El pasado 5 de enero el Ejecutivo presentó la iniciativa de ley para el financiamiento y adquisición de vacunas contra el COVID19. Llama la atención que esta propuesta se presentó hasta ahora, pese a que urgía desde hace meses. Hoy se necesita una acción extremadamente rápida y un diálogo constructivo en el Congreso para aprobarla.
En la actualidad no hay acción de Estado más importante que avanzar rápido en la vacunación masiva. La vacuna salvará vidas y protegerá la salud de decenas de miles de personas. Esta es una condición para el rescate de lo que queda de la economía nacional.
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Avanzar rápido implica dinero y agilidad administrativa. Los beneficios de esa inversión son evidentes. En 2020 se gastaron casi 15,000 millones de quetzales en tratar de amortiguar el golpe económico de la pandemia. El tiempo es oro y en esta situación contar con la vacuna, un mes antes o después, implica un mayor impacto. Si hay un fundamento administrativo y técnico, el monto o su forma de financiamiento no es la discusión.
El Congreso debe actuar con máxima celeridad y aprobar la iniciativa de urgencia nacional. Los diputados tendrán que fijarse como meta dar luz verde a la propuesta para que tenga vigencia en pocos días.
Por transparencia y con la finalidad de evitar errores y retrasos posteriores, se debe convocar a la Comisión de Finanzas (o a Jefes de Bloque) para que discutan y aclaren algunos puntos de la iniciativa. Si es necesario, acordar enmiendas y presentarlas al pleno como un acuerdo consensuado para aprobarlas en una sola lectura.
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Hay una serie de puntos de la iniciativa que necesitan aclararase en la Comisión de Finanzas:
Del Artículo 1:
Del Artículos 2 y 3:
Se financiará los 1,500 millones de quetzales adicionales dedicados a vacunas con 700 millones de saldo de los 11,000 millones de bonos adquiridos por el Banco de Guatemala y 800 millones de techo adicional de bonos del tesoro.
Del Artículo 4:
Establece mecanismos de excepción de compras internacionales de vacunas.
Estas sugerencias y más saldrán en la discusión que dabe darse en el Congreso, de forma transprante, breve y sin politiquerías. No es el momento de juzgar al Gobierno y sus acciones para enfrentar la pandemia. Los diputados tienen en sus manos la posibilidad de aprobar rápido lo propuesto, pero con enmiendas menores y, en el peor escenario y si es necesario, estar listos para hacer ajustes en un nuevo decreto.
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El Gobierno tiene la responsabilidad de conseguir los insumos y llevar a cabo la vacunación, por lo que debe contar con el respaldo que solicita. Más adelante deberá rendir cuentas de la ejecución de los recursos para las vacunas y de todo el dinero con el que ha contado para atender la emergencia por el COVID19.