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La marcha de los veteranos
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La marcha de los veteranos

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Los militares no están contentos. Su sonrisa se transforma en molestia una vez que piensan en la serie de recientes juicios en contra de oficiales retirados y una Fiscal General especializada en Derechos Humanos que les ha llegado a cambiar las cosas. Y su reacción, con ayuda de familiares, amigos y abogados, ha sido empezar a cavar una trinchera desde donde poder defenderse.

Desde primeras horas del domingo pasado, día en que fue convocada una caminata por familiares y amigos de militares a favor de “la libertad, la paz y la reconciliación”, la postura por parte de antiguos oficiales retirados parecía diferente.

Allí estaban, decenas de ancianos con sus canas blancas, gafas oscuras y cuerpos blandos; algunos de ellos casi en una situación de desamparo como niños perdidos en medio de la Avenida Reforma.

Militares, en todo caso, inmersos en una modalidad poco esperada. Vestidos en su mayoría de color blanco y listos para recorrer la ruta de la caminata. Era peculiar.

Un anciano coronel retirado, de gesto un poco serio, con tres estrellitas en su birrete, lo admitía así al verse en medio de la marcha: “La estrategia no ha sido otra que tomar la misma que ha usado el enemigo durante mucho tiempo”.

–¿Antes los regímenes militares hubiesen sido implacables ante una marcha? – interrogué.

No hubo respuesta.

Otros militares hablaron de la manera en que los tiempos han cambiado. Algunos otros dentro de la caminata, interrogados por la forma de operar desde la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua) con panfletos, campos pagados en la prensa, intimidaciones y comunicados anónimos admitían, tras una risita melancólica, que sus métodos “antes prepotentes –como los anónimos–, por primera vez, habían cambiado” y se “adaptaban a otra forma de hacer bien las cosas –como la caminata–”.

Y a pesar de las canas –o la fragilidad–, la prensa inevitablemente guardaba distancia y desconfianza (uno de ellos, el coronel Santizo, pasmoso, con cara de abuelito, tomó fotos e incluso agredió a la fotoperiodista de Plaza Pública, Sandra Sebastián).

Llevaban varias mantas que describían su visión de la historia. "Fue por los soldados, y no por los abogados, que hoy tenemos derecho a un juicio justo". "Fue por los soldados, y no por los periodistas, que hoy tenemos libertad de expresión". Alaíde Foppa, por ejemplo, no aparecía en ninguno de sus recuerdos.

Las circunstancias lo demandan

“Los guatemaltecos en general han recibido un erróneo mensaje sobre la función de las Fuerzas Armadas”. Era algo que planteaba el capitán Rodolfo Muñoz Piloña, uno de los cerebros del Golpe de Estado de 1982 que colocó a Efraín Ríos Montt en el poder. Es el presidente de la gremial de empresas de seguridad e intentó ser candidato presidencial del partido UD, respaldado por el Movimiento Fe Nacional.

Dentro de la caminata, él tenía una queja específica sobre los distintos grupos que constituyeron la guerrilla durante el conflicto armado interno, “ellos vieron en la posguerra una brillante oportunidad para salir del anonimato político y económico. ONGs internacionales les financiaron el ataque a la institución militar, para debilitarla económica, moral y profesionalmente. Dimos la vida por la patria, por la libertad y la democracia… y la patria hoy es ingrata”, decía.

La mayoría de los militares en retiro entrevistados convergían con Muñoz en esta opinión. Casi utilizaban las mismas palabras. Y en correspondencia de este comentario lo que seguía por parte de los oficiales retirados era mencionar, casi siempre, la serie de juicios que la fiscalía de Guatemala, desde diciembre de 2009,  ha logrado dar continuidad, y no sólo eso, también imponer condena para 15 militares en retiro y comisionados militares.

“Es injusto”, decían los oficiales retirados, un poco enojados, al preguntarles sobre los procesos que ha activado la fiscalía. “Todo se trata de una persecución, de un ataque directo en contra nuestra.  Y ante estas acciones de aquellos que intentaron destruir el país y fueron derrotados en el campo de batalla, nosotros ¡nos defenderemos!”.

“Nos defenderemos”, como resaltaban, ya fue algo que los militares retirados han mencionado en ocasiones anteriores.

En julio pasado, tras la orden de aprensión a Héctor López Fuentes, ex jefe del Estado Mayor Presidencial durante el gobierno de Efraín Ríos Montt, Avemilgua publicó un comunicado en el que rechazaba todo tipo de actuaciones judiciales en contra de militares retirados.

“Hasta hoy mantenemos respeto al imperio de la ley, confíanos en la imparcialidad de la justicia y mantenemos un alto espíritu de patriotismo y honor a toda prueba. Advertimos estar dispuestos a luchar nuevamente si las circunstancias así lo demandan", amenazaron.

–¿Tienen miedo de que la justicia los acuse? – le pregunté al capitán Muñoz durante la caminata.

–Miedo más bien de que la justicia se politice – respondió.

Y otro coronel retirado, con el logo de Avemilgua en la visera de su gorra, se negó a responder sobre la forma de ¿“luchar nuevamente si las circunstancias así lo demandan”?

La prueba Paz y Paz

No únicamente el tema de los juicios es lo que mantiene descontentos a los militares en retiro, agrupados en lo que han bautizado como el movimiento Familias, que quiere decir Familiares y Amigos de Militares Accionando Solidariamente. También les desdibuja la sonrisa quien se encarga del ejercicio de la acción penal pública, la jefa del Ministerio Público, la Fiscal General Claudia Paz y Paz.

Comentaristas de distintos medios han alabado su independencia de sectores tradicionales de poder. Hillary Clinton, secretaria de Estado de EE.UU. se reunió con ella en privado, y con ningún otro funcionario además del presidente Colom, durante su visita el pasado mes de junio. Además esta fiscal general ha sido felicitada por los duros golpes que ha realizado en contra del crimen organizado que opera en Guatemala. Y ante el nuevo gobierno del general Otto Pérez Molina, en palabras de la propia Paz y Paz, si la destituyen como Fiscal General “sería un golpe de Estado técnico”.

Pero una vez que la fiscal se mete con militares retirados nada de los logros alcanzados importa, nada vale. Todo queda disminuido. Y todo se refiere a “la venganza y a la política”.

Fernando Solís, ex paramilitar del municipio de Villanueva, y al parecer uno de los organizadores de la marcha, suelta un breve pero vistoso gesto de sarcasmo al preguntar si no le parece valiosa la función que ha hecho la fiscal, independiente de los juicios en contra de ex militares. Es el mismo gesto de otros militares retirados que forman parte de la caminata al mencionar el nombre de Claudia Paz y Paz.

–¿Es mala a pesar de las más de 40 capturas que ha hecho en relación al narcotráfico? –interrogo a Solís.

–Lo que pasa con la fiscal es que los protagonistas de esas historias de capturas no pueden dar la cara. Necesitan de otra figura, que es ella, para que se adjudique esos logros.

–¿Pero está el aspecto de su especialización en materia de Derechos Humanos, no?

–La justicia está en manos de la izquierda radicalizada. Y se ha utilizado como un arma política de venganza. La Fiscal General fue impuesta por estos grupos de izquierda radical. Paz y Paz es hermana y prima de dos de las implicadas en el secuestro del señor Méndez Ruiz, como miembros del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la facción más radical, marxista y sangrienta de la guerrilla guatemalteca.

Hoy, por el caso que menciona Solís, la fiscal general ha sido emplazada. Ricardo Méndez Ruiz hijo, denunció el secuestro del cual fue víctima en 1982, según él por parte de 26 ex miembros del EGP y del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). Y entre los acusados figuran algunos parientes de la fiscal general.
Una dura prueba para Paz y Paz.

Aunque más allá de todo, lo que parece buscar este caso en última instancia es poner todo en dato frío, y desde luego, cuestionar la parcialidad de la fiscalía. Despejar las dudas sobre la existencia de una balanza ideológica en la fiscal general, aun si, como reconoce uno de los oficiales en retiro, tenga que llevarse todo a un leve extremo.

“Es necesario”, exclamaba Muñoz uno metros más atrás en la caravana sobre este caso. “¿Usted cree que la fiscal accionará jurídicamente en esta acusación?”, preguntaba. “Desde luego que no lo hará, ideológicamente no lo hará, no puede”, agregaba. “Si todos estuvimos en la guerra, no solo nosotros tenemos que pagar”.

Una cuestión de prejuicios

El domingo por la mañana, casi 300 ancianos ex militares, se dieron cuenta de que precisamente Ricardo Méndez Ruiz era uno de los aperitivos en la actividad, y por tanto uno de lo actores más importantes de la caminata. En todo caso, una sorpresa. Inesperado.

Con su discurso se cerraría la marcha de protesta. 

No es que Méndez Ruiz sea un gran orador. En aquel momento no necesitaba serlo. Bastaba, ante aquella pequeña muchedumbre reunida frente al Obelisco, algunos recursos paratácticos para arrancar el sonido producido por los aplausos.

“Quiero denunciar que en este país hay prisioneros de guerra”. Y, en efecto, hubo aplausos. “En este país están utilizando al Ministerio Público con fines de venganza”. Más aplausos. “Emplazamos en este momento para que la fiscal general proceda en contra de los 26 ex guerrilleros que me secuestraron… O que renuncie”. Más euforia, más aplausos. “Ya no queremos más juicios políticos”.

Iduvina Hernández fue una de las pocas columnistas que analizó la situación en torno a la marcha de estos militares en retiro. Antes de que llegara el domingo, ella escribía el viernes: “por mucha razón que pueda caber en una víctima como Méndez, para presentar una demanda judicial, llama a suspicacia que esté integrada a un proceso que más que buscar justicia pretende revertirla, cuando no, aniquilarla”.

Sin embargo, otro de los comentaristas que tocó el tema fue Juan Luis Font. Y probablemente fue el primero en hacer notar que detrás de este escenario había otras intenciones de fondo. En realidad un prejuicio. “Con sólo que proceda –Paz y Paz– diligentemente frente a la demanda de justicia, instruyendo una investigación rigurosa, ágil y en ley, desvirtuaría los prejuicios de quienes la detestan”.

Aun si de momento la fiscal general no se ha pronunciado sobre el caso, su respuesta será, más allá de un efecto de la guerra, algo encausado desde ya con los pasos recorridos en la marcha de los veteranos.

Y que debería, sin funambulismos, plantear lo contundente para no ser disputado.

Aunque más allá de todo, lo que parece buscar este caso en última instancia es cuestionar la parcialidad de la fiscalía. Despejar las dudas sobre una ideología en la fiscal general, aun si, como reconoce uno de los oficiales en retiro, tenga que llevarse todo a un leve extremo.
Pero una vez que la fiscal se mete con militares retirados nada de los logros alcanzados importa, nada vale. Todo queda disminuido. Y todo se refiere a “la venganza y a la política”.
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