En 1996 el gobierno y la insurgencia suscribieron los Acuerdos de Paz y pusieron fin al alzamiento armado. Sin embargo, si bien la guerrilla depuso las armas, el estado de Guatemala y las élites que lo fundaron, se cuidaron bien de no desmovilizar la arquitectura de la contrainsurgencia. Los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS), engendrados para imponer el terror, siguieron activos. Merced a su estrutura de clandestinidad y a su raigambre de inteligencia política y militar, devinieron en empresas criminales vinculadas al contrabando de mercancías, tráfico de personas, tráfico y comercio ilícito de armas, así como narcotráfico.
En su proceso evolutivo, desarrollaron redes profesionales, principalmente de abogacía y notariado, a fin de tener control de la administración de justicia. Se expandieron a la actividad política y asaltaron el poder en el ejecutivo y el legislativo. Dicho poder, sostenido con la complacencia de las élites empresariales de la oligarquía guatemalteca, ha representado que la contrainsurgencia como estrategia se instale de nuevo en el esquema político nacional.
De tal suerte que como lo hiciera el régimen del genocidio en 1982, ahora el de la impunidad desata la estrategia de terror a fin de imponer su voluntad. Dicho régimen usa redes sociales desde las que determinados perfiles de usuarios diseminan permanentemente discursos de odio, amenazas y difamación en contra de personas defensoras de derechos humanos, operadoras de justicia o periodistas. Este extremo queda evidenciado en el informe sobre Guatemala, publicado por el sitio, Cazadores de Fakenews.
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Tal y como explica el informe, hablamos de toda una estructura, que por la información divulgada, evidencia lazos con los servicios de inteligencia estatal, el Ministerio Público (MP) y el sistema de justicia, que llevan a cabo acciones de espionaje de diversa naturaleza para alimentar sus campañas. De esa cuenta es que un abogado que ejerce sin ser funcionario público, presume de difundir informaciones sobre movimientos migratorios de particulares como el ex Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas. De igual forma, perfiles clandestinos en redes sociales difunden información sobre procesos judiciales en trámite y de casos que, supuestamente, están bajo reserva.
Al ámbito de comunicación de la estrategia se añade el de la operación judicial que hace uso del MP y la propia Corte Suprema de Justicia (CSJ), para usar el derecho penal como arma de castigo. Embriagada de poder, la jefa del MP y sus cómplices, han puesto en marcha el tren de la persecución penal contra quienes han ejercido la función pública con apego a derecho. Ha ido también contra la prensa independiente y muy probablemente profundizará la criminalización contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. El corolario de la red pro impunidad lo completa el falso profeta lavandero desde la casa del negocio.
La doctrina y la lógica contrainsurgentes puestas en vigor durante el conflicto armado interno han vuelto a instalarse como eje transversal de la actuación de la alianza que mediante el asalto a la institucionalidad democrática, restaura el orden criminal y represivo de la dictadura. Una élite económica necesitada de impunidad por sus delitos y voracidad que se amanceba con la élite asesina del genocidio y la élite criminal de la política, la fe traidora y la justicia. Sellan un pacto demencial de restauración y se valen del terror judicial y mediático para imponer su ley.
La embriaguez de los relativos logros momentáneos de su estrategia, les nubla la visión del entorno y les hace creer que su éxito está consolidado. Sin embargo, más temprano que tarde la justicia llegará de la mano del pueblo para poner fin a su reino de iniquidad, corrupción y barbarie. La lógica del terror será desarticulada y sus titiriteros se quedarán sin marionetas.
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