Gracias al trabajo conjunto de la comisión con un grupo visionario de actores de la sociedad civil guatemalteca, en la actualidad la esperanza de construir un mejor futuro para todos los guatemaltecos es una visión que se consolida en cada caso que se presenta, especialmente por el hecho de que ha empezado a tambalearse una larga lista de intocables, aquellos personajes oscuros, prepotentes y abusivos que siempre han tenido todo a su favor. El último de ellos, el todopoderoso Álvaro Arzú.
Para llegar a este proceso clave hemos tenido que pasar por el estilo y la visión de tres comisionados: el muy mediático Carlos Castresana, el muy técnico y cauteloso Francisco Dall’Anese y el actual comisionado, Iván Velásquez, que sabe combinar ambos aspectos de manera acertada: el planteamiento de procesos judiciales lo más fundamentados posible y el apoyo de los aliados políticos que sostengan y defiendan los procesos en medio de los múltiples enemigos políticos que en diez años ha ido cosechando el trabajo de la comisión.
Desde el inicio de la Cicig, las dudas, los aliados y los obstáculos han estado a la orden del día, sobre todo por la compleja y difícil situación a la que se enfrentaba: cambiar un sistema altamente politizado y corrupto para empezar a transitar hacia un sistema de justicia que combatiera eficientemente la muy arraigada impunidad, que siempre ha campeado en nuestro país.
Para alcanzar ese objetivo, Castresana decidió litigar de la mano de la presión mediática y de los actores políticos, estrategia que desde todo punto de vista fue peligrosa. Era difícil decidir la impunidad de qué sector era la más prioritaria. ¿El problema fundamental de Castresana? Cambiar un sistema de justicia altamente politizado y mediado por intereses corporativos contando con los mismos operadores ya viciados por el sistema y las mismas reglas defectuosas que siempre permitieron la justicia selectiva, esa que ahora los principales detractores de la Cicig quieren volver a implementar.
Dall’Anese entendió perfectamente el dilema y al inicio de su período decidió litigar solamente desde el sistema de justicia, a la vez que apostó por un discreto proceso de transformaciones legales que en la época de Velásquez han servido de base para desarrollar los procesos de alto impacto que han transformado el escenario político de Guatemala de abril de 2015 a la fecha. Para Dall’Anese, sin embargo, la decisión de no utilizar las vías políticas que siempre han usado los adversarios anuló cualquier posibilidad de avanzar en los casos que decidió enfrentar.
Velásquez, por el contrario, decidió seguir el camino de su predecesor, pero aprovechando hábilmente el apoyo de una alianza de actores de la sociedad civil, que desde entonces acompañan el trabajo del comisionado. La ovación sincera con la que muchos asistentes a la presentación del informe de diez años de labores de la Cicig recibieron las palabras del comisionado es una muestra de la sinergia que se ha consolidado entre la comisión y quienes queremos un cambio verdadero en nuestro país.
Los enemigos de los cambios, sin embargo, han establecido alianzas desesperadas y han lanzado furiosas y bien elaboradas campañas de desinformación para convencer a muchos incautos de que deben dudar de las intenciones del actual comisionado. Una de las que más ha calado es la de la justicia selectiva, acusación que simplemente pretende obligar a la Cicig a volver a las prácticas de siempre: negociar la persecución de unos cuantos casos para que los demás jamás lleguen a plantearse, para lo cual se seguiría el viejo dicho de «cambiemos todo para que todo siga igual». En las actuales condiciones no hay marcha atrás: o avanzamos hacia una Guatemala mejor, apoyando para ello el trabajo del comisionado y de la Cicig, o retrocedemos a las peores épocas del pasado.
Más de este autor