“La mujer da más ganancia que la droga o el armamento. Estos artículos sólo se pueden vender una vez, mientras que la mujer se revende hasta que se muere de SIDA, queda loca, o se mata”. Este no es sólo el pensar de los proxenetas, si no también de las miles de personas involucradas en el tráfico de personas. Sin embargo, estos victimarios no son los únicos culpables de la historia. Nosotros, como sociedad, también somos cómplices de tan repugnante negocio. En el momento en que escogemos la ceguera o el silencio, en vez de alzar la voz en contra de estas violaciones, nos volvemos encubridores de dicho flagelo.
La Fundación Sobrevivientes de Guatemala define a la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras con fines de explotación”. En la mayoría de los casos las redes de tráfico se establecen en países vulnerables, donde no existe la protección necesaria ni un sistema de justicia certero. El tráfico de personas es una problemática mundial. Sin embargo, la tendencia es que el tráfico proviene de países tercermundistas hacia países desarrollados.
Las redes transnacionales de trata de personas están, en su mayoría, controladas por el crimen organizado, que visualiza a sus víctimas como objetos o productos comerciales. Dichas redes no sólo le han servido al crimen organizado para lucrar; también le han ofrecido una medida eficaz para el lavado de dinero. En la actualidad, los carteles controlan dichas redes como por ejemplo los Yakuza, la Camorra y la Mafia Rusa. Dichos carteles han establecido redes de tráfico de personas específicamente en Latinoamérica. Dado que las operaciones de estos carteles son clandestinas, ha sido difícil registrar, perseguir y prevenir la explotación y los abusos.
Aunque existen muy pocas estadísticas, las cifras que ha publicado la ONU en relación a la trata de personas son alarmantes. Cada año, 4 millones de mujeres son vendidas y 2 millones de niñas entre los 5 y 15 años son introducidas al comercio sexual. Anualmente entre 200 mil y 500 mil personas de América Latina son tratadas hacia Europa y Estados Unidos.
En Guatemala, la mayoría de las víctimas de la trata son utilizadas para la esclavitud sexual y la explotación laboral. La mayoría de las victimas tienden a pertenecer a los sectores más vulnerables de la sociedad, como las mujeres, los niños y los indígenas. Los indígenas son utilizados para el trabajo forzado en el área rural, mientras que las mujeres son traficadas para la prostitución. Sin embargo, las víctimas en mayor riesgo son los niños, ya que son utilizados para el trabajo forzado, la mendicidad y la prostitución infantil.
La mayoría de las redes de tráfico de personas se han establecido en las fronteras de nuestro país, principalmente en las fronteras con México, Belice y Honduras. Como en el caso de las drogas, Guatemala se ha convertido en un pasillo de tráfico de personas hacia el norte. En nuestro país ha incrementado particularmente el turismo sexual, que usa la explotación sexual de menores. Turistas provenientes de Estados Unidos, España, Alemania y Canadá han encontrado en Guatemala un oasis para tan nefasto negocio.
Los esquemas establecidos por nuestra sociedad patriarcal, y la falta de persecución por parte del Estado, han convertido a Guatemala en un país sumamente vulnerable a las redes de tráfico de personas. Según un informe realizado por la Organización Internacional del Trabajo, los guatemaltecos tendemos a ser tolerantes hacia la problemática de la trata de personas porque el 37% de la población es conocedor de las violaciones pero no las reporta. Lo más preocupante es que el 26% de nuestra población no haría nada al respecto porque piensa que no le corresponde actuar. Nuestra tolerancia y falta de acción dio como resultado que en 2007 Guatemala fuera el país con el índice más alto de explotación en toda América Latina.
A pesar que el Gobierno ha hecho algunos esfuerzos para combatir este problema, como por ejemplo la apertura de albergues y centros para las víctimas, todavía no cuenta con los mínimos requisitos para prevenir dicho flagelo. El problema radica que en la mayoría de fiscales y jueces que conocen los casos no tienen información ni conocimiento sobre la temática; otros son culpables de complicidad y corrupción.
Es importante que el Estado implemente una estrategia integral que contemple la persecución, la protección y, lo más importante, la prevención. Sin embargo, también es importante que como guatemaltecos no barramos el problema debajo de la alfombra. Es nuestra responsabilidad, como sociedad, exponer y denunciar a los criminales, y—a la misma vez—hablar por quienes no tienen voz.
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