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El periodista José Rubén Zamora Marroquín es detenido en su vivienda y trasladados a los tribunales. Foto: Eduardo Say

Los cuestionados personajes que actuaron en la captura de Jose Rubén Zamora

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Los cuestionados personajes que actuaron en la captura de Jose Rubén Zamora

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Un juez de turno envió a prisión provisional al periodista Jose Rubén Zamora, presidente y fundador de elPeriódico, un diario caracterizado por sus investigaciones que, desde 1996, denuncian corrupción en el Estado de Guatemala. Al finalizar el operativo, Zamora fue detenido bajo cargos de lavado de dinero en un caso del que no dieron detalles y por el que también fue capturada la auxiliar fiscal del Ministerio Público (MP), Samari Carolina Gómez Díaz. Dos fiscales denunciados y un juez bajo cuestionamiento son protagonistas en el caso contra el periodista.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), creada para investigar aparatos clandestinos en el Estado, es hoy la principal persecutora de quienes denuncian la corrupción. Lo ha hecho contra antiguos fiscales y ahora contra Jose Rubén Zamora, quien dirige uno de los medios de comunicación con mayor peso político en el país y que en el último año ha cuestionado con más agudeza la alianza del presidente de la república Alejandro Giammattei y la fiscal general del MP, Consuelo Porras, quien ahora dirige la detención del periodista.

Las personas cuestionadas que son responsables de la aprehensión de Zamora empiezan por el despacho principal del MP: la fiscal Porras está incluida desde el 2021 en la «Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos» del Departamento de Estado de EE. UU. por «obstruir investigaciones anticorrupción». El señalamiento de Estados Unidos contra Porras se produjo después de que la fiscal general despidió a Juan Francisco Sandoval, quien dirigió la fiscalía especial cuando se investigaron los principales casos de corrupción entre 2015 y 2020.

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El nuevo jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, también fue incluido recientemente en la «Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos» de Estados Unidos. Ayer, Curruchiche ofreció declaraciones a los canales de televisión abierta Albavisión —señalada en 2016 de financiar de manera ilícita la campaña electoral del Partido Patriota—, a quienes informó que Zamora fue detenido por lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias, así como proposición y conspiración para el lavado de dinero.

Este tipo de acusaciones son similares a las que usa el régimen de Daniel Ortega para perseguir a medios de comunicación y periodistas.

Caso «en reserva»

Curruchiche declaró que, debido a que es un delito por posible lavado de dinero existe una «reserva permanente sobre esta investigación». Sin embargo, dio algunos detalles de la pesquisa. Según el fiscal, «un ciudadano» se abocó a la Feci para denunciar que Zamora le sugirió realizar «una transacción monetaria sobre un monto considerable de dinero», de la cual Curruchiche no reveló el valor.

«Se dio seguimiento policial para verificar la información del denunciante y se estableció que se pretendía realizar una transacción bancaria por un monto considerable de dinero y en hecho flagrante se logró incautar dicha cantidad (…) La investigación continúa y derivado de los indicios que se han recabado, se ha advertido la posible vinculación de varias personas más», agregó el fiscal Curruchiche en otro video pregrabado que el MP difundió en sus redes sociales la noche del 29 de julio.

Agregó que por este caso también se capturó a la auxiliar fiscal de la Feci, Samari Carolina Gómez Díaz, por revelación de información confidencial.  

Pese a que el jefe de la Feci aseguró que el caso se encuentra bajo reserva, antes del allanamiento el procedimiento fue anunciado por cuentas de Twitter anónimas, como ha ocurrido en otros casos contra fiscales que han investigado corrupción. Desde esas cuentas se aseguró que la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), que dirige Ricardo Méndez Ruiz, también incluido en la «Lista de Actores Corruptos» de EE. UU., asistió al denunciante y que la FCT será querellante en el caso.

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Un juez cuestionado

El jefe de la Feci también informó que la orden de captura contra Jose Rubén Zamora fue girada por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, que dirige Fredy Raúl Orellana Letona, el mismo juez que en 2021 autorizó una orden de captura contra Juan Francisco Sandoval, quien desde el año pasado se encuentra exiliado en Estados Unidos junto con otros investigadores anticorrupción, además de la jueza Erika Aifán y la exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras.

En 2020 Sandoval recusó a Orellana después de que el juez fue fotografiado en una actividad de ocio en compañía de uno de los abogados del exsecretario privado de la Presidencia de la República, Gustavo Alejos Cámbara, también empresario ligado a farmacéuticas y empresas constructoras de obra pública. Al juez Séptimo también se le señala de cerrar las investigaciones de posible corrupción en contra de los exdiputados Baudilio Hichos (fallecido) y Roberto Késtler.

La fiscal denunciada

Zamora denunció en la Torre de Tribunales que al iniciar el allanamiento los fiscales del MP y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron a su vivienda al saltarse el muro perimetral, sin anunciarse. Además, señaló que la fiscal a cargo del cateo, Cinthia Monterroso Gómez, amenazó con «meter presa» a la nuera del periodista, quien se encontraba de visita en su vivienda y tomó fotografías de los agentes que irrumpieron en la casa.

Monterroso Gómez, fiscal de la Feci, también es un personaje cuestionado y de confianza de la actual fiscal general del MP. Juan Francisco Sandoval la denunció en dos ocasiones porque ella solicitó información de personas que no tenían procesos legales abiertos. Además, Érika Aifán, cuando aún dirigía el Juzgado de Mayor Riesgo D, también pidió que Monterroso fuera investigada por posible obstrucción de justicia. Aifán señaló que Monterroso la denunció en repetidas ocasiones con el objetivo de modificar acusaciones en procesos de investigación que se ventilaban en el Juzgado de Mayor Riesgo que estaba a su cargo.

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MP obstaculizó la labor del medio

Aunque el discurso que ha manejado el MP de Consuelo Porras es que no se obstaculizó la labor de los periodistas de elPeriódico, el medio denunció que, a las 22 horas del 29 de julio, los fiscales retiraron de las oficinas administrativas del diario, en la zona 7 de Mixco, a más de 30 personas encargadas de la impresión y distribución del matutino. El medio se vio obligado a buscar un lugar alternativo para imprimir la edición física del 30 de julio.

El Juzgado de Turno envió a Zamora a la cárcel militar Mariscal Zavala como medida provisional previo a la audiencia de primera declaración que se programó para el 1 de agosto próximo. Mientras tanto, diversas voces de organizaciones civiles y ciudadanos han repudiado la captura de Jose Rubén Zamora, quien también señaló que su aprehensión obedece a una «persecución política».

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