En la jerga guatemalteca, por madrugón se ha llegado a entender el aprovechamiento malicioso por parte del Gobierno y del Congreso de los períodos en los que la ciudadanía se encuentra distraída. Así, las fiestas de fin de año, la Semana Santa y los grandes eventos deportivos son ventanas de oportunidad que se han usado para perpetrar actos de corrupción o aprobar medidas impopulares.
El historial de madrugones es vergonzosamente largo. Por ejemplo, el 28 de marzo de 2013, el Miércoles Santo de ese año, cuando la ciudadanía empezaba a disfrutar del asueto y se desinteresaba de los asuntos públicos, Otto Pérez Molina, entonces presidente de la república, le entregó en usufructo a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), subsidiaria de la española Terminal de Contenedores de Barcelona, terrenos de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ). Un madrugón denunciado por la oposición y la prensa que hoy es uno de los casos más escandalosos de corrupción investigado por el Ministerio Público y por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y que ya se ventila en los tribunales de justicia.
El 29 de diciembre de 2013, entre las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Congreso de la República aprobó el decreto 19-2013. En esta disposición legal se incluyeron, escondidas entre correcciones legítimas a la legislación tributaria, privilegios para empresas (artículo 8) y un mecanismo para legalizar la evasión de impuestos (artículo 12) perpetrada por muchos años por las empresas dedicadas a la construcción de viviendas de lujo. Además, se postergó la vigencia de las medidas de control a la manipulación de precios de transferencia, uno de los mecanismos de evasión tributaria usados por las empresas transnacionales y por los grupos y conglomerados empresariales.
Al año siguiente, mientras la ciudadanía se encontraba distraída por la Copa Mundial de Futbol en Brasil (del 12 de junio al 13 de julio de 2014), el gobierno de Pérez Molina preparaba lo que quizá pudo haber sido el tiro de gracia para la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). En este intento de madrugón, el gobierno patriotero intentó contratar a la empresa privada argentina Kolektor para que asumiera facultades de recaudación de impuestos en Guatemala. Al final de mayo de 2014, el Gobierno transfirió 80 millones de quetzales a la SAT para la contratación de esta empresa, la cual operaría durante 10 años y se apropiaría hasta del 30 % de los impuestos adicionales que cobrara, los cuales serían cuantiosos porque, en los dictámenes que se emitieron, las proyecciones de recaudación estaban grotescamente subestimadas, con lo cual Kolektor siempre generaría abultados ingresos adicionales. Afortunadamente, el escándalo que generó la denuncia pública impidió este madrugón, pese a lo cual Pérez Molina y su pandilla continuaron intentando su fechoría.
Estos pocos ejemplos, de los muchos que existen, justifican la alerta en esta Semana Santa. Así, cabe preguntar cuál será el madrugón que intentarán el Ejecutivo, los alcaldes o el Congreso. ¿Acaso la aprobación de la ley de privilegios para los ganaderos, la megaamnistía para los evasores de impuestos (proyecto de ley número de registro 5246) y las demás propuestas legislativas para la impunidad? ¿Algún contrato espurio con un financista de la campaña electoral a lo Odebrecht? ¿La remoción de candados al presupuesto de 2017? La lista de posibles blancos es muy larga.
Es imperativo que, si se produce un madrugón, este sea denunciado de forma enérgica, ya que, de lo contrario, continuarán siendo una forma efectiva de perpetrar actos de corrupción. Una ciudadanía activa exige redoblar esfuerzos para revisar qué ocurre durante los períodos de descanso.
¡No a los madrugones de Semana Santa!
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