Si países tan dispares como China y Estados Unidos tienen regímenes de incentivos fiscales, es porque es posible utilizarlos para generar desarrollo y crecimiento. Es más, ¿quién puede contar la historia del desarrollo de China y de la reducción de su pobreza ignorando los incentivos que ofrecían en las zonas económicas especiales promovidas por Deng Xiaoping? ¿Quién puede hablar de la introducción de autos eléctricos en Europa y en Estados Unidos sin hablar de incentivos fiscales?
No olvidemos que, en Guatemala, los incentivos fiscales de los últimos 30 años han sido vitales históricamente para diversificar nuestras exportaciones y han evitado que suframos graves crisis cuando se han caído los precios del café o del azúcar. Si no han generado todos los resultados deseados a pesar de una reformulación importante en 1989, es porque nuestras otras políticas económicas han sido un desastre. Corrijo: siguen siendo un desastre. Y, por como se ve la cosa, difícilmente van a mejorar en los próximos años. Y ese es el problema, ya que los incentivos fiscales sirven para atraer inversión extranjera o impulsar un desarrollo de nuevos productos que, dados los costos nacionales, no ocurriría. En países en desarrollo como Guatemala sirven para compensar ineficiencias: mal estado de carreteras, altos costos de seguridad, tipo de cambio apreciado, etc. Si el Gobierno sigue siendo incapaz de resolver estos problemas, es difícil argumentar que la solución es eliminar la compensación. Solo van a ver sus gastos incrementarse.
Eliminar beneficios fiscales existentes, como proponen el Icefi y el Ipnusac, no corrige el problema: solo lo acentúa. Especialmente cuando ninguna de las dos instituciones tiene una contrapropuesta concreta lista para presentarse al Congreso y con un mínimo de respaldo público. Lo único que tienen, hasta donde se puede ver, es un nombre: «ley general de inversión». No olvidemos que la actual Ley de Inversión y Empleo tardó años en aprobarse, con debates similares a los de hoy, y a pesar de ello hoy requiere una reforma. ¿Podemos permitirnos esperar cinco o diez años más? Mientras tanto, cada vez más empresarios voltean a ver el esfuerzo de países como México y Nicaragua para atraer inversión. Además, los jóvenes no esperan y deciden emigrar.
Entiendo las preocupaciones del Icefi y del Ipnusac con los incentivos fiscales. No hay un control que nos permita conocer qué se hace y que evite los abusos. Tampoco hay claridad sobre si hemos mejorado en los últimos años gracias a ese gasto público. Pero, si aplicamos esos criterios, vamos a terminar concluyendo que en Guatemala deberíamos dejar de financiar la infraestructura en carreteras, la educación pública y la salud pública. ¿Acaso en los últimos años se han logrado resultados positivos, dada la cantidad de impuestos que pagamos? ¿Acaso no se favorecen la corrupción y el abuso? Claro que sí. Pero la solución no es eliminar dichos objetivos. La solución es plantear propuestas concretas para su mejora.
Las preocupaciones del Icefi y del Ipnusac deben ser motivo de reflexión, pero no de parálisis. Y ese es mi problema con la posición de ellos. ¿Cuál es la propuesta concreta? Si tienen una idea clara de esa ley general de inversión, ¿por qué no plantean propuestas para agregarlas a la reforma? Por ejemplo, hoy la información que se genera sobre zonas francas es vergonzosamente deficiente (1, 2, 3, 4 y 5), algo sistémico en Guatemala, como sucede con la ausencia de un censo de empleados públicos. Por ello, el Ministerio de Economía debería dejar claro cuáles son los obstáculos para compartir información con la SAT, el IGSS, el Registro Mercantil, el Ministerio de Trabajo, el Banco de Guatemala y la SIB. Los ministerios de Economía y de Trabajo deberían estar obligados a presentar un informe detallado de la situación de las zonas francas para saber de la creación de empleo, de los salarios (no solo de la planilla) y de los productos que se generan, así como del cumplimiento de la legislación, etc. Las empresas deberían estar obligadas a participar en encuestas con el INE. Además, debería haber mecanismos que faciliten las denuncias de incumplimiento y que las autoridades procedan a verificar la situación. Y al mismo tiempo debería impulsarse la aglomeración de empresas para facilitar la inversión pública en carreteras y en transporte público, así como para facilitar el monitoreo.
Sí necesitamos reformar la Ley de Zonas Francas, pero lo tenemos que hacer de una manera inteligente.
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