En aquel denunciaba que «la comercialización de medicamentos y fórmulas nutricionales ha sido controlada por al menos cuatro cadenas de farmacias de cobertura nacional y por algunas distribuidoras de laboratorios multinacionales que en actitud monopólica, actuando como verdaderos carteles, imponen precios y márgenes de utilidad a sus revendedores y atentan así contra la vida y la dignidad humana».
Quince meses después, a raíz de la detención de Manuel Baldizón y de la huida de Arturo Batres por el caso Odebrecht, se confirma lo que en voz baja denunciaban las pequeñas farmacias del interior del país respecto a la presión ejercida por parte de las más importantes cadenas distribuidoras de medicamentos para subir injustamente los precios so pena de no proveerles producto en caso de negarse. La que encabezaba el cartel de las cuatro cadenas distribuidoras más importantes era la ligada a la familia Batres, que, aprovechando su poder politiquero por ocupar una curul en el Congreso de la República en tiempos del gobierno patriota, también presionaba a algunas distribuidoras de laboratorios multinacionales en una clara colusión para explotar la salud de los guatemaltecos, ya de por sí en condiciones inaceptables. Se trata, aún, de una actitud monopólica para imponer precios y márgenes de utilidad a sus revendedores, la cual agrava la ya difícil situación de la salud en el país.
Es increíble el nivel de corrupción cuando se tiene el control del Estado. Y siempre ha sido así, desde el surgimiento del Estado colonial. Castas familiares y grupos políticos concentrados en un pequeño círculo de intereses y de lógicas antiéticas, ilegales e inhumanas depredan los recursos del Estado y se enriquecen a base de la miseria de la mayoría de la población.
Pero algunos sectores de la población también son comparsas de esa tragedia. Por ejemplo, el gremio médico entra al juego de los fabricantes de medicamentos y de los mercaderes de la salud. Cada año, la cadena Batres organiza un «convivio» para médicos tanto en la capital como en algunos lugares del interior del país. Al mejor estilo de los narcos, el despilfarro económico, los grupos musicales traídos del extranjero, las viandas y los eventos en los hoteles de lujo hacen cómplices a los participantes, que llegan hasta orgullosos de estar en ese espacio-espectáculo, a pesar de que el financiamiento se hace a base de la corrupción dentro del Estado o a costa de esquilmar a la población enferma, que fatalmente es víctima de los precios leoninos de los medicamentos y de la persuasión que hacen muchos médicos para que se consuman marcas de altos precios y de igual efecto que los medicamentos genéricos.
Muchos médicos se vuelven cajas de resonancia de las grandes empresas corruptas y obligan al consumo de medicinas caras distribuidas por los carteles que financian estas bacanales de fin de año. La asistencia a estas debería considerarse antiética en la práctica médica. ¿A cuenta de qué fabricantes y distribuidores gastan exageradamente para agasajar a los médicos? ¿A cambio de qué? ¿Con el dinero de quién se financia esto? No cabe duda de que ante esos cuestionamientos éticos preferimos hacernos de la vista gorda. Al final, es el enfermo el que paga o ¡se muere!
El problema y la explotación siguen. ¿Quién ha quedado ahora al frente de dicho cartel? ¿Se lograrán cambios legales contra los carteles en la ley de competencia, que el Congreso se niega a aprobar a pesar de las exigencias de la globalización? ¿Serán autocríticos y sancionadores los colegios profesionales y harán algo para humanizar y desmercantilizar la práctica médica? ¿Podrán las organizaciones de la sociedad civil y comunitarias hacer un frente para luchar por los derechos humanos en materia de salud? ¿Tomará el Estado cartas en el asunto?
Con la colaboración de un grupo de jóvenes abogados se elaboró una iniciativa de ley que duerme en el Congreso antes de ser conocida y aprobada. Esta busca evitar el abuso de las distribuidoras que, de manera ilegal e inmoral, imponen precios que hacen que las mismas medicinas, de las mismas transnacionales, valgan a nivel centroamericano hasta un 300 % más.
En esa lucha que hicimos, visitamos la oficina del PDH. Allí nos atendieron amablemente, tuvimos varias reuniones y hubo promesas, pero al final, nada. Hoy, con los aires renovados dentro de la institución, se espera que este ámbito crítico en la salud mueva a la acción a la entidad obligada a defender los derechos humanos de la ciudadanía.
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