Desde la toma de posesión, este grupo destacó por haber hecho de dicho acto un desfile de modas y alfombras. Y por ese camino de parafernalia sin sustento han seguido a lo largo de los años y continúan en el tiempo extra otorgado merced a las fallas gigantescas de las comisiones de postulación de las cuales formaron parte. En el tiempo extra que han disfrutado, estos nueve mercaderes de la justicia han hecho de las suyas. A la vez que les han regalado impunidad a los miembros de la #AlianzaCriminal, han abusado de su poder al criminalizar a quienes con serias dificultades sostienen el frágil andamiaje democrático en Guatemala.
Así como protegieron permanentemente al exinquilino de Casa Presidencial, el incompetente Jimmy Morales, y pese a la abundante evidencia en su poder, dieron sin lugar el antejuicio en contra del diputado símbolo de la corrupción, Felipe Alejos. En cambio, con increíble agilidad dieron trámite a una acción para desaforar a los cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que han resultado incómodos para el #PactoDeCorruptos.
La zanganada más reciente de la corte suprema de impunidad es la instrucción al Ministerio Público (MP) de que realice investigación en contra del procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas Andrade. La orden se basa en una diligencia judicial realizada por la Asociación la Familia Importa (AFI), cuyos propósitos se codean con la tolerancia de la violación y del embarazo de niñas y adolescentes. En una rebusca de pretextos cuando los anteriores les han fallado, pretenden culpar a Jordán Rodas, sin base en los hechos, del cumplimiento ya ejecutado por el anterior procurador de otra resolución que favoreció a la AFI.
[frasepzp1]
En esa oportunidad, la AFI consiguió un amparo contra la oficina del procurador, dirigida por Jorge de León Duque, para impedir la distribución de una guía educativa sobre derechos sexuales y reproductivos, una necesidad enorme en un país como Guatemala, donde el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) reporta que entre el 1 de enero y el 20 de mayo del presente año se registraron 46,863 embarazos en niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años (1,492 de esas menores son niñas de entre 10 y 14 años). En 2019, el OSAR reportó 114,858 embarazos en niñas y adolescentes. Pese a esta dolorosa realidad, la AFI obtuvo la venia de la CSJ para censurar la guía e impedir su circulación. Y ahora consigue una orden encaminada a destituir al actual procurador, Jordán Rodas.
La arbitrariedad de lo dispuesto por la CSJ sirve al interés de destruir la institucionalidad democrática y de eliminar los pesos y contrapesos necesarios para que esta funcione. Tiene como fin último reducir la acción estatal a meros actos administrativos de los intereses de la élite económica empresarial, parasitaria y mojigata, que sigue disponiendo del orden político a su sabor y antojo.
En su afán por vaciar de contenido democrático el marco jurídico nacional, las élites no han escatimado abusos ni ilegalidades. Están decididas a revestir de legalidad la tiranía que desde la fundación del Estado-nación han ejercido. Si fueron capaces de estimular, financiar y apoyar los actos de genocidio y barbaries como violaciones masivas, masacres, tortura y desaparición durante el conflicto armado interno, ahora son capaces de atropellar la carta de derechos contenida en la Constitución. Por ello buscan por todos los medios sacudirse al PDH y a la CC. Sin embargo, al igual que antes, y aun en medio del dolor acumulado en esta crisis de salud, la sociedad habrá de defender sus derechos ganados a pulso. La intención liquidadora de la democracia volverá a fracasar.
Más de este autor