El primer extractivismo político fue la negación de la condición humana. Al considerar salvajes a dichos pueblos por paganos, se les negó el derecho a la propiedad, a la organización social y política propia, y se los dejó al margen de la representación y de la construcción de la sociedad y del Estado. Al nombrar la invasión como descubrimiento se encubrió el pasado, lo existente, y excluyó lo que no encajaba con el concepto y los contenidos de la historia occidental. América fue inventada a través del despojo político de los pueblos originarios.
«Se legisló también extensamente en la creación de una sociedad de castas, donde al indígena se le catalogó de menor de edad, con el fin de facilitar y justificar su explotación y enajenación colonial, según los casos, protegiéndolo y civilizándolo, a partir de normas y concepciones de una sociedad racista» [1].
La independencia también fue extractivismo político al no tomar en cuenta a los pueblos en la decisión de independizarse de la Corona española. Al ser un acto monopolizado por las familias criollas para defender sus intereses, traicionar a su madre (patria) y tender legalmente las líneas del continuismo colonialista, los pueblos fueron víctimas del expolio de sus derechos políticos.
El Estado, teóricamente, debe representar a sus habitantes, cumplir las demandas fundamentales de estos, ser un reflejo de las aspiraciones y de los sueños de los pueblos y garantizar un bienestar mínimo y la participación democrática en su construcción y dirección. Nada de lo anterior se cumple para los pueblos originarios, lo cual ratifica su condición de ciudadanos despojados políticamente. De ciudadanos de segunda, como dicen algunos, condición que se consolida a lo largo del siglo XIX en el marco de las luchas entre liberales y conservadores (no indígenas) por el poder del Estado. Tales luchas llegaron a enfrentamientos armados en Centroamérica (invención criolla, parafraseando a Arturo Taracena), muchos de estos financiados con los tributos indígenas. Las milicias eran reclutadas forzosamente en los pueblos.
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Con la creación de la república, cuando todos los habitantes fueron declarados guatemaltecos por decreto, se cometió otro acto de extractivismo político al sobreponer la identidad nacional, construida ficticiamente, a las identidades ancestrales de los pueblos, que perdieron así su derecho a la autoidentificación colectiva e histórica. Solo la resistencia ha mantenido la pertenencia a colectivos que hunden sus raíces en la portentosa civilización maya.
La revolución liberal de 1871 significó otro acto de extractivismo político, pues, en la modernización del Estado, los ciudadanos con derechos no eran los indígenas, sino los militares y los terratenientes, quienes con sus leyes volvieron de nuevo legales el esclavismo y la servidumbre, cargas recaídas en las espaldas de los pueblos despojados de los pocos derechos que les quedaba: propiedad colectiva, libre locomoción, libertad de trabajo, salud, educación y dignificación.
Los movimientos políticos han tenido al indígena en la sombra. Ni la revolución de octubre del 44 significó un cambio para la ciudadanía plena y colectiva de los pueblos originarios. Solo el genocidio los colocó, como víctimas, en la primera línea de la lucha política entre segmentos ladino-mestizos por el control del Estado, tanto de derecha como de izquierda. Los intentos de democratización de 1985 no cambiaron la exclusión política de los pueblos. Estos siguen siendo mayoría demográfica, pero minoría política. Sin embargo, los discursos, símbolos y acciones políticas recurren a los pueblos ya sea para hablar en nombre de sus condiciones de exclusión, pobreza, enfermedad e ignorancia; para que los políticos se vistan a la usanza maya, o para manipular a los pueblos a través del chantaje político en el afán de avalar este sistema de exclusión y de extractivismo político.
Foucault señaló que, para mantener en orden a los dominados o disidentes, en la sociedad industrial (válido también para la colonial) se recurría a la represión y en el neoliberalismo a la seducción. En Guatemala ambos dispositivos se utilizan y complementan mutuamente, lo que garantiza el despojo político de los pueblos para mantener la colonialidad. O se coopta a los indios permitidos o se violentan liderazgos legítimos.
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[1] Pinto Soria, Julio. Unidad y diversidad en la historia colonial centroamericana (1524-1821).
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