Según el corresponsal, que escribe desde Buenos Aires, la muchacha permaneció más de un mes hospitalizada en espera de que se practicase el aborto, solicitado de inmediato tras la violación, pero al que se oponía un recurso de amparo ante el juez en defensa de la vida no nacida. El máximo tribunal lo revocó, permitió el aborto e inició el proceso de remoción del juez que lo impedía.
Esta noticia se ha difundido en los medios de mi país, precisamente cuando se enfrentan dos posturas extremas en torno a la legislación sobre aborto: la que impone incondicionalmente la obligación de llevar a término todo embarazo frente a la que aboga por un derecho a abortar sin limitaciones. No voy a entrar aquí en las discusiones legales, ni en las de mi país ni en las del mencionado caso argentino. Solamente propondré, independientemente de las circunstancias legales de diversos países, el criterio general de distinción entre la interrupción responsable del proceso de gestación y el aborto como atentado contra la vida de un feto.
Evitaré plantear la cuestión como un enfrentamiento entre dos derechos –derecho de la vida nascitura frente a un presunto derecho a suprimirla. En vez de ese enfoque de la cuestión, propongo el planteamiento como una pregunta y búsqueda: 1) sobre cómo acoger responsablemente la vida nascitura, y 2) cómo, cuando y con qué condiciones asumir la interrupción justificada del proceso de engendrar una nueva vida en aquellos casos en que sería irrresponsable no detener el proceso antes de su compleción, es decir, antes de que esa interrupción sea un aborto –en el sentido estrictamente ético o moral de “supresión injusta de la vida del feto” (independientemente de que esa supresión sea o no sea considerada por las leyes como delito).
No es lo mismo aborto que interrupción de gestación. Tampoco es lo mismo, decía santo Tomás, la mentira y el falsiloquium, ya que mentira sería por definición falsear injustamente la verdad cuando se está obligado a decirla ante quien tiene derecho a preguntarla. Puede haber ocasiones en las que sea irresponsable no interrumpir una gestación antes de que sea demasiado tarde para hacerlo sin que sea injusto contra el feto.
Si aborto es la interrupción injusta e irresponsable de un embarazo, no toda interrupción voluntaria del embarazo constituye un aborto en el sentido moralemente negativo de este término. Hay casos en que la decisión de interrumpir un embarazo es precisamente para evitar un aborto. En el caso citado de un embarazo como consecuencia de una violación, las fechas aducidas no pasaban del primer mes de gestación, por lo que esa interrupción temprana evitaría el recurso al aborto estrictamente dicho en una fase mas avanzada.
Otro ejemplo sería el de una pareja que reconoce, por serias razones, que no se puede responsabilizar de dar a luz y criar una criatura (por ejemplo, en casos de malformaciones muy graves y en el contexto de una sociedad que no ayuda con leyes eficaces a proteger la dependencia); en vez de decir que tiene derecho a abortarla, debería decirse que tiene responsabilidad de interrumpir en sus primeras fases el proceso de gestación antes de que su interrupción se convierta en un aborto. Interrumpirían, en ese caso, responsablemente un embarazo precisamente para impedir un aborto. Interrumpirían el proceso emergente del embrión durante las primeras fases antes de completarse la constitución del feto.
No se trata de una confrontación entre dos realidades en el mismo plano, una con derecho a vivir y otra con supuesto derecho y libertad para matar, sino se trata de plantear cómo acoger responsablemente la vida nascitura (más exactamente, nascibilis –que puede llegar a nacer–, en vez de decir, sin más, nascenda –que debe nacer–) y cómo acompañar responsablemente, así como se trata también de cuándo y cómo hay obligación de interrumpirlo responsablemente antes de que sea demasiado tarde, es decir, antes de que se haya constituído plenamente la nueva realidad viva individual nascitura (ahora ya en el sentido de nascenda).
Este enfoque general que propongo para todos los debates en torno a los procesos de concepción, gestación y alumbramiento de una nueva vida humana o de las intervenciones humanas en esos procesos para favorecerlos y ayudarlos o, cuando fuere el caso, para interrumpirlos, se sitúa en el marco de una ética de la responsabilidad: a) responsabilidad de adoptar una actitud de acogida ante el valor de toda vida, b) responsabilidad ante las normas –escritas o no escritas– que protegen ese valor, y 3) responsabilidad ante las circunstancias que plantearían en su caso posibles excepciones de esas normas.
En dicho marco encuadro las reflexiones siguientes sobre cinco aspectos de la responsabilidad que pueden interpelar a la conciencia de cada participante en el debate.
1. Responsabilidad lingüística de dialogar
Ante todo, la responsabilidad lingüística: responsabilidad de usar el lenguaje para finalidades apropiadas como, por ejemplo, informar, dialogar, buscar algo en común y expresarlo. Por tanto, responsabilidad de debatir correcta y serenamente, sin manipular el lenguaje por motivaciones ideológicas, ya sean pseudopolíticas, pseudo-científicas o pseudo-religiosas.
Responsabilidad, por tanto, de mantener conversación sobre estos temas desde una preocupación común por fomentar un debate sereno sobre cuestiones éticas en la sociedad plural y democrática.
2. Responsabilidad científica de aprender
La segunda responsabilidad es la de reconocer la necesidad de aprender. La ciencia baja la cabeza ante la realidad y modifica sus afirmaciones anteriores cuando nuevos datos las contradicen.
Al estudiar el proceso biológico de diferenciación del embrión pre-implantado (dos primeras semanas), de constitución del embrión implantado (tercera a octava semana) y de desarrollo y crecimiento del feto (de la novena semana en adelante), no preguntamos por el comienzo de la vida en general, sino de la realidad que llamamos una nueva vida individual y personal. La concepción no es un momento mecánico (conectar un enchufe), sino un proceso vital (formarse y crecer un viviente): la interacción embrio-materna de la tercera a la octava semana es decisiva para la constitución de la vida naciente: a medida que se aproxima el tercer mes del embarazo, aumenta la exigencia de ayudarle para llegar a término. Las circunstancias excepcionales deberán ser sopesadas seriamente; tendrán menos peso al aproximarse el umbral de la novena semana de gestación.
3. Responsabilidad moral de decidir
La responsabilidad moral de decidir ante la propia de conciencia no la ahorra nadie que pretenda sustituir a la persona embarazada (o a la pareja) en su toma de decisión: ni una instancia jurídica, ni una instancia médica, ni una instancia política, ni una instancia religiosa.
Pero sí hay una responsabilidad compartida en la implicación de diversas personas –madre, padre, entorno familiar y social– en la acogida responsable de la nueva vida. Hay también una responsabilidad también en la consulta, que puede ser una consulta amistosa, o una consulta en el marco de una relación terapéutica de ayuda o “counseling”, o, a veces, en el marco de una relación de ayuda espiritual en contexto religioso. En todos estos casos habría una responsabilidad, por parte de quien comparte honestamente el propio problema con otra persona, y por parte de la persona consultada: responsabilidad de acompañar, sin imponer, ayudar sin interferir dominantemente, y respetar la decisión personal intransferible.
4. Responsabilidad democrática de legislar
Hay una responsabilidad democrática de legislar o de modificar, mejorar o abolir las leyes para garantizar la protección del bien común. Pero en el ejercicio de esta responsabilidad hay que distinguir la perspectiva jurídica y la moral. Que no se exija una responsabilidad penal no significa que no haya una responsabilidad moral ante el tribunal de la conciencia. Ni todo lo moralmente reprobable conviene que sea penalizado, ni el hecho de que algo no esté penalizado lo convierte en moralmente aceptable. La legislación tiene en cuenta garantizar la protección de todos los bienes jurídicos en cuestión, y favorecer el bien posible o reducir el mal menor inevitable, en el contexto de convergencia de valoraciones morales en una sociedad plural. Ni las leyes penalizan cuanto está mal, ni la despenalización de algo lo sanciona como bueno. No constituir delito no significa estar moralmente justificado. Ni que algo esté moralmente mal justifica tipificarlo como delito.
5. Responsabilidad religiosa desde la fe
La postura religiosa de acogida de la vida motiva una opción valorativa y decisoria de máximos, que va más allá de los mínimos, tanto morales como legales, y promueve la opción en favor de toda vida, no como obligación impuesta por la pertenencia a un grupo creyente, sino como respuesta responsable a la llamada de la fe en la Vida de la vida.
Pero esta responsabilidad religiosa como actitud, decisión y actuación personal no es incompatible con la aprobación de ordenamientos jurídicos de consenso social razonable y ética de mínimos compartible en una sociedad plural. Por eso es posible que un diputado/a creyente mantenga su convicción en favor de la vida naciente y, a la vez, apoye una legislación que despenalice en determinados supuestos las opciones autónomas de la madre acerca de la interrupción de su embarazo.
Resumiendo
Para concluir, no se trata de pensar dilemática o disyuntivamente la acogida de la vida frente a su supresión, ni la obligación incondicional de maternidad frente al inconcebible derecho a suprimir vidas. Optamos por la acogida responsable del proceso de vida emergente y nascente, que implica la exigencia de que su interrupción excepcional sea de modo responsable, justo y en conciencia.
Ante todo, deberíamos presuponer una actitud básica de respetar el proceso de concebir iniciado en la fecundación, acoger la vida naciente desde el comienzo del proceso, favorecer el desarrollo saludable del proceso de gestación de cara al nacimiento y protegerlo, haciendo todo lo posible para que no se malogre, para que no se interrumpa el proceso, ni accidentadamente, ni intencionadamente de modo injustificado. Esta acogida y protección debe llevarse a cabo de modo responsable. Pero esta postura en favor de la acogida de la vida no significa que esa vida sea absolutamente intocable. La acogida ha de ser responsable y podrán presentarse casos conflictivos que justifiquen moralmente la interrupción de ese proceso. Si no se va a poder asumir la responsabilidad de acoger, dar a luz y criar esa nueva vida, hay que prevenirlo a tiempo mediante los oportunos recursos anticonceptivos o interceptivos. Habrá casos límite en los que pueda darse incluso la obligación (no el derecho) de interrumpir en sus primeras fases el proceso de constitución antes de que sea demasiado tarde. Ejemplos de estos casos de conflicto de valores serían: cuando la continuación de ese proceso entra en conflicto con la salud de la madre, el bienestar básico de la familia, o el bien mismo de la criatura en vía hacia el nacimiento. En estos conflictos, a la hora de sopesar los valores en juego y jerarquizarlos, el criterio del reconocimiento y respeto a la persona deberá presidir la deliberación. Cuando, como consecuencia de esta deliberación, se haya de tomar la decisión de interrumpir el proceso, esta decisión corresponderá a la gestante y deberá realizarse, no arbitrariamente, sino responsablemente y en conciencia. Finalmente, estas decisiones de interrupción del proceso deberían tener en cuenta el momento de evolución en que se encuentra esa vida en esas fases anteriores al nacimiento. Esa vida sería menos intocable en las primerísimas fases y el umbral de intocabilidad, en principio, no debería estar más allá del paso de embrión a feto en torno a la novena semana. Pasado este umbral, si se presentan razones serias que obliguen a una interrupción del proceso, no debería llevarse a cabo como un pretendido derecho de la gestante, sino por razón de una justificación grave a causa de los conflictos de valores que plantearía la continuación del proceso hacia el nacimiento. Cuanto más avanzado sea el estado de ese proceso, se exigirán razones más serias para interrumpirlo.
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