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Los 7,108 expedientes abandonados del conflicto armado interno
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Los 7,108 expedientes abandonados del conflicto armado interno

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Historia completa Temas clave

El Ministerio Público tenía entre el polvo y el olvido miles de denuncias de graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante la guerra interna. En diciembre de 2018 concluyó la primera fase de un proyecto que busca rescatarlas, pero no es suficiente. Las autoridades no tienen el personal suficiente para atender este cúmulo de casos, y el Congreso pretende que estas acusaciones queden enterradas.

El Ministerio Público guarda 7,108 de denuncias y no sabe bien qué hacer con ellas. Pertenecen a víctimas del conflicto armado en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango y Quiché. En la mayoría de los casos las personas que sufrieron los vejámenes no pretendían denunciar, sino que solo comentaron los hechos como un relato de su pasado cuando optaban a los proyectos de resarcimiento estatal.

Lo último que se supo de estas narraciones, que incluyen desaparición forzada, asesinatos, violencia sexual, robos y destrucción de propiedades, es que el Programa Nacional de Resarcimiento las reunió todas y las entregó al Ministerio Público. Esto ocurrió hace poco más de una década.

Los archivos permanecieron en los rincones del olvido en las fiscalías de Quiché, Joyabaj, Nebaj, Ixcán, Alta Verpaaz, Chisec, La Tinta, Baja Verapaz, Rabinal, Huehuetenango, La Democracia y Santa Eulalia. En 2013 surgió una iniciativa para rescatarlas.

«Murió de hambre».

«Huyó a la montaña y ahí se murió».

«Quemaron su casa y sus cosas».

«Los mataron».

«Los capturaron y ya no aparecieron».

Esas frases aparecen en miles de expedientes. Sin embargo, no hay muchos detalles. Aunque en algunos casos hay peritajes antropológicos, en otros ni siquiera se detallan los nombres de los agraviados ni las fechas o lugares exactos en donde ocurrieron los hechos. El Ministerio Público no comparte esa información, y nunca estableció un mecanismo para investigar estos hechos. Recibieron las denuncias, las trasladaron a las fiscalías a donde correspondía la jurisdicción y nadie les dio seguimiento. Lo único que se sabe es que la denuncia más antigua de las 7,108 fue recibida en 1993.

El Programa Nacional de Resarcimiento las entregó y se desvinculó de toda responsabilidad. No hubo una organización social que les diera seguimiento, como en otros procesos que han llegado al sistema judicial e incluso han obtenido sentencia. A estas víctimas las dejaron solas.

Tampoco se ha podido establecer si todas las personas que contaron sus historias recibieron algún tipo de resarcimiento. El Programa no tiene esta información detallada en su página de internet, y tampoco atendió el requerimiento de información pública de este medio.

En 2013, el Ministerio Público junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo impulsó el Proyecto de análisis y digitación de expedientes del Conflicto Armado Interno.

Asignaron a cuatro personas para revisar cada archivo. Los digitalizaron. Es decir, escanearon cada hoja al formato PDF. Los ingresaron al sistema informático de la Fiscalía, conocido como Sicomp, ya que el 57 % no estaba subido al sistema. Crearon campos nuevos en el programa informático, para que se pudieran clasificar todos los tipos de delitos contra los deberes de la humanidad. Y se digitaron los informes de antropología forense, ya que en varios casos había documentación de las exhumaciones realizadas. El proyecto tomó cinco años.

En diciembre de 2018 concluyó esta primera fase. Ahora falta conocer qué harán con toda esa información digital. ¿Quién o qué fiscalía debe encargarse de la investigación? ¿Qué plazo se dará para que se realicen las diligencias y no vuelvan a quedar abandonas?

Para estas y otras preguntas no hay respuesta. La fiscalía de Derechos Humanos, de la que depende la Unidad de Casos del Conflicto Armado, ha confirmado que no se puede hacer cargo, porque no tiene personal suficiente para trabajarlos y ya tiene una carga de cuatro mil casos en investigación.

Desenredar la historia

El proyecto tenía el propósito de revisar poco más de nueve mil denuncias. El personal contratado determinó que entre estas había 6,203 provenientes del Programa Nacional de Resarcimiento que sí aplicaban para tener la etiqueta “Expediente CAI” (Conflicto Armado Interno). Otras 905 que estaban originalmente en estas fiscalías, también pasaron el filtro para incluirlas en esa categoría.

Las demás eran duplicados o no tenían relación con la guerra interna. En total se identificaron 7,108 expedientes CAI, los cuales deben pasar por más filtros. Julio Cordón, el secretario de Política Criminal del Ministerio Público, explicó a Plaza Pública el procedimiento: Los fiscales deben validar el trabajo que se hizo en el proyecto. Revisar que los datos del denunciante y si los hechos estén correctos. Lo mismo con la clasificación del delito, porque los revisores tipificaron provisionalmente de acuerdo con la descripción de los hechos, pero es el fiscal asignado quien debe determinarlo.

Cordón aseguró que hasta el 11 de marzo se había aplicado esta revisión a casi la mitad de los expedientes. La fecha límite para terminar esa verificación es el 30 de marzo. Después de concluir este proceso habrá que determinar quién les debe dar seguimiento.

Ni las fiscalías que los tienen asignados actualmente, ni la Unidad de Casos del Conflicto Armado pueden atenderlas. Son una carga pesada. No solo por la cantidad de trabajo que representan, sino porque estas denuncias son antiguas y muchas nunca tuvieron avances.

«En muchos de los casos ni siquiera estaban en el sistema informático, así que qué diligencias iban a tener», explica Cordón.

Los fiscales que se hagan cargo tendrán que plantear una estrategia de trabajo. Determinar si hay un patrón identificado, si se trata de hechos individuales o colectivos. Buscar testigos, a las víctimas y denunciantes, que por el tiempo que ha pasado podrían haber fallecido. Y establecer quién o quiénes podrían ser los responsables.

También hay que establecer si entre estas denuncias puede haber hechos que ya fueron denunciados o juzgados. Los fiscales de ahora tendrán que determinar si hubo responsabilidad de los fiscales de antes, los que dejaron que estos procesos quedaran en el abandono. En tal caso, «certificar lo conducente» por el incumplimiento de deberes.

Sin embargo, no es tan fácil individualizar la responsabilidad. En la fiscalía de Nebaj, por ejemplo, los expedientes no estaban asignados a una persona sino a toda la fiscalía. Y ahí ha habido varios cambios de personal con el paso de los años.

Nebaj y sus 1,978 casos

Simone Dalmasso

De las 7,108 denuncias en proceso de rescate, el 27 % (1,978 casos) están concentradas en la fiscalía de Nebaj, Quiché. Esta fiscalía tiene jurisdicción en siete municipios, para los cuales dispone de ocho investigadores y entre su área de cobertura están San Juan Cotzal, Santa María Nebaj y San Gaspar Chajul, en donde hubo genocidio de acuerdo con una resolución del Tribunal B de Mayor Riesgo en 2018.

En ese proceso judicial, la fiscalía documentó a 1,771 víctimas. Benjamín Cruz, agente fiscal en Nebaj desde hace un año, no descarta que entre las denuncias que deben analizar haya otras relacionadas con ese delito.

Para averiguarlo, designó hace unos días a una auxiliar fiscal que volvió de su periodo postnatal para que se encargue de los expedientes del conflicto armado interno. Ella deberá hacerse cargo de los 1,978 casos.

«Independientemente si los seguimos trabajando nosotros o se los asigna a otra fiscalía, quiero tenerlos ordenados. Si fueron hechos de 1982 hay que verificar quién estuvo de presidente y ministro de la Defensa. Si hay casos contra expatrulleros, contra la guerrilla o contra el Ejército. Pero eso va a llevar tiempo», explica Cruz.

El agente fiscal, que concedió una breve entrevista por teléfono, no puede decir cuánto tiempo le podría tomar ese trabajo.

«Todavía no hay una luz de cómo se van a trabajar», agrega el fiscal. En la capital, la jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos, Hilda Pineda, tampoco tiene una explicación para dar. Su fiscalía tiene siete unidades más, entre ellas las que atienden los delitos contra sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros.

La Unidad de Casos del Conflicto Armado tiene 25 integrantes que actualmente atienden cuatro mil casos que no avanzan por falta de testigos, documentos o información para corroborar los hechos. La fiscal asegura que podría asumir la responsabilidad si le asignan, por lo menos, 20 fiscales más.

Cordón confirmó que buscan el mecanismo para fortalecer esa unidad y determinar cómo harán que las denuncias no se vuelvan a abandonar. Lo que heredó de gestiones anteriores no solo abarca los cuatro departamentos de este proyecto. El Ministerio Público ha iniciado una nueva fase de recopilación de denuncias similares en San Marcos, Petén, Sololá y Chimaltenango. La fiscal Pineda afirma que los casos del conflicto armado no pueden tener punto final. Las violaciones a los derechos humanos ocurrieron «prácticamente en todo el país», dice. Y aunque el Congreso de la República apruebe la reforma a la Ley de Reconciliación para frenar los procesos de justicia «la obligatoriedad de seguir buscando a los desaparecidos no concluye» y «sería ilógico seguir encontrando evidencias sin poder juzgar a nadie», señala.

El martes 12 de marzo la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que «requiere al Estado que interrumpa el trámite legislativo» y archive la iniciativa que busca otorgar amnistía a todos los responsables de delitos contra los deberes de humanidad y genocidio.

El Congreso ha rechazado esa resolución y mantiene en agenda la aprobación de esa iniciativa. Este último paso del Congreso puede determinar el futuro del proyecto que busca reactivar las denuncias abandonadas de la guerra.

Esta es la lista de casos que hasta el momento lleva analizados el MP, faltan otros aún por determinar el delito. 

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