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"Es la primera vez que veo a los grupos tradicionales en segunda fila en un proceso electoral"
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"Es la primera vez que veo a los grupos tradicionales en segunda fila en un proceso electoral"

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Los poderes emergentes no tienen alcance nacional, pero le han ido arrebatando tajos de Estado y territorio a la oligarquía. Los aparatos de seguridad y justicia son un buen ejemplo.
Los centros financieros. Allí se va a dar el acomodo o la pelea final entre los grupos económicos tradicionales y los emergentes.
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Historia completa Temas clave

En las últimas dos décadas Edgar Gutiérrez (Guatemala, 1960) ha vivido muy de cerca algunos de los acontecimientos clave del país: como coordinador del proyecto Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), como secretario de análisis estratégico y canciller de Alfonso Portillo, como analista del crimen organizado y el narcotráfico, como promotor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ahora se prepara para publicar en otoño el libro Drug trafficking, Corruption and State (El narcotráfico, la corrupción y el Estado), en el que firma junto a la periodista Claudia Méndez Arriaza los capítulos sobre Guatemala.

El libro trata de cómo la corrupción ha ido mutando para volverse más y más compleja, y de cómo van entrando en ella nuevos agentes. Del control de las elites económicas tradicionales al de los grupos emergentes, legales, ilegales, paralegales, o una mezcla de todo.  Del paso de la captura del Estado al Estado co-optado.

Llevábamos varias semanas ya intentado charlar sobre ello cuando decidimos, después de al menos tres citas frustradas en el último momento, llevar la conversación al correo electrónico.

 “‘Estado capturado’”, escribe Gutiérrez, “es un concepto que propuso el Banco Mundial en la década 1990, tras las abruptas privatizaciones en Europa Oriental y Central. En Latinoamérica se explicó como el control de grupos económicos tradicionales, y algunos emergentes, sobre ciertas instituciones clave del Estado a fin de beneficiar sus negocios, con ventajas extra mercado”.

Según el libro, la captura del Estado tenía lugar mediante sobornos a gran escala a miembros del organismo Ejecutivo y del Legislativo y la relación era unidireccional: los agentes externos trataban de manipular las instituciones desde fuera.

Pero ahora hay un cambio, dice el texto, una tendencia a la reconfiguración que se ha hecho evidente en la última década: ahora los beneficios que se buscan no son simplemente económicos; son principalmente criminales, judiciales, políticos y de legitimidad social. Ya no dependen tanto del soborno; su método es el pacto político, las alianzas. Ya no son sólo los grupos delictivos los que cooptan las instituciones, sino que también los candidatos o los funcionarios cooptan a los grupos delictivos. Y la corrupción ya no se centra únicamente en las esferas altas del poder; ocurre a todo nivel, con gran eficiencia. Naturalmente en el Estado y en los partidos políticos. Pero también en la Academia, y en los medios de comunicación, y en general en la sociedad civil.

“La tesis de ‘reconfiguración del estado cooptado’, a partir de la experiencia de Colombia e Italia”, retoma el hilo Gutiérrez, “alude a la evolución del crimen organizado, en particular el narcotráfico en el caso de Colombia: no es sólo controlar instituciones estatales sino promover pactos políticos permanentes para rehacer las reglas del juego (leyes, instituciones y políticas públicas). La evolución ocurre desde la corrupción y cooptación de ciertas instituciones (gobiernos locales y regionales, y policías) hasta su reconfiguración nacional acorde al poder mafioso y sus aliados”.

Le pregunto si Guatemala no ha tenido siempre las características de un Estado cooptado por los grupos económicos tradicionales. Le pongo un ejemplo: la Constitución. Un pacto político –le escribo–  que ha durado ya un cuarto de siglo y surgió de una institución cooptada como el Congreso. Él lo niega:

—La Constituyente del 84 no era cooptada, simplemente no sabía el valor real del voto popular y sobreestimaba a los poderes fácticos. Es la anécdota de Thomas Alba Edison al vender la primera máquina registradora. Cierra el trato y el banquero se burla: “estuve dispuesto a darle lo que pidiera”. Edison: por mi extrema necesidad, iba a dejársela en una bicoca. Las Constituciones son hijas de su época y de la correcta lectura de época que hacen los agentes.

Si no lo he entendido mal, la tesis es que en Guatemala, como en otros países, se está modificando la forma de dominar el Estado.

—El estado ha perdido autoridad, porque hay cuerpos enteros que responden a poderes fácticos locales y regionales. Además la línea de autoridad dentro del propio estado es disfuncional. Como en el juego del teléfono descompuesto: el ministro ordena “azul”, en la siguiente línea de mando instruyen “verde” y en el terreno operan “rojo”. La pérdida de control o, si usted quiere, la porosidad de las instituciones es la mayor dificultad para ejercer gobierno.

¿Es Guatemala hoy un estado capturado o uno cooptado, o una mezcla de ambos?

—Es un estado capturado, en decadencia. A la oligarquía le saltó una competencia económica que, por ahora, sólo alcanza a feudalizar el Estado y el territorio. Pero una vez que los nuevos poderes, incluyendo nuevas mafias, se estabilicen, podrían pasar a la etapa de reconfiguración cooptada del estado. Es un escenario factible en la próxima década. Algunos ensayos de esa reconfiguración se han observado y continuarán en el contexto del debate de la reforma constitucional que se avecina.

¿A qué se refiere con que la competencia económica sólo alcanza para feudalizar el Estado y el territorio?

—Los poderes emergentes no tienen alcance nacional, pero le han ido arrebatando tajos de Estado y territorio a la oligarquía. Los aparatos de seguridad y justicia son un buen ejemplo. Comisarías de Policía, fiscalías y jueces cooptados por poderes locales, y cuerpos de elite central al servicio de la oligarquía.

La reconfiguración del Estado cooptado parece complejizar la forma en la que se dominan las decisiones estatales a la vez que genera nuevas correlaciones de poder. ¿Cómo se ve reflejado esto en Guatemala?

—Es temprano para dibujar los contornos o la densidad de la reconfiguración del estado cooptado. Hay trazos, no consolidados, en el campo de las comunicaciones de masas (tv, radio, telefónicas). El estado configurado a imagen y semejanza del capital financiero está vigente, buscando formas de renovarse.

Hay una opinión que le da la vuelta a la tesis del Estado cooptado. Se ha dicho que antes el crimen organizado usaba al Estado para sus propósitos, pero que ahora está involucrado, internado en el Estado, y que es la parte criminal del Estado la que usa al crimen organizado externo para sus propósitos.

—Aceptemos provisionalmente esa tesis. Estamos describiendo un estado cooptado en áreas estratégicas, sin embargo todavía no reconfigurado. La reconfiguración pasa por legitimidad y legalidad. Unas nuevas reglas que son acatadas.

Esa descripción supondría, me parece, que cuadros directivos y ejecutivos del crimen organizado han alcanzado cargos directivos e ejecutivos del Estado y que han quedado atrás los tiempos en que sólo contaban con peones. ¿Cree que la tesis es certera y que se trata sólo de un paso previo para la reconfiguración?

—Depende de la perspectiva estratégica con la cual asuman su negocio. El indicador es si invierten en formar cuadros de alto nivel, como en Colombia. A juzgar por el carácter excesivamente familiar de todos los proyectos de poder (notorios hasta en partidos de corte progresista), sus ambiciones tienen bases endebles, poco institucionales y su eficiencia depende de factores de corto plazo.

En el último par de años ha ganado importancia la idea de que varias de las dificultades políticas por las que atraviesa Guatemala se derivan de la colisión entre los grupos económicos tradicionales y los emergentes. El origen de la idea se puede rastrear con facilidad hasta principios de siglo, con la llegada de un gobierno, el de Portillo, en el que usted participó. ¿Es una hipótesis cierta y sólida?

—La dinámica económica conlleva mayores tensiones, porque aquí las reglas del mercado son bipolares, rígidas y caóticas. Rígidas por la captura del Estado y la cerrazón de grupos tradicionales, y caóticas por su desadaptación que deriva en ineficacia.

La tensión entre grupos tradicionales y emergentes aflora en la década de 1980 con el quiebre del modelo de sustitución de importaciones (1950-80) y la poco gobernable liberalización del mercado exterior.

En el gobierno de Portillo las tensiones se expresan más abiertamente en la política. El primer choque de trenes ocurrió en el gobierno de Serrano (1991-93), y claramente los grupos tradicionales salieron triunfantes y hasta con aspiraciones hegemónicas: “depuraron” a la clase política, prestigiaron sus medios de comunicación y cooptaron a una porción importante de la sociedad civil.

Lo que analizo en el libro es el intento fallido, en los primeros quince meses del gobierno de Portillo, del banquero Francisco Alvarado de reconfigurar el Estado, pero también se puede analizar una serie de políticas económicas de liberalización que promovió Portillo y que abrieron cauces a los emergentes y a tradicionales que rompieron monopolios.

Con Berger (2004-08), los tradicionales hicieron cálculos equivocados. Desestimaron los cambios de la sociedad y la economía de la última década y ellos mismos agudizaron su crisis. Un síntoma fue la fallida gestión de Vielmann en el aparato de seguridad. Esa fractura está expuesta en la Cicig tiene un costo de capital político local e internacional.

Los emergentes parecen ganarles la partida a los tradicionales. Son más, están más diversificados y tienen redes en todo el territorio. Los tradicionales están a la defensiva, muy concentrados en la geografía y con instrumentos de dominio desgastados. Los emergentes están entrando en los aparatos de estado y de partidos con más agresividad.

¿Cómo funcionó aquel intento de Alvarado MacDonald? ¿Por qué fracasó?

—Lo describo en el libro (ver aquí). Alvarado quería el control del Gabinete Económico para ejecutar políticas que apalancarían sus negocios, incluyendo el control de Banrural y otras entidades mixtas y autónomas. Fue muy obvio y poco sofisticado. Cometió errores y actos de deslealtad con Portillo. Quiso ordeñar la vaca del Estado, hasta extenuarla, sacrificando la estabilidad del gobierno.

¿Qué papel desempeñó Portillo?

—Sabemos que Alvarado apadrinó a Portillo, pero poco se dice que éste le fragmentó poder en el Gabinete Económico al nombrar a Lizardo Sosa en el Banguat y al destituir al ministro de Finanzas que había puesto el banquero. Además, al darse cuenta de que corría el riesgo de replicar el caso Mahuad en Ecuador, el Presidente intervino los bancos de Alvarado. Ese fue el final, pero la oligarquía no entendió. Dos meses después, vieron caer a Chávez en Venezuela y el mismo día salieron a comprar una banda Presidencial para el presidente de CACIF.

¿Y Llort? ¿Era una pieza de todo ello?

—Marginal. Alvarado lo llevó y Ortega Menaldo lo tuteló para sus intereses. Curioso que ellos no aparezcan en los testimonios judiciales de Llort.

Hablando del choque entre tradicionales y emergentes mencionó que durante el Gobierno de Óscar Berger los empresarios tradicionales hicieron cálculos equivocados que profundizaron su crisis.

—La oligarquía estaba eufórica cuando ganó Berger. Esta vez no iban a depurar políticos, como con Serrano en 1993, sino a encarcelar. Se quería dar un castigo ejemplificante: miren en qué paran quienes nos desafían. Pero a la vez emprendieron la cruzada Vielmann, cuyas miserias describe la ex fiscal de la CICIG, Giséle Rivera, en los documentos publicados en el libro Crimen de Estado. El caso PARLACEN.

La sociedad ya no era la misma. El G-5 se fragmentó por sus intereses inmediatos. Berger hizo un pacto con Ríos Montt, porque éste seguía manejando el Congreso. Las pujas internas llevaron en seis meses a la salida de Otto Pérez del Gobierno y a su postrer dedo acusador contra Vielmann por cobijar “escuadrones de la muerte”. Por último, se lanzaron a canibalizar Bancafé.

En 2004, Alexander Segovia escribió el libro Modernización empresarial en Guatemala ¿Cambio real o nuevo discurso? Ahí defendía la tesis de que el gobierno de Portillo, con sus medidas desfavorables para el establishment, había forzado al empresariado tradicional a modernizarse. ¿Se sostuvo esa modernización o sólo fue un fogonazo?

—El único salto de modernización política durante los años de democracia, ocurrió en el golpe de Serrano. Contra Portillo, el gran mérito del establishment fue cerrar filas y mantener alineada a la sociedad civil “permitida”.

¿Los sucesos que estamos presenciando en la campaña electoral matizan o apoyan esta idea de la colisión entre el poder tradicional y los emergentes?

—Es la primera vez, durante el periodo democrático, que veo a los grupos tradicionales en segunda fila en un proceso electoral. Perdieron visión política y tardaron en entender. Van a tener que esperar al próximo gobierno y buscar un acuerdo. Pero llegarán en desventaja, pues su “abono” a las campañas no fue significativo esta vez.

La violencia de la campaña electoral obedece a otra dinámica. Los poderes feudales tratan de ajustar el rito democrático a sus intereses y cuando sienten que se les escapa, acuden a la violencia.

¿Algún “poder feudal” en concreto? De su respuesta se concluye que se refiere al poder económico tradicional.

—Me refiero a lo que ha ocurrido, en plena campaña, con candidatos a alcaldes de Puerto San José, Moyuta y San José Pinula, entre otros. Cuando las mafias locales o regionales calculan que perderán las elecciones, matan a la competencia, pues no pueden hacer fraude ni cancelar elecciones. La oligarquía se ha debilitado localmente y cuando pelea feudos no es por política, es por negocios: desalojos en Polochic (2011) y Villa Linda (2004).

De todos modos, los poderes feudales inciden centralmente en la campaña. Era impensable que un candidato ganase sin la venia de la oligarquía o sin su financiamiento.

En una entrevista reciente, el presidente de CACIF aseguraba que están más fuertes que nunca, unidos, acompañados de una nueva cohorte de intelectuales orgánicos y con representantes en todos los partidos. ¿Cómo interpreta sus palabras?

—Dime qué presumes y adivinaré tu déficit. No es que los grupos tradicionales estén en retirada, pero atraviesan por una coyuntura baja. No están acostumbrados a esa posición y deben recomponer sus filas y trazar otra estrategia para recuperar los terrenos perdidos.

Pero sí se ve una buena cantidad de cuadros tradicionales en las listas preliminares de los partidos.

—En los cargos de elección popular, no. Por eso se dice que el Congreso que viene “será peor”. No hay cuadros de las elites, ni decentes ni indecentes.

De García Noriega suelen mencionar que es un tipo duro y con cierto pensamiento estratégico. ¿Cabe pensar entonces que sus palabras son una simple muestra de despecho o que son más bien otra cosa? Por ejemplo, que se está tirando un farol para que otros grupos sientan al CACIF todavía fuerte. O que está tratando de mantener la unidad interna y la convicción acerca de su propia influencia.

—Cuando CACIF tiene fuerza no lo dice, lo demuestra. Proclamarlo sería ingenuo, cuando las cosas, como ahora en el país, no van bien.

Se ve mucho joven en las filas de los tradicionales, desde partidos hasta intelectuales orgánicos. Fundesa lo dirigen hombres que rozan la treintena, aunque lo presida Edgar Heinemann. En algunas empresas empiezan a copar los puestos directivos. ¿Están tratando los tradicionales de modernizarse con nuevos cuadros? ¿O sólo de adaptarse a los tiempos nuevos para desarrollar, con mayor eficacia, las mismas lógicas de siempre?

—Son conscientes de la necesidad del cambio generacional, y que estos son tiempos de crisis. Tienen magníficos cuadros jóvenes formados en el extranjero, que ahora deberán sudar sus doctorados in situ de negocios, antropología y política nacional. Como no se sabe exactamente qué tanto influyeron las universidades y sociedades liberales extranjeras, deben tutelar la generación del relevo.

¿Es posible trazar una división clara entre los grupos tradicionales y los emergentes, ya sean legítimos o ilegítimos? ¿Cuáles son unos y cuáles otros? ¿Y quiénes sus caras visibles?

—En el origen de las familias, es posible hacer esa diferenciación de grupos. También se les ve en guerras sordas de mercado. Se distinguen en las estrategias políticas. Pero hay un lugar donde los intereses parecían amalgamarse, los centros financieros. Allí se va a dar el acomodo o la pelea final de esos bloques.

Los grupos tradicionales son las grandes corporaciones forjadas durante los últimos 130 años y revigorizadas por las políticas de industrialización de mediados del siglo XX.

Los emergentes son una mezcla muy amplia y diversa, de comerciantes (incluso indígenas) e importadores, agricultores y neo exportadores (algunos asociados en cooperativas), así como constructores y concesionarios de frecuencias electrónicas. Todavía no configuran estructuras o formas de organización permanentes, pero sí están tejiendo redes con las clases medias de la provincia, lo cual les ofrece una lectura más cercana del país, más allá de los conciliábulos capitalinos. 

¿Es distinta la lógica de los emergentes y la de los tradicionales?

—Como distinta es la lógica de quien quiere llegar, de la lógica de quien quiere mantenerse.

¿Por qué le parece que los negocios financieros van a ser el ring de la disputa?

—Porque esta es una economía especulativa financiera. Solo cuando se modifiquen las claves de la acumulación, basada en la recuperación del empleo, la economía real volverá a tener preeminencia. Conozco muy pocos negocios financieros que apuestan a su rol natural de intermediarios y no de carceleros del mercado.

¿Cómo puede influir en todo esto el hecho de que en el mercado de las finanzas, de los seguros, estén entrando corporaciones extranjeras? Parecía que con el control de la Junta Monetaria y de otros organismos del Estado el empresariado local se había asegurado la ausencia de competencia.

—Hay acuerdos internacionales que honrar, pero, sobre todo, una competencia internacional irresistible. Es el inicio del traspaso del negocio financiero, excesivamente globalizado, a manos extranjeras, como ocurrió en México y El Salvador. Pasarán a ser socios menores buscando vetas de acumulación.

De distinta forma usted está relacionado con varios de los acontecimientos o de las decisiones que forman parte de todo el tejido del cambio social de Guatemala. Algunos de ellos están cristalizando ahora en procesos judiciales que se consideran fundamentales para el futuro de la justicia y del país. Fue uno de los asesores más cercanos de Portillo. Coordinó la investigación del Rehmi. Ha estudiado de cerca el crimen organizado y el narcotráfico, y promovió la creación de la Cicig. 

—En esos eventos hay tres agendas traspapeladas, que hacen densa la coyuntura (demasiado densa para instituciones estatales tan frágiles). Una es la agenda del pasado, que no supimos tratar en los Acuerdos de Paz. Otra es la agenda del ascensor social bloqueado: la gente sube por gradas externas o a fuerza de empujones, y también baja a veces en caída libre. Así de irrefrenable es el capitalismo en la globalización. Y luego está la agenda criminal.

La pregunta es si el estado democrático puede arbitrar esas rudas disputas. El aparato judicial las procesa con mucha dificultad y, por momentos, parece no soportarlas. La idea con la Ciciacs era que apalancara al estado, pero errores estratégicos de conducción en los inicios de la Cicig la metieron riesgosamente en el torbellino de las tensiones entre poderes tradicionales y emergentes.

El pasado tiene que ver con una agenda ideológica ya con poca relevancia, no obstante el ruido y los miedos. Juzgar el pasado ahora no nos proyecta hacia una sociedad diferente. Son otros desafíos, por eso lo que uno puede esperar es que esa agenda sea alineada a la conveniencia de los intereses en pugna.

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