En los 12 volúmenes del texto se recogen las cifras de las atrocidades cometidas contra la población civil no combatiente y los testimonios de las víctimas sobrevivientes o de sus familias. La base de las estadísticas es precisamente ese testimonio, corroborado con el análisis de la documentación a la cual la CEH tuvo acceso.
En su informe Guatemala: memoria del silencio, la comisión le recomendó varias acciones al Estado de Guatemala. Entre ellas, la investigación judicial para deducir las responsabilidades penales de perpetradores de crímenes como masacres, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, tortura física y psicológica, privación de libertad, desaparición forzada, destrucción y robo de patrimonio individual y colectivo y robo de niñas y de niños, entre muchas otras atrocidades que configuraron los hechos de genocidio que han sido juzgados y sancionados en una lucha permanente desde las víctimas y sus organizaciones.
Otra de las pocas recomendaciones adoptadas fue la designación del 25 de febrero como Día Nacional de la Dignificación de las Victimas del Conflicto Armado Interno, una fecha para recordar a las personas que perecieron en las 662 masacres documentadas y en las ejecuciones extrajudiciales, que la CEH cuantifica en 200,000; requerir una respuesta sobre el paradero de las más de 45,000 víctimas de desaparición forzada, entre las cuales hay al menos 5,000 niñas y niños, y recordarle al Estado su obligación de procurar justicia por las víctimas de violencia sexual y de tortura física y psicológica.
Por ello, año con año, el 25 de febrero, desde diversos territorios del país, en particular desde donde se produjeron las mayores cantidades de brutalidades, las víctimas sobrevivientes o sus familias se movilizan. Lo hacen para dignificar la memoria de quienes enfrentaron el terrorismo mayoritariamente de Estado y demandar justicia por esos crímenes. Justicia que requiere, además del procesamiento de los perpetradores, la adopción de medidas que garanticen la no repetición de las atrocidades ejecutadas.
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Lamentablemente, 22 años después de que la CEH planteó sus recomendaciones, lejos de que Guatemala avance en su cumplimiento o en la adopción de medidas para ponerlas en marcha, hay enormes retrocesos. Si bien ha habido juicios por crímenes de lesa humanidad y sentencias condenatorias, no todas están en firme. El litigio malicioso ha sido el arma utilizada por los perpetradores, que encuentran en un sistema de justicia cooptado por las estructuras de impunidad el escudo protector de sus delitos.
Al uso perverso de las garantías procesales, los perpetradores añaden otras acciones como el uso indebido del derecho penal para criminalizar a las víctimas. Tal es el caso de la demanda que una abogada proimpunidad planteó contra la familia Molina Theissen luego de la sentencia contra los responsables de la desaparición de Marco Antonio y de la detención ilegal, la tortura y la violencia sexual contra Emma Guadalupe.
Esta impunidad y sus acciones colaterales persisten porque las autoridades las toleran y, peor aún, las fomentan. En el período de la contrainsurgencia, la arquitectura estatal se diseñó para cometer crímenes contra la humanidad y asegurarse impunidad. Después, los mismos grupos que la ejercieron evolucionaron a empresas criminales corruptas. Quienes financiaron las acciones de genocidio también han financiado a los partidos políticos que integran muchas de estas estructuras y que hoy por hoy han asaltado el poder. De esa manera, de ser un Estado terrorista Guatemala ha pasado a ser un Estado criminal y corrupto, que utiliza sus recursos para perseguir a quienes le recuerdan sus crímenes y le demandan justicia.
Las más de 245,000 víctimas del terror del conflicto armado interno tienen derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia. Para ello, en estas condiciones hace falta que las estructuras genocidas y corruptas queden fuera del poder y pierdan la autoridad que ahora detentan ilegítimamente. Mientras no conozcamos y reconozcamos el pasado, no estaremos en capacidad de transformar el presente ni de pincelar el futuro que garantice una vida con dignidad y sin exclusiones, la motivación de muchas de las más de 200,000 víctimas de crímenes de Estado.
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