Efraín Ríos Montt observó a Efraín Ríos Montt. Este Ríos Montt, el contemporáneo, sentado en la silla de los acusados, se veía a sí mismo en un video de 1982: cuando su cabello aún era negro y su voz fuerte con aire de dictador. Escuchó como él mismo sentenciaba: “Si yo no puedo controlar al ejército ¿Qué estoy haciendo aquí?”. Fue un viaje en el tiempo.

Cuando terminó el video, que la fiscalía presentó como prueba de que Ríos tenía el control del ejército, esbozó una pequeña sonrisa. El General, en la silla de metal y cuero del juzgado de mayor riesgo -donde antes se han sentado desde asesinos hasta defraudadores, pero jamás un acusado de genocidio de tan alto rango, de tan alto cargo en el país, ex comandante en jefe de las fuerzas armadas- parecía un niño ante el regaño de una madre que enseña el resultado de la travesura: se encorvaba, jugaba con sus lentes y su bigote y en ocasiones reía. Eran signos de nerviosismo. Doce horas después ese nerviosismo llegó a su punto máximo cuando la juez dio su veredicto.

Pero antes la fiscalía expuso que Ríos –presidente de facto durante 1982 y 1983- es responsable de 11 masacres en la región ixil en Quiché, al norte de Guatemala, donde murieron mil 771 personas; mil 485 mujeres fueron violadas por soldados y más de 29 mil fueron desplazados de sus pueblos para huir por montañas o instalarse en pueblos contrarios a su cultura.

“Continuó con el plan de tierra arrasada contra la población Ixil no combatiente”, argumentó el fiscal especial de derechos humanos, Manuel Vásquez.

Ya había leído los nombres de víctimas y había explicado por qué acusaba a Ríos de genocidio. En resumen: porque en dos planes militares para acabar con la guerrilla (titulados Firmeza y Victoria) elaborados por los subalternos de Ríos ordenaba atacar a la población civil de la que se tuviera sospecha que colaboraba con los grupos insurgentes, en especial al pueblo ixil.

Y también porque cuando familias enteras huyeron hacia las montañas los soldados hicieron de todo para impedir que les distribuyeran alimentos: maíz, azúcar, sal, vítaminas y medicina.

“La destrucción de alimentos y el bloqueo de los mismos son delitos contra deberes de la humanidad”, afirmó Vásquez en la acusación.

Cuando la juez, Patricia Flores, preguntó a Ríos si entendía él dijo:

-He entendido lo que ha querido decir la fiscalía pero no deseo declarar.

Doce años después que se presentara la primera denuncia contra Ríos Montt al fin había llegado al tribunal y se abstenía de declarar.

Cuando obtuvo por segunda vez la palabra dijo un poco más:

“Pretendo justicia. A mí me acusa la Asociación Justicia y Reconciliación. Espero que ellos busquen justicia, no venganza.” Fue lo último que declaró.

De inmediato la juez dio un receso y Ríos comentó a sus abogados: “como si fuera jefe de la mara me pusieron”.

La juez tomó su tiempo para estudiar los argumentos de la fiscalía y diez horas después de haber iniciado la audiencia explicó su decisión.

Antes hizo un repaso por convenios internacionales y leyó el testimonio de una mujer que declaró que su hija perdió los ojos cuando fue vendada por soldados con un cuerda que fue tan apretada que hizo brotar líquido amarillo. La juez sonaba tan convencida en su análisis que era obvia su decisión: Ríos Montt fue ligado a proceso penal por delitos de genocidio y delitos contra la humanidad.

Y cuando lo más probable era que fuese enviado a una cárcel la juez cambió de discurso y resaltó la valentía de Ríos al presentarse al juzgado e hizo notar que el general en retiro tiene 85 años y que fue él quien llegó al juzgado. Por ello le impondría arresto domiciliario y una fianza de medio millón de quetzales, que fue cancelada dos horas después del veredicto.

La estrategía de Ríos Montt comenzó hace un mes.

A mediados de diciembre, antes de perder la inmunidad de diputado, él mismo se presentó en la fiscalía; un día después de perder la inmunidad llegó al juzgado. Eso fue tomado en cuenta por la juez. Ríos tiene además una orden de captura internacional solicitada por España. El general lleva preso en el país ya cinco años. Ahora estará preso en su casa. En dos meses el General volverá al juzgado y se decidirá si tendrá un juicio o continúa como un rehén en Guatemala.