De igual forma, tanto la ley presente como la anterior establecen la prohibición sobre financiamiento ilícito, no declarado u oculto al escrutinio oficial. No obstante, la acción legal ante la violación de estas y otras prohibiciones hace que las candidatas y los candidatos se victimicen públicamente. Piensan que de ese modo matan dos pájaros de un tiro: consiguen publicidad aunque sea negativa y de paso dañan el sistema legal, especialmente al encargado de supervisar las elecciones, o lanzan dudas sobre estos.
En días recientes, por ejemplo, el diputado y candidato a reelección Felipe Alejos acusó a medios de comunicación de falsear las noticias en aras de perjudicarlo. De esa cuenta, el congresista del partido Todos negoció que no le retiraran la inmunidad para investigarlo.
Luego surgió la intención renovada de la exdiputada Zury Ríos Sosa de inscribirse como candidata a la presidencia. Dicha inscripción le ha sido negada en dos instancias en este proceso, de modo que le queda la apelación a las cortes. La negativa de registro de esa candidatura se fundamenta en el artículo 286 de la Constitución Política, que les prohíbe ocupar la presidencia a familiares hasta en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de quien haya participado en un golpe de Estado o, producto de este, haya ocupado la primera magistratura. Ese es el caso de Ríos Sosa, hija (primer grado de consanguinidad) de José Efraín Ríos Montt, quien ocupara la jefatura de Estado luego de un golpe en marzo de 1982.
Mediante una campaña en redes sociales, la hija de Ríos Montt, condenado por genocidio en 2013, pregunta si el hecho de que le nieguen participar es justo o no. Además de la intentona, que aún no se dirime, también se sabe de la denuncia del gimnasta Jorge Vega por el uso no autorizado de su imagen. Resulta que en un afiche electrónico para invitar a la afiliación al partido Valor, que postula a Ríos Sosa, se incluye una imagen del gimnasta que ni el deportista ni la institución deportiva que lo patrocina autorizaron usar en campaña política.
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Finalmente, el caso más reciente de escándalo que vincula a partidos políticos: el relativo a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) por financiamiento electoral ilícito y no declarado. Dicho caso penal, según informó el Ministerio Público (MP), estaba por presentarse en diciembre. Sin embargo, según se indica, las condiciones de crisis política imperantes en aquellos días dieron lugar a que se aplazara la acción. La titular de la UNE, Sandra Torres, ya cuenta con derecho de antejuicio por haber recibido su credencial como candidata. En virtud de ello, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ha solicitado que ese derecho sea levantado.
De inmediato Sandra Torres ofreció una conferencia de prensa en la cual acusó a la anterior fiscal general, Thelma Aldana, su principal rival en las elecciones presidenciales, de haber organizado esta acción legal. Para el efecto, la candidata de la UNE no ha tenido empacho en señalar a la FECI de responder a un esquema de conspiración en su contra. Como cosa curiosa, los otrora detractores de la UNE, especialmente de Sandra Torres, también adversarios de la lucha contra la corrupción, han magnificado en redes sociales las declaraciones de la candidata.
Amén de que las candidatas y los candidatos incumplen requisitos legales o violan normas de participación, al parecer no tienen empacho en aprovechar la difusión de sus casos y la victimización para hacerse de publicidad aunque sea negativa. No obstante, el problema de fondo es que uno a uno los supuestos pilares del sistema político muestran sus enormes grietas. Lamentablemente, son las entidades que habrán de asumir diversos espacios del ejercicio del poder, por cuanto no han dado paso a reformas reales del sistema que garanticen participación democrática, abierta, libre y soberana. Delinquiendo y atacando la poca institucionalidad aún existente, pretenden seguir pasando por encima de la ley y arrebatándonos el derecho a decidir nuestro destino. De esa manera, cualquiera que sea el interés mezquino de quienes violan la ley para ganar el poder, estos deben ser denunciados y derrotados.
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