Tal como ocurrió con los Acuerdos de Paz.
Este proceso es vital, por cuanto puede representar la voluntad para que como sociedad iniciemos la construcción de un verdadero Estado Democrático de Derecho. De lo contrario, se consolidará el destino al cual nos dirigimos, el de un Estado corporativo mafioso y fallido. Y entonces “Paf se acabó” como escribió Cortázar.
*Oscar Vasquez Bocanegra tiene una maestría en Administración de Empresas. Es el Director General de Acción Ciudadana.
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