Este instrumento parece haber sido rebasado por la realidad de la nueva crisis, pese a que sus postulados continúan siendo validos para la definición de políticas públicas en esta materia.
El País nos ha entregado en estos días una serie de reportajes sobre los llamados “nimis” – ni mil euristas– que recoge los casos de jóvenes que no alcanzan la cifra de mil euros mensuales por salario. Estas personas se desempeñan en empleos de tiempo parcial, mal remunerados, sin beneficios ni prestaciones de seguridad social. Este término viene a ser acuñado poco después de que entrara en uso el de mileruista, que caracterizaba a aquellos que, en las mismas condiciones, alcanzaban un salario de mil euros al mes, pese a contar, en una buena cantidad de los casos, con calificaciones profesionales superiores.
El caso de los nimis españoles, da cuenta de una tendencia creciente hacia la precarización del empleo, caracterizado por bajas remuneraciones, la falta de protección mínima de las leyes laborales, los beneficios de salud y la contribución a un sistema de pensiones, todo esto, dentro del sector formal de la economía. Esta tendencia no es exclusiva a la Europa de la crisis de la deuda soberana. Se extiende a varias economías de América Latina.
En México, cifras del INEGI daban cuenta en el pasado mes de noviembre de una reducción de los índices del desempleo, con base a la creación de empleos precarios, que ha incrementado la tasa de subocupación hasta el 9.3% de la Población Ocupada. Las mismas cifras del INEGI dan cuenta que la mayoría de los desempleados poseen un nivel educación superior, inclusive al nivel del posgrado. No se debe dejar de mencionar que en ese país se habla de la generación de los ninis –ni trabaja, ni estudia–, término con el cual se califica a los jóvenes que en edad de trabajar no tienen empleo ni continúan estudiando, sector que de acuerdo a cifras de la OCDE, alcanza a más de 7 millones de personas. En Nicaragua, cifras de la Encuesta Continua de Hogares dan cuenta que el 70% de los empleos del país son precarios. En Colombia, una investigación presentada por la Procuraduría General de la Nación y la ONG Dejusticia, presentado en noviembre de 2011, ubica en 60% el empleo en estas mismas condiciones.
Si se analizan estas cifras en el contexto de los índices de crecimiento económico presentados por la CEPAL, que en 2011 estimó en un 4.7% el crecimiento latinoamericano –con disparidades entre los países, podemos afirmar que este crecimiento no se ha traducido en un incremento del Trabajo Decente ni de la equidad en la región. Esta situación fue advertida por el foro de Biarritz en 2010. El documento final de ese foro señala que la precariedad en el empleo hace más vulnerables aún a los hogares en condiciones de pobreza, para llegar hasta la extrema pobreza.
Estos elementos de contexto deberían ser rescatados en la discusión de las posibles reformas al Código del Trabajo en Guatemala. El Ministerio del Trabajo ha presentado frente a la Comunidad Internacional una estrategia fundamentada en el concepto de Trabajo Decente como eje orientador de sus políticas y programas. Este norte no debe ser perdido a la hora de discutir la posible implementación de regímenes de trabajo a tiempo parcial y otras reformas del Código de Trabajo. Es fundamental evitar que tiempo parcial se traduzca en precariedad, y para ello será fundamental la intervención de la Inspección General del Trabajo, que aparentemente saldrá fortalecida de las reformas que son parte de la discusión del reclamo arbitral del DR CAFTA.
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