Abelino enfrentó un proceso de criminalización (uso indebido de derecho penal y campañas de difamación, entre otros) que lo llevó a estar injustamente encerrado durante dos años en prisión preventiva. Identificado como líder comunitario en el área de las Verapaces, Abelino Chub fue sindicado de delitos como usurpación agravada e incendio, los cuales no permiten medida sustitutiva. De esa cuenta, mientras se libró el juicio, el profesor estuvo encarcelado y enfrentó la maquinaria de la empresa que inició la demanda.
En la fase inicial, cuando el proceso fue gestionado por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Guatemala, pese a que el Ministerio Público solicitó clausurar el caso por considerar que no había delito que probar en contra de Abelino, el tribunal resolvió de manera contraria. Luego, cuando el expediente debió tramitarse en una sala de alto riesgo, la jueza Claudette Domínguez mantuvo dicho criterio y abrió juicio contra el imputado.
Fue hasta en la fase de sentencia cuando el tribunal, actuando con apego a derecho y tomando en consideración la abundante prueba de descargo presentada por la defensa, concluyó no solo que Abelino era inocente de los cargos, sino también que hubo un perverso mecanismo de criminalización.
En cuanto al caso de Cristina Siekavizza, se trata de una joven mujer desaparecida a inicios de julio de 2011, así como del secuestro de sus hijos por parte del padre, Roberto Barreda. Este es sindicado de la desaparición y el prácticamente seguro asesinato de Cristina. Pudo evadir la acción de la justicia porque contó con el respaldo de las redes de influencia generadas por su madre, Ofelia de León, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Mediante esos contactos, Barreda logró que en un inicio los abuelos maternos de sus hijos recibieran una orden judicial de alejamiento de los niños. También consiguió pasaportes falsos para él y sus hijos cuando el actual titular del Ministerio de Gobernación, Enrique Degenhart, era interventor de la Dirección de Migración.
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Mediante el tráfico de influencias y el uso de redes clientelares, la familia Barreda de León había logrado detener el proceso. Sin embargo, en una repetición de las audiencias por orden judicial, Barreda deberá enfrentar juicio por la desaparición y el asesinato de Cristina Siekavizza.
La justicia en los casos de Cristina y Abelino endereza el camino torcido. En el de Abelino, al liberarlo de toda culpa por un juicio que lo criminalizaba por ser defensor de derechos humanos y líder comunitario. En el de Cristina, porque, como víctima de la violencia de su esposo, tanto ella como su familia podrán encontrar justicia por el crimen sufrido. En ambos procesos se ha tratado de acciones perversas y de un uso abusivo de los recursos legales como mecanismo de impunidad y corrupción.
Aunque se gestionan desde distintas perspectivas legales —como sindicado y como víctima—, ambos procesos desnudan la podredumbre que corroe al sistema de justicia, uno que ha ocupado la atención de instituciones nacionales e internacionales en cuanto a esfuerzos de reforma. Los éxitos, aún parciales en ese proceso, requieren de consolidación para que alcancen a todo el sistema. Un reto por vencer ante el avance de las estructuras de corrupción e impunidad que probablemente intenten hacerse con el control de las comisiones de postulación en unos cuantos meses.
La inocencia de Abelino, probada en las cortes, y la justicia para Cristina, que deberá alcanzarse en las cortes, son apenas dos pequeños pasos para enderezar los hasta ahora torcidos caminos de la justicia.
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