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Lucrecia Molina Theissen: “Es hora de romper el silencio y exigirle al sistema de justicia”
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Lucrecia Molina Theissen: “Es hora de romper el silencio y exigirle al sistema de justicia”

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Ana Lucrecia Molina Theissen habla en esta entrevista sobre el difícil proceso que han tenido que llevar para juzgar a la cúpula militar acusada de desaparecer a su hermano Marco Antonio. La próxima semana se retomaran las audiencias y se espera que el proceso llegue a la fase conclusiones.

El juicio por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen y la captura, tortura y abusos sexuales contra su hermana, Emma Guadalupe, esta cerca de llegar al final. Lo que inició hace casi 20 años, cuando la familia presentó la denuncia en un juzgado de Guatemala,  colocó a la cúpula militar de 1981 ante un Tribunal. En medio de la desconfianza contra el sistema, pero con la necesidad de batirse con la impunidad, las Molina Theissen no claudican.

En 1981 Emma Guadalupe fue capturada por el Ejército en un retén, porque llevaba documentos subversivos. La torturaron durante nueve días, hasta que logró escapar, aprovechando el descuido de un guardía. En venganza por su escape, el Ejército secuestro a su hermano menor, Marco Antonio; lo sacó por la fuerza de su casa y sus padres nunca volvieron a verlo.

Ana Lucrecia Molina Theissen, quien ha estado presente durante todas las audiencias del juicio contra cinco exjefes militares, que inició el 1 de marzo, conversó con Plaza Pública vía telefónica desde Costa Rica. En esta entrevista explica lo que han significado estas dos décadas de lucha ante el sistema de justicia guatemalteco.

Simone Dalmasso

Pocas horas después de esta comunicación, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo liberó el camino para que el juicio siga su curso. Los abogados de los acusados trataron de detener el proceso, con el argumento de que el juez Pablo Xitumul, que dirige el debate, está parcializado en favor de las víctimas.

Señalaron que ese favoritismo era a causa de un asunto personal contra el Ejército, por la desaparición forzada de su padre en 1982, en Rabinal, Baja Verapaz. Los jueces de apelaciones consideraron que los argumentos de los acusados no tenían sustento. Una resolución contraria habría obligado a la repetición de todo el debate.

¿Cómo inició esta búsqueda de justicia en Guatemala?

Una vez que dejamos de esperar que Marco Antonio volviera y que tuvimos que asumir su muerte, lo cual fue un proceso muy duro, yo empecé a ver la manera de que se le hiciera justicia. Esto implicó estar averiguando, y como yo vivo en Costa Rica, asistí a un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Me quedé asombrada de que existiera la posibilidad de justicia de derechos humanos y empecé a buscar la forma de presentar el caso. No fue tan sencillo, fue un proceso que llevó seis años. Pasamos por un intento de solución amistosa con el Estado en el año 2000, pero nos ofrecían dinero, y lo que nosotras siempre hemos querido es recuperar los restos de Marco Antonio y saber qué pasó con él. Paralelamente al sistema interamericano, se presenta la demanda penal ante un juzgado en Guatemala en septiembre de 1998. El proceso lleva casi 20 años, y efectivamente no había mucha confianza en el sistema judicial guatemalteco y menos en esa época, pero ¿a qué más podíamos recurrir?

¿Qué pasó desde que presentaron la denuncia en 1998?

Han sido innumerables gestiones, ires y venires  a Guatemala, al Ministerio Público. Y no fue con Claudia Paz, sino una gestión previa, (antes de Claudia Paz, el MP estuvo a cargo de Amílcar Velásquez) cuando empieza a darse cierta apertura hacia casos de graves violaciones a los Derechos Humanos. Tener una sentencia de la CIDH, cuyo cumplimiento es obligatorio, nos dio una gran legitimidad ante el sistema penal guatemalteco.

¿Y desde entonces, qué se ha hecho para buscar a Marco Antonio?

A partir de la resolución de la CIDH, desde 2006 se han hecho diligencias. Pero la búsqueda, hasta ahora, ha sido infructuosa. Paralelamente, se llevaba un proceso de investigación con mandato constitucional de búsqueda de personas, que en sus inicios llevó la PDH (oficina del Procurador de los Derechos Humanos) a partir de un recurso de habeas corpus (garantía constitucional para evitar arrestos arbitrarios y la libertad de las personas).

El mandato de la PDH estuvo vigente de 1998 hasta 2011. Ese último año vimos que el interés de la PDH había decaído y por medio de un amparo, en julio de 2011, ese mandato pasó a mi mamá. Ella fue designada como la averiguadora especial en este proceso. Antes de eso, el magistrado (de la Corte Suprema de Justicia) Ricardo Barrientos, emitió una resolución sobre la autoejecutabilidad de las sentencias de la CIDH, y todo el poder judicial debía acatar esas resoluciones. Pero el Estado ha incurrido en desacato.

Entonces, ¿su mamá estuvo a cargo de dirigir la búsqueda?

Durante muchos años fue directamente la familia la que estuvo impulsando la investigación, junto a los abogados y entidades que nos dieron apoyo. Porque había muchas trabas, incluso en la propia fiscalía de Derechos Humanos.  Antes, nosotras le demandábamos a la fiscalía que hubiera más celeridad, pero en 2015 finalmente asume la conducción del caso. Muchos le achacan a Claudia Paz que estos procesos hayan fructificado, pero hemos visto que el MP ha logrado desarrollar una ética distinta en los procesos. Paz y Paz después de asumir el cargo emitió una directriz para la investigación criminal en casos de violaciones a los derechos humanos. Eso dio lugar a la depuración de la Fiscalía correspondiente y su paulatino fortalecimiento. 

En el juicio también se nota el trabajo de la familia, porque tuvieron que buscar a testigos y peritos.

En el periodo en que mi mamá fue la investigadora oficial, ella tuvo que buscar apoyos, pruebas y y algunos peritajes. Por eso es que hay unos que son ofrecidos directamente por las querellantes (las dos Emmas, madre e hija). Junto al MP hemos hecho un balance de lo que cada uno tenemos y lo que se debe presentar. Y así es como se logró acoplar mucha de la prueba. En todo el proceso, ha sido importante la disposición de la familia completa de estar metida en el asunto.

En 2016 capturan a los militares por su vinculación en la desaparición forzada en dos procesos. El de ustedes y el caso conocido como Creompaz (base militar que se usó como cementerio clandestino). ¿Cómo explicarle a los opositores, por qué se debe juzgar a la cúpula del Ejército por esos hechos?

Porque el Ejército es una organización jerárquica y subordinada que ejecuta órdenes. Ningún subordinado podía cambiar una orden y solo podía ejecutarla. Estas órdenes suben al jefe operativo del Ejército y por medio del Manual de Guerra Contrasubversiva, la D2 (personal de inteligencia militar) se ponía en marcha retenes en carreteras y detención de personas sospechosas, que fue el caso de mi hermana. Ella portaba información de una organización proscrita cuando la detuvieron. Las directrices de las actuaciones de la Inteligencia Militar y todas las ejecutadas por oficiales de menor jerarquía eran dadas por los altos mandos del Ejército, ningún oficial o soldado actuaba por su libre (voluntad). Eso se ha pretendido probar ante el Tribunal, a través de los distintos peritajes, para que se comprenda que nada se podía hacer sin el conocimiento, orden u autorización de los mandos militares.

¿Cree que los acusados han estado interesados en agilizar el proceso penal? Pregunto por el hecho de que presentaron una recusación contra el juez, bajo el argumento del derecho a tener un juicio justo.

No podría dar opinión. Posiblemente no esperaban que el caso avanzara como sucedió. El año pasado hubo un movimiento por parte del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que presentó un recurso ante la Corte de Constitucionalidad para ampliar la amnistía, omitiendo el artículo 8 de la ley de Reconciliación Nacional, que es el artículo que exime de amnistiar a los perpetradores de crímenes de guerra y lesa humanidad. Con eso se habrían extinguido los procesos (como el juicio por genocidio y otros en los que están acusados militares) pero la CC no otorgó la suspensión del artículo. En el Congreso también ha habido intentos por modificar esa ley. Al respecto, la CIDH ha sido clara al decir que no está permitido, ni entra dentro de la legalidad, la existencia de amnistía en casos de violaciones a derechos humanos. Entonces vemos que (los militares) sí le han apostado a las barreras y nosotras las vamos logrando pasar.

Simone Dalmasso

¿Ustedes sabían del antecedente familiar del juez Xitumul, que su padre fue desaparecido en 1982?

Nadie sabía de esa situación personal del juez. Todos nos quedamos de piedra. Él ha apartado ese hecho de su ejercicio profesional y tampoco se le pude acusar de parcialidad, porque en el juicio por genocidio eximió de responsabilidad penal a José Mauricio Rodríguez Sánchez (jefe de inteligencia durante el gobierno de Efraín Ríos Montt). Así que tenemos ese antecedente.

¿Qué significa para ustedes el haber llegado a juicio y que en los próximos días se inicie la fase de conclusiones?

Ha sido la temporalidad prolongada del dolor y el sufrimiento. Porque en cada audiencia hemos revivido lo que pasamos. Sobre todo en los primeros días, porque fue muy duro escuchar la declaración que Emma dio a puerta cerrada en la CIDH (esta fue reproducida a través de una grabación de audio). Muy pocas veces la Corte ha permitido una declaración a puerta cerrada y deje lo revictimizador, en un proceso de este tipo, de forma pública y ante tantas personas. Pero nos sentimos reparadas por la solidaridad y apoyo recibido por organizaciones nacionales e internacionales. Hemos tenido el apoyo de muchísima gente, y sabemos que todavía hay temor y por eso no se llena la sala de audiencias. Al mismo tiempo, es muy importante para nosotras que haya una institución como el MP que está dispuesta a llevar un proceso de esta magnitud. Esto es reparador para las víctimas y, en última instancia, es un ejercicio de ciudadanía el hecho de exigir y demandar justicia en casos tan graves. Y, al final es también un ejercicio de dignidad.

¿Cree que su experiencia puede servir de ejemplo para otras personas que no se atrevieron a demandar justicia?

Ojalá, porque una amiga me decía que debería haber 20 mil casos en tribunales. Porque se habla de 45 mil desaparecidos, pero me sobran los dedos de las manos para contar cuántos procesos se han planteado por estos hechos. Pero es entendible, porque uno se refugia en el silencio como estrategia de sobrevivencia. Yo creo que ya es hora de que rompamos el silencio y nos acerquemos a exigir justicia. El sistema judicial no va a resolver si no se le exige.

Simone Dalmasso

¿Es posible para ustedes superar lo que les ocurrió?

Ya van casi 37 años de lo sucedido. Los primeros 10 o 15 años esperábamos que apareciera con vida, porque para nosotros era inadmisible que lo hubieran matado. No podíamos con esa idea y lo esperamos vivo mucho tiempo. Poco a poco fuimos comprendiendo qué había pasado mucho y que si otros no aparecían, él tampoco lo haría. Así que nos tocó asumir su muerte. Cada quién y cada uno tuvo que aceptarlo en diferentes momentos. Eso mató a mi papá, porque cuando él empieza a asumir la muerte de Marco Antonio, su salud se empieza a debilitar. Mi papá murió a los 13 años de la desaparición de mi hermano. Para mí, el momento en que nos lo arrebataron fue como mi primera muerte, tuve que agarrar mis pedazos y aprender a vivir con ese sufrimiento. A lo que no me voy a conformar nunca es a la injusticia.

¿Eso es lo que las ha sostenido en este largo proceso?

Esto nunca le debió haber pasado a ningún niño o niña. No le debió haber pasado a él. Y por eso nuestro sentimiento es de no dejarlo atrás nunca. Lo tenemos con nosotras en nuestro corazón y no lo vamos a abandonar. Y nuestra búsqueda de justicia es por él. Esta lucha es por dignidad y porque en nuestra mente no cabe, en mi cabeza no cabe, que hechos tan graves y que han causado tanto sufrimiento a mis padres, a mi hermano a mi hermana queden impunes.

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