Cerrar

x
Menú
Facebook Facebook
Buscar
Ayuda
Sepur Zarco: la finca que Estrada Cabrera vendió, heredaron los Botrán y habita un pueblo q’eqchi’
Ir
Información

Sepur Zarco: la finca que Estrada Cabrera vendió, heredaron los Botrán y habita un pueblo q’eqchi’

redes sidebar

Una sentencia judicial de 2016 obliga al Estado a solucionar un añejo reclamo de tierras en favor de una comunidad q’eqchi’. La propiedad, que fue escenario de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, quedó inscrita como privada en 1905. Los dueños actuales ofrecen entregarla a la comunidad, a cambio de Q20 millones.

Sepur Zarco ha sido siempre un territorio habitado por indígenas q’eqchi’ que han debido transitar entre injusticias y violaciones a los derechos humanos por pedir la legalización de la tierra en donde viven y trabajan. La represión del Ejército durante el conflicto armado interno resultó en la muerte y desaparición de varios hombres y en la esclavitud laboral y sexual de 11 mujeres. Hechos que fueron condenados por un tribunal en 2016. Todo lo que han debido padecer en Sepur Zarco, tuvo su origen en la forma en la que el presidente Manuel Estrada Cabrera distribuyó la tierra en 1905.

En aquella época, a inicios del siglo pasado, el presidente de turno tenía la facultad de repartir las tierras nacionales. Los primeros dueños de grandes extensiones a lo largo del país, incluso en áreas recónditas, tenían un perfil económico elevado, una posición de poder y un apellido de linaje. La primera inscripción de Sepur Zarco se hizo a nombre de “Don Juan Marroquín” por una suma de 267,50 pesos.

Estrada Cabrera extendió un acuerdo gubernativo para oficializar la entrega a Marroquín del título de propiedad de 29 caballerías o su equivalente a 46 manzanas o 2,939 varas cuadradas. En el acuerdo gubernativo quedaba claro que era una “compra a la nación” refrendada por el “presidente constitucional”. Esa primera anotación quedó asentada en el acta del Registro de la Propiedad de Cobán, Alta Verapaz, el 22 de abril de 1905. Sepur Zarco pertenece a El Estor, en el nororiental departamento de Izabal, y colinda con Panzos, un municipio de Alta Verapaz; es con este último municipio con el que tiene más rápido acceso.

Don Juan Marroquín era un capitán del Ejército. Los registros históricos del país refieren que, a pesar de que Estrada Cabrera era un civil, político y abogado, se ganó el respeto de las fuerzas militares, que le ayudaron a mantenerse en el poder durante 22 años (1898-1920). Fue en los primeros años de su mandato que repartió tierras estatales a personajes como el capitán Marroquín.

Marroquín nunca habitó Sepur Zarco. En cambio, se deshizo de la propiedad muy pronto. El 27 de junio, dos meses después de haberla obtenido legalmente, la vendió a “Don Luis G. Schlesinger”, por el mismo valor. Al fallecer, en 1935, Dolores Carrera de Schlesinger heredó la finca. El Registro de la Propiedad revela que a partir de ese año, la finca fue objeto de compraventas y demandas por deudas no pagadas.

Los Rivera, los Valdizán y los Botrán

El mismo día en que Dolores Carrera se inscribió en el Registro de la Propiedad como heredera de Sepur Zarco, el 29 de mayo de 1935, también se deshizo de la tierra. Era la tercera persona que la poseía.

La compró “Don Jordan Arnulfo Beltetón Guillermo” que fue  propietario legal de la finca por 24 años. En 1959 la vendió por abonos a Lidia Herminia García de Overdick. La cifra, ya no en pesos sino en quetzales, se fijó en Q6,600. La señora cumplió con el primer pago, pero incumplió los demás. La deuda de Lidia Herminia García de Overdick ascendió a Q4,362, que reclamaba la Compañía Agrícola Industrial Guatemalteca, Sociedad Anónima, de acuerdo a las anotaciones que aparecen al margen de las inscripciones.

La deuda quedó saldada en 1962, pero García de Overdick perdió la propiedad que fue recuperada por Beltetón. Dos años después ocurrió otro conflicto: el acta de inscripciones número seis del Registro de la Propiedad, aunque es poco legible, indica que la tierra quedó embargada por Rafael Rivera Romero y Compañía Limitada, el 5 de marzo de 1964, por Q39,342.62.

Jordan Beltetón y la empresa pugnaron Sepur Zarco durante años. Mientras estaban metidos en el lío legal, un grupo de personas se asentó en la propiedad. La Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), que da seguimiento al reclamo de tierras por orden judicial, informó que los primeros habitantes de Sepur Zarco se asentaron en 1964. Como parte de la sentencia de 2016, en donde se condenó a un comisionado militar y a un teniente coronel por la desaparición de siete hombres, el asesinato de una mujer y sus dos hijos y la esclavitud laboral y sexual que impusieron los soldados del destacamento militar en contra de 11 mujeres, se ordenó una serie de medidas de reparación que incluye atender el pedido de legalización de tierras que fue lo que originó los crímenes en contra de esta población.

Según la SAA, líderes comunitarios informaron que los primeros habitantes eran mozos que laboraban en las fincas aledañas. Después de años de habitar la tierra, buscaron la legalización. Incluso pidieron acceso a créditos para comprarla, pero en lugar de diálogo les respondieron con persecución y balas.

Los propietarios de la empresa identificada como Rafael Rivera Romero y Compañía Limitada, se quedaron con la propiedad. Se desconoce cómo solucionaron la situación con Jordan Beltetón, pero un registro de 1975 indica que él desistió de todo reclamo.

En el acta número siete, del 11 de diciembre de 1970, se estableció que Rafael Rivera Romero, Francisco Valdizán Varona y Venancio Botrán Borja quedaban como propietarios de la finca en iguales partes, al haber disuelto la compañía en la que eran socios. El primero quedó como administrador y defensor ante “cualquier acto que pudiera menoscabar sus derechos”.

Con la muerte de cada uno: Rivera, Valdizán y Botrán, sus viudas e hijos la heredaron. María Luisa Rivera Castellanos, en herencia de los derechos de Rafael Rivera Romero. En 1991, a la muerte de Benancio Botrán Borja (empresario y banquero) su parte quedó en posesión de su esposa Alma América Morales Valladares y de sus hijos: Venancio Botrán Lancho y Carmen Ana Botrán Lancho. Por Francisco Valdizán quedaron como herederos, en 2008, Aurora Inocencia de Herrera, Ana Margarita de Gutiérrez, Olga Gutiérrez y María del Carmen Valdizán Botrán. Con usufructo vitalicio para Paula Romelia Botrán Borja de Valdizán. En total, ocho propietarios que a principios de febrero anunciaron su voluntad de vender la propiedad, a un costo de Q20 millones.

El embargo de 2005

Sepur Zarco ha sido una tierra de conflictos legales. Además del ocurrido en 1935, por una compraventa fallida debido al impago de la propiedad, y la de 1964, por un embargo, se suscitó otro en 2004.

Rafael Alfredo Castillo Gándara, exesposo de Ana Lucía Alejos Botrán, hija de Carmen Ana Botrán Lancho, presentó una denuncia en contra de sus suegros y su cuñado. Los acusaba de daños y perjuicios porque supuestamente se habían “involucrado en forma directa, violenta e ilegal” durante el juicio de divorcio de la pareja.

Castillo Gándara alegaba que su familia política había afectado la relación que él tenía con su hija y que ambos habían sufrido daños psicológicos y físicos. Señaló abiertamente a su exesposa como la responsable de un “atentado criminal” que sufrió en la zona 1 de la capital en 2004. El asunto terminó con el embargo de varias propiedades y vehículos, así como en el arraigo de Carmen Ana Botrán, de su esposo Carlos Rafael Alejos García y de su hijo Juan Carlos Alejos Botrán. Entre las propiedades embargadas de Carmen Ana Botrán, estaba Sepur Zarco.

La finca, en donde vive un grupo de q’eqch’s víctimas del conflicto armado interno y de los rezagos y olvido que les provocó la guerra, fue usada como botín en una discusión de pareja que trascendió a nivel nacional.

El divorcio y los problemas familiares se hicieron públicos porque Ana Lucía Alejos Botrán fungió como vocera del Ministerio Público (MP) y fue candidata a diputada con el partido Alianza Nueva Nación, organización liderada por el exjefe guerrillero Pablo Monsanto. El lío de la pareja terminó en 2010, cuando la Corte Suprema de Justicia estableció que no procedían más acciones legales para intentar revertir la resolución del juzgado de primera instancia de Alta Verapaz, que anulaba las medidas precautorias a las propiedades de los Alejos Botrán. En agosto de 2017, el Registro General de la Propiedad anotó que la finca quedaba libre de cualquier embargo.

Aunque desde finales de 2017 Plaza Pública solicitó en repetidas ocasiones una entrevista con los propietarios actuales o su abogada, no respondieron a las solicitudes.

El Estado debe comprar la finca

El caso de Sepur Zarco fue conocido inicialmente por el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), a finales de los 70. Después del acoso, detenciones, asesinatos y desaparición de los líderes del comité de tierras de Sepur Zarco, el asunto quedó archivado.

El Fondo de Tierras (Fontierras) le iba a dar seguimiento, pero al no tratarse de tierras nacionales, el caso se trasladó a la SAA en 2007. En 2009, la SAA hizo una evaluación en la región del Polochic y determinó que había varios traslapes entre fincas, lo que dificultaba negociar el terreno en favor de los pobladores. De acuerdo con el reporte de la SAA, a través de un acta entre varias comunidades se logró un consenso para resolver los traslapes.

En 2014 la SAA logró comunicación con una de las propietarias, que aceptó llevar la propuesta de compraventa de la propiedad. Los ocho dueños, al igual que todos los demás que ha tenido la tierra desde 1905, nunca han querido Sepur Zarco para habitarla. En términos prácticos, los únicos que la han poseído son las familias q’eqchi’s.

Miguel Cardona, director de Operaciones de la SAA, dice que a partir de la sentencia de 2016, en la que el Tribunal B de Mayor Riesgo aprobó la reparación digna para las víctimas, se instaló una mesa de diálogo para solucionar el reclamo de tierras. Ese diálogo es la continuación al que empezaron los primeros integrantes del comité de tierras de Sepur Zarco y que fueron desaparecidos o asesinados hace más de tres décadas.  

Esta se integra por el Registro de Información Catastral, Fontierras, la Procuraduría General de la Nación, Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas, la organización Mujer Transformando el Mundo en representación de las 11 mujeres de Sepur Zarco, el Programa Nacional de Resarcimiento, y para este año se tenía previsto citar de nuevo al Ministerio de Finanzas y por primera vez a la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredh). “Por ser un caso especial, no solo Fontierras puede resolver”, explica Cardona.

La sentencia que emitió el Tribunal de B de Mayor Riesgo en 2016, no solo abarca la condena de prisión a 120 y 240 años para el exoficial del Ejército Esteelmer Francisco Reyes y el excomisionado militar Heriberto Valdés Asij,  por desaparición forzada, asesinato y delitos de deberes contra la humanidad en la forma de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica; también contempla la reparación digna y transformadora para las mujeres y su comunidad, las cuales son responsabilidad de diferentes entidades estatales.

La mesa de tierras, que dirige la SAA ha logrado hasta ahora que las ocho familias acepten vender la finca y que en febrero hayan presentado una propuesta económica.

Una fuente allegada al proceso, que pidió no ser identificada, informó que el monto que las familias piden para vender Sepur Zarco asciende a casi Q20 millones. Es decir Q689 mil por cada una de las 29 caballerías.

Cardona no quiso confirmar que ese fuera el monto, para no “perjudicar el proceso”. Lo que sí aseguró es que el Estado deber buscar los mecanismos para comprar la finca y entregarla a la comunidad. Ni las 11 mujeres ni sus familias ni nadie que viva actualmente en Sepur Zarco, tendrán que pagar por ella, porque el Estado se las debe, en compensación a los daños que sufrieron.

No obstante, se han visto avances en el proceso, Paula Barrios, directora de MTM, señala que las cosas se ralentizaron este año, a partir del cambio de autoridades en la SAA. “Lamentamos que con el cambio de dirección la mesa ya no tiene continuidad” señala. La última reunión que sostuvieron fue en diciembre y el 18 de ese mes asumió como Secretario Erwin Robles, en sustitución de Carlos Morán.

Las nuevas autoridades habían fijado una reunión con todos los integrantes de la mesa para el 1 de marzo, pero quedó suspendida por decisión de la SAA, sin que se fijara nueva fecha.

Ahora que ya existe una propuesta económica, corresponde al Estado negociar el precio. Hacer sus propios avalúos de la tierra y resolver de dónde saldrá el dinero para comprar la finca. La espera por la legalización de tierras en Sepur Zarco obstruye la implementación de las demás medidas. Mientras la finca esté inscrita a nombre de particulares, los ministerios de Salud y Educación no pueden cumplir con instalar un centro de salud y un instituto, como les ordenó la sentencia.

Mientras tanto, las 11 mujeres, hoy ancianas, esperan el cumplimiento de lo que les ofrecieron. Porque rompieron el silencio para denunciar los vejámenes que sufrieron, con el deseo de encontrar justicia y cambiar las circunstancias en las que viven ellas, su familia y su comunidad.

Texto
Edición
Texto
Edición
Plaza en 1 minuto (más o menos)
Si nos conoces pensarás que las síntesis no es nuestro fuerte
pero nos esforzamos por mandarte un resumen semanal. Casi siempre.